Cornejo DAndrea: No se condena el consumo, se condena a quien comete el delito | Ley de Microtráfico, Drogas y narcotráfico, Código Procesal Penal, narcotráfico

Efectivamente la discusión todavía permanece y tiene posturas a favor y en contra con planteos razonables. Pero primero hay que decir que el narcotráfico es un delito y un flagelo que se debería atender con una estrategia transnacional, en conjunto sobre todo con los países vecinos. Sino, es muy difícil actuar de manera solitaria. A su vez, la Nación tiene competencia directa en cuestiones de control de frontera y espacio aéreo, entre otras.

Entonces las provincias, ante el avance significativo de la droga, lo que tiene al alcance para hacer tiene que ver con el microtráfico y en Salta coincidieron en esto los tres poderes: la única herramienta que puede tomar la provincia para combatir este delito es la adhesión a la ley de Desfederalización del Microtráfico. Pero esto no es lo único porque se hizo en complemento con la reforma del Código Procesal Penal -que significaron más fiscalías- y la ley de flagrancia lo que permite un trabajo de manera más cercano entre los organismos involucrados.

Este tiempo de ejecución que pasó lo considero muy positivo porque empezó a generar un cambio de lógica de trabajo y ante quienes cometen este delito ya hay una clara señal de que les puede caber una pena grave.

Actualmente tenemos un promedio de 1,2 órdenes de allanamiento por día con investigaciones que en su mayoría vienen de denuncias de los mismos ciudadanos que señalan los domicilios donde se vende la droga. Solo en 2014 fueron 494 allanamientos y en lo que va del año 164, todos a raíz de investigaciones previas. En cuanto a la cantidad de droga secuestrada desde la Policía de Salta en 2014 fueron 481 kilos de cocaína y 504 kilos de marihuana, si bien en estos números no está diferenciado qué viene de procedimientos de micro o de macrotráfico.

De todas maneras, todos sabemos que en las causas de microtráfico no hay un gran secuestro cuantitativamente hablando pero precisamente por el hecho de haber largado esta lucha, la gente trata de tener la menor cantidad de droga encima. Igual, creo que es más significativo medir la cantidad de bocas de expendio desbaratadas.

Hay distintos indicadores como la portación de billetes chicos y la posesión de balanzas entre otros elementos. En el caso de Orellana desconozco porqué el fiscal no ordenó el allanamiento si bien me consta que generalmente se hace en casos de demorados con una investigación previa y a quienes se demuestra que tenían intenciones de vender. Además no fue detenido en un procedimiento de drogas sino en un control de patrullaje ordinario. De todas maneras ya tiene una causa penal, fue demorado en una acción en la vía pública y ahora es una cuestión de la fiscalía.

En los hechos, la tenencia para consumo no se está penalizando. Y, si se percibe esta situación se les da una condena de para que haya una tratamiento de la adicción. Pero lo que está demostrado es que en general aquellos que son detenidos son responsables de comercializar y de partir la cabeza a los chicos en los barrios.

Quiero remarcar que, como en todo todo delito, para que la acción judicial también tenga un efecto preventivo y disuasivo (así como las cámaras de seguridad y los patrullajes), una herramienta muy fuerte son las condenas efectivas. Eso hace que quien quiera cometer un delito lo piense dos veces. Es un esquema de asociación disuasiva que lamentablemente en otras provincias ha fracasado porque no se articula con los otros poderes del Estado y no es nuestro caso porque tenemos reuniones periódicas gracias a la Unidad Coordinadora de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico.

Pienso que sería más fácil decir que no podemos hacer nada en la lucha contra el narcotráfico porque ese sería el camino simple. La decisión tiene que ver con la posibilidad de adherir a una ley que nos da una parte de la cual ocuparnos y además a partir de allí se pueden articular objetivos con la Nación. No son pocas las causas de macrotráfico que se iniciaron a raíz del seguimiento de una de micro. Con esto nos estamos haciendo cargo de parte del problema, después articular con Nación es el objetivo marco y luego vienen las políticas transnacionales. Desde la provincia estamos haciendo todo lo que está a nuestra alcance. Hay que hacerse cargo y estas son herramientas.

Muchos planteos tienen que ver con cuestiones normativas y tal vez haya que repensar un esquema distinto para aunar los esfuerzos. Pero mientras no haya nueva legislación se pueden ir haciendo acuerdos para optimizar los recursos provinciales y nacionales. La idea es no perder en el camino las investigaciones y ese déficit se podría suplir con los acuerdos mencionados. También es de decir que no es que combatiendo ahora la línea micro no se está combatiendo la macro. Simplemente esto no se estaba haciendo y ahora esta información debe ser articulada con los otros poderes del Estado. La reforma del Código Procesal Penal de la Nación también es necesaria para esto para imponer que los fiscales tengan un mayor protagonismo. Entonces, hay que rever la norma pero la lógica es optimizar los recursos de las justicia ordinaria y federal y de todas las fuerzas para tener políticas más firmes.

Efectivamente la discusión todavía permanece y tiene posturas a favor y en contra con planteos razonables. Pero primero hay que decir que el narcotráfico es un delito y un flagelo que se debería atender con una estrategia transnacional, en conjunto sobre todo con los países vecinos. Sino, es muy difícil actuar de manera solitaria. A su vez, la Nación tiene competencia directa en cuestiones de control de frontera y espacio aéreo, entre otras.

Entonces las provincias, ante el avance significativo de la droga, lo que tiene al alcance para hacer tiene que ver con el microtráfico y en Salta coincidieron en esto los tres poderes: la única herramienta que puede tomar la provincia para combatir este delito es la adhesión a la ley de Desfederalización del Microtráfico. Pero esto no es lo único porque se hizo en complemento con la reforma del Código Procesal Penal -que significaron más fiscalías- y la ley de flagrancia lo que permite un trabajo de manera más cercano entre los organismos involucrados.

Este tiempo de ejecución que pasó lo considero muy positivo porque empezó a generar un cambio de lógica de trabajo y ante quienes cometen este delito ya hay una clara señal de que les puede caber una pena grave.

Actualmente tenemos un promedio de 1,2 órdenes de allanamiento por día con investigaciones que en su mayoría vienen de denuncias de los mismos ciudadanos que señalan los domicilios donde se vende la droga. Solo en 2014 fueron 494 allanamientos y en lo que va del año 164, todos a raíz de investigaciones previas. En cuanto a la cantidad de droga secuestrada desde la Policía de Salta en 2014 fueron 481 kilos de cocaína y 504 kilos de marihuana, si bien en estos números no está diferenciado qué viene de procedimientos de micro o de macrotráfico.

De todas maneras, todos sabemos que en las causas de microtráfico no hay un gran secuestro cuantitativamente hablando pero precisamente por el hecho de haber largado esta lucha, la gente trata de tener la menor cantidad de droga encima. Igual, creo que es más significativo medir la cantidad de bocas de expendio desbaratadas.

Hay distintos indicadores como la portación de billetes chicos y la posesión de balanzas entre otros elementos. En el caso de Orellana desconozco porqué el fiscal no ordenó el allanamiento si bien me consta que generalmente se hace en casos de demorados con una investigación previa y a quienes se demuestra que tenían intenciones de vender. Además no fue detenido en un procedimiento de drogas sino en un control de patrullaje ordinario. De todas maneras ya tiene una causa penal, fue demorado en una acción en la vía pública y ahora es una cuestión de la fiscalía.

En los hechos, la tenencia para consumo no se está penalizando. Y, si se percibe esta situación se les da una condena de para que haya una tratamiento de la adicción. Pero lo que está demostrado es que en general aquellos que son detenidos son responsables de comercializar y de partir la cabeza a los chicos en los barrios.

Quiero remarcar que, como en todo todo delito, para que la acción judicial también tenga un efecto preventivo y disuasivo (así como las cámaras de seguridad y los patrullajes), una herramienta muy fuerte son las condenas efectivas. Eso hace que quien quiera cometer un delito lo piense dos veces. Es un esquema de asociación disuasiva que lamentablemente en otras provincias ha fracasado porque no se articula con los otros poderes del Estado y no es nuestro caso porque tenemos reuniones periódicas gracias a la Unidad Coordinadora de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico.

Pienso que sería más fácil decir que no podemos hacer nada en la lucha contra el narcotráfico porque ese sería el camino simple. La decisión tiene que ver con la posibilidad de adherir a una ley que nos da una parte de la cual ocuparnos y además a partir de allí se pueden articular objetivos con la Nación. No son pocas las causas de macrotráfico que se iniciaron a raíz del seguimiento de una de micro. Con esto nos estamos haciendo cargo de parte del problema, después articular con Nación es el objetivo marco y luego vienen las políticas transnacionales. Desde la provincia estamos haciendo todo lo que está a nuestra alcance. Hay que hacerse cargo y estas son herramientas.

Muchos planteos tienen que ver con cuestiones normativas y tal vez haya que repensar un esquema distinto para aunar los esfuerzos. Pero mientras no haya nueva legislación se pueden ir haciendo acuerdos para optimizar los recursos provinciales y nacionales. La idea es no perder en el camino las investigaciones y ese déficit se podría suplir con los acuerdos mencionados. También es de decir que no es que combatiendo ahora la línea micro no se está combatiendo la macro. Simplemente esto no se estaba haciendo y ahora esta información debe ser articulada con los otros poderes del Estado. La reforma del Código Procesal Penal de la Nación también es necesaria para esto para imponer que los fiscales tengan un mayor protagonismo. Entonces, hay que rever la norma pero la lógica es optimizar los recursos de las justicia ordinaria y federal y de todas las fuerzas para tener políticas más firmes.