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Ratifican a Lami pese a las polémicas de su gestión en la Policía

Lunes, 28 de diciembre de 2015 00:45
Lami intenta frenar una de las marchas que los docentes realizaron en 2014. 
¿Cuáles son las virtudes de Marcelo Lami para continuar al mando de la Policía de la Provincia? La respuesta fue el contrapeso que ponderó el gobernador Juan Manuel Urtubey para ratificarlo en su cargo, mediante el decreto 143/15 publicado la semana pasada, pese a las polémicas en las que estuvo envuelto desde que asumió como jefe de la fuerza en marzo de 2012 e incluso antes.
Los casos de narcopolicías son una de las manchas de la gestión de Lami. Uno de ellos ocurrió en junio de 2013, cuando detuvieron a cuatro policías y un matrimonio con dos kilos de cocaína tras una serie de allanamientos en la capital salteña.
En abril de este año, un agente del 911 fue sorprendido con 68 kilos de cocaína, que eran trasladadas en un patrullero. El móvil viajó desde Orán hasta Salta sin que en los siete controles de ruta que tuvo que atravesar hayan descubierto la droga, que apenas estaba escondida en el asiento trasero.
En la causa de los narcopolicías Gabriel Giménez y Carlos Gallardo, Lami fue denunciado, luego absuelto, por apremios ilegales. El exjefe de la Brigada de Inteligencia y el exdirector de la Unidad de Frontera Norte fueron condenados por el tráfico de 52 kilos de cocaína, pero nunca se esclarecieron las denuncias que hicieron los imputados por escuchas ilegales ordenadas desde el poder político de turno. El hecho ocurrió en mayo de 2011, cuando Lami era titular de Drogas Peligrosas.
Torturas
Las denuncias por apremios ilegales por parte de miembros de la policía local son una constante en los archivos de noticias de los últimos tres años. Uno de los casos dio vuelta al mundo. Se trata del video que muestra la salvaje tortura a la que fueron sometidos dos jóvenes detenidos en una comisaría de General Güemes, en julio de 2012. Por el hecho fueron detenidos seis agentes que pertenecían a la división de Drogas Peligrosas.
En 2014, las órdenes que bajaban desde el Grand Bourg para despejar las manifestaciones de los docentes que reclamaban mejoras salariales sobrepasaron más de una vez al jefe de la Policía, Marcelo Lami. Hubo varios enfrentamientos entre los efectivos y los educadores que terminaron con personas heridas y denuncias por abuso de autoridad.
Otra filmación que se filtró, en octubre de 2012, muestra a un policía golpeando a un joven recluso de la comisaría de Pichanal. A fines del mismo año, 14 policías fueron separados de la fuerza por darle una paliza al rugbier salteño Gerónimo Saravia, a quien confundieron con un supuesto secuestrador.
En noviembre pasado, vecinos filmaron a un grupo de policías que linchaban a un joven con problemas de adicción en la comisaría 42 de Tartagal. No hubo efectivos detenidos ni sancionados.
Estos casos son una muestra de lo que parece una metodología en la Policía de la Provincia. Los registros de la Fiscalía de Asuntos Policiales muestran que en 2012 las causas por apremios llegaron a 774 y en 2013, ascendieron a 1.474.
Malestar en la fuerza
En diciembre de 2013 Urtubey tuvo que implementar un aumento salarial del 50% a los policías, ante el paro que habían iniciado algunos integrantes de la fuerza y sus familiares y la ola de saqueos que se replicaba en Salta y distintos puntos del país.
Los reclamos se calmaron, pero el malestar en la fuerza perdura en la actualidad aunque no se exterioriza por temor a represalias, como los injustificados traslados de los agentes que dieron la cara en las protestas por mejoras salariales y en las condiciones laborales.
En las paritarias, los efectivos están acostumbrados a las ofertas que Lami acepta desde el Ejecutivo sin reproches. Así, entre otras necesidades, los policías deben comprar sus uniformes y hasta las balas, según denunciaron algunos agentes con reserva de identidad.
El pésimo estado edilicio de muchas dependencias policiales es otro de los puntos oscuros de la gestión de Lami. En las localidades sin sistema carcelario los detenidos en comisarías permanecen hacinados en pequeñas habitaciones.
Cuentas pendientes
Delitos comunes, como el accionar de motochorros, patotas, arrebatadores y de vendedores de droga al menudeo están lejos de ser controlados. Del mismo modo, hay evidencias de que el poder corruptor del narcotráfico se infiltró en la fuerza de seguridad local.
Asimismo, barrios periféricos de las principales ciudades de la provincia están prácticamente tomados por los delincuentes ante la inacción policial.
Lami aún debe hacer frente a esas cuentas pendientes, para responder a los salteños por qué fue ratificado como jefe de Policía.

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¿Cuáles son las virtudes de Marcelo Lami para continuar al mando de la Policía de la Provincia? La respuesta fue el contrapeso que ponderó el gobernador Juan Manuel Urtubey para ratificarlo en su cargo, mediante el decreto 143/15 publicado la semana pasada, pese a las polémicas en las que estuvo envuelto desde que asumió como jefe de la fuerza en marzo de 2012 e incluso antes.
Los casos de narcopolicías son una de las manchas de la gestión de Lami. Uno de ellos ocurrió en junio de 2013, cuando detuvieron a cuatro policías y un matrimonio con dos kilos de cocaína tras una serie de allanamientos en la capital salteña.
En abril de este año, un agente del 911 fue sorprendido con 68 kilos de cocaína, que eran trasladadas en un patrullero. El móvil viajó desde Orán hasta Salta sin que en los siete controles de ruta que tuvo que atravesar hayan descubierto la droga, que apenas estaba escondida en el asiento trasero.
En la causa de los narcopolicías Gabriel Giménez y Carlos Gallardo, Lami fue denunciado, luego absuelto, por apremios ilegales. El exjefe de la Brigada de Inteligencia y el exdirector de la Unidad de Frontera Norte fueron condenados por el tráfico de 52 kilos de cocaína, pero nunca se esclarecieron las denuncias que hicieron los imputados por escuchas ilegales ordenadas desde el poder político de turno. El hecho ocurrió en mayo de 2011, cuando Lami era titular de Drogas Peligrosas.
Torturas
Las denuncias por apremios ilegales por parte de miembros de la policía local son una constante en los archivos de noticias de los últimos tres años. Uno de los casos dio vuelta al mundo. Se trata del video que muestra la salvaje tortura a la que fueron sometidos dos jóvenes detenidos en una comisaría de General Güemes, en julio de 2012. Por el hecho fueron detenidos seis agentes que pertenecían a la división de Drogas Peligrosas.
En 2014, las órdenes que bajaban desde el Grand Bourg para despejar las manifestaciones de los docentes que reclamaban mejoras salariales sobrepasaron más de una vez al jefe de la Policía, Marcelo Lami. Hubo varios enfrentamientos entre los efectivos y los educadores que terminaron con personas heridas y denuncias por abuso de autoridad.
Otra filmación que se filtró, en octubre de 2012, muestra a un policía golpeando a un joven recluso de la comisaría de Pichanal. A fines del mismo año, 14 policías fueron separados de la fuerza por darle una paliza al rugbier salteño Gerónimo Saravia, a quien confundieron con un supuesto secuestrador.
En noviembre pasado, vecinos filmaron a un grupo de policías que linchaban a un joven con problemas de adicción en la comisaría 42 de Tartagal. No hubo efectivos detenidos ni sancionados.
Estos casos son una muestra de lo que parece una metodología en la Policía de la Provincia. Los registros de la Fiscalía de Asuntos Policiales muestran que en 2012 las causas por apremios llegaron a 774 y en 2013, ascendieron a 1.474.
Malestar en la fuerza
En diciembre de 2013 Urtubey tuvo que implementar un aumento salarial del 50% a los policías, ante el paro que habían iniciado algunos integrantes de la fuerza y sus familiares y la ola de saqueos que se replicaba en Salta y distintos puntos del país.
Los reclamos se calmaron, pero el malestar en la fuerza perdura en la actualidad aunque no se exterioriza por temor a represalias, como los injustificados traslados de los agentes que dieron la cara en las protestas por mejoras salariales y en las condiciones laborales.
En las paritarias, los efectivos están acostumbrados a las ofertas que Lami acepta desde el Ejecutivo sin reproches. Así, entre otras necesidades, los policías deben comprar sus uniformes y hasta las balas, según denunciaron algunos agentes con reserva de identidad.
El pésimo estado edilicio de muchas dependencias policiales es otro de los puntos oscuros de la gestión de Lami. En las localidades sin sistema carcelario los detenidos en comisarías permanecen hacinados en pequeñas habitaciones.
Cuentas pendientes
Delitos comunes, como el accionar de motochorros, patotas, arrebatadores y de vendedores de droga al menudeo están lejos de ser controlados. Del mismo modo, hay evidencias de que el poder corruptor del narcotráfico se infiltró en la fuerza de seguridad local.
Asimismo, barrios periféricos de las principales ciudades de la provincia están prácticamente tomados por los delincuentes ante la inacción policial.
Lami aún debe hacer frente a esas cuentas pendientes, para responder a los salteños por qué fue ratificado como jefe de Policía.

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