Este 2015 quedará marcado en la historia, entre otros hechos, por ser el año en el que se hizo la denuncia más grave contra un juez federal de la Nación por supuestos vínculos con el narcotráfico. Y el hombre señalado fue Raúl Reynoso, el titular del Juzgado Federal de Orán. Al finalizar el año, la causa sigue abierta, aunque ahora transita por meandros judiciales que abren grandes interrogantes sobre cómo finalizará la denuncia.
Fue el caso más importante en la historia de la Justicia Federal en Salta. Todo lo ubicó en ese lugar: un juez federal acusado de cobrar coimas a narcotraficantes; el mismo magistrado acusado de liberar a detenidos que estaban involucrados en causas de tráfico de estupefacientes por alrededor de 70 millones de euros; el único juez a cargo de las grandes causas de narcotráfico en una frontera de 700 kilómetros de extensión. Los números y la perspectiva impresionaron al país y a varias naciones que ven a la Argentina como el tercer puerto exportador de cocaína y a la frontera con Bolivia (precisamente donde actúa Reynoso) como el lugar por donde ingresa a la Argentina el 90 por ciento de la droga que luego se distribuye al mundo.
Asociación ilícita, cohecho y prevaricato son las figuras delictivas que le endilgaron a Reynoso la Fiscalía Federal N° 2 de Salta y la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar), el 4 de noviembre. Y junto a él incluyeron a cinco abogados (de los cuales una quedó eximida del cargo en dos días y el resto está procesado pero en libertad), dos empleados del juzgado oranense (el jefe de Despacho y un ordenanza) y la hermana de uno de los trabajadores.
A cargo de la causa está el juez federal N°1 de Salta, Julio Bavio, quien procesó a Reynoso con prisión preventiva y le impuso un embargo de 15 millones de pesos. Ocho días antes de que termine el año el Consejo de la Magistratura de la Nación decidió suspenderlo y hacer lugar al juicio político para destituirlo, aun que po una causa distinta al narcoescándalo.
La investigación, según la presentación de los fiscales Eduardo Villalba (de Salta) y Diego Iglesias (Procunar), se hizo durante más de un año y en menos de dos meses acumuló miles de fojas.
Con el paso de los días y semanas, la causa tuvo apelaciones y nuevas imputaciones. Al final, el año concluye con un juez federal cuestionado pero en funciones.
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Este 2015 quedará marcado en la historia, entre otros hechos, por ser el año en el que se hizo la denuncia más grave contra un juez federal de la Nación por supuestos vínculos con el narcotráfico. Y el hombre señalado fue Raúl Reynoso, el titular del Juzgado Federal de Orán. Al finalizar el año, la causa sigue abierta, aunque ahora transita por meandros judiciales que abren grandes interrogantes sobre cómo finalizará la denuncia.
Fue el caso más importante en la historia de la Justicia Federal en Salta. Todo lo ubicó en ese lugar: un juez federal acusado de cobrar coimas a narcotraficantes; el mismo magistrado acusado de liberar a detenidos que estaban involucrados en causas de tráfico de estupefacientes por alrededor de 70 millones de euros; el único juez a cargo de las grandes causas de narcotráfico en una frontera de 700 kilómetros de extensión. Los números y la perspectiva impresionaron al país y a varias naciones que ven a la Argentina como el tercer puerto exportador de cocaína y a la frontera con Bolivia (precisamente donde actúa Reynoso) como el lugar por donde ingresa a la Argentina el 90 por ciento de la droga que luego se distribuye al mundo.
Asociación ilícita, cohecho y prevaricato son las figuras delictivas que le endilgaron a Reynoso la Fiscalía Federal N° 2 de Salta y la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar), el 4 de noviembre. Y junto a él incluyeron a cinco abogados (de los cuales una quedó eximida del cargo en dos días y el resto está procesado pero en libertad), dos empleados del juzgado oranense (el jefe de Despacho y un ordenanza) y la hermana de uno de los trabajadores.
A cargo de la causa está el juez federal N°1 de Salta, Julio Bavio, quien procesó a Reynoso con prisión preventiva y le impuso un embargo de 15 millones de pesos. Ocho días antes de que termine el año el Consejo de la Magistratura de la Nación decidió suspenderlo y hacer lugar al juicio político para destituirlo, aun que po una causa distinta al narcoescándalo.
La investigación, según la presentación de los fiscales Eduardo Villalba (de Salta) y Diego Iglesias (Procunar), se hizo durante más de un año y en menos de dos meses acumuló miles de fojas.
Con el paso de los días y semanas, la causa tuvo apelaciones y nuevas imputaciones. Al final, el año concluye con un juez federal cuestionado pero en funciones.