Sostiene que la última maniobra oficial forma parte de una "improvisación", que inició a fines de agosto del año pasado con la firma de rescisión del contrato y generó un conflicto por el traspaso de la documentación que el juez Civil y Comercial Benjamín Pérez Ruiz debe resolver luego del fracaso de tres audiencias de conciliación. En ese proceso, por cierto, los representantes legales del Gobierno manifestaron la voluntad de no consensuar con la empresa.
La situación es compleja. Entre los 2,7 millones de archivos provinciales que almacena y digitalizó Plumada en los últimos 10 años se encuentran prontuarios policiales, historias clínicas de pacientes de hospitales públicos y expedientes de la administración que son a diario consultados desde los organismos pertinentes. La Provincia aún no tiene la infraestructura para manejar esa información, pese a que el 21 de enero finalizó legalmente el plazo de 90 días que por decreto Urtubey estableció para que la empresa continúe brindando sus servicios.
El plazo se cumplió sin que se resuelva el traslado de los documentos y desde la firma decidieron continuar con la prestación, vital en algunos casos, hasta que exista una solución. En el medio fracasaron cuatro llamados a licitación para cumplir con esa tarea. Ninguna empresa está dispuesta a agarrar esa brasa. Ni siquiera el titular de Plumada se interesó en comprar los pliegos. En definitiva, el contrato con el Gobierno representaba sólo el 4% de los ingresos de la empresa, según dijo a El Tribuno Moreno.
Consecuencias
La amenaza de expropiación, como era de esperar, puso en alerta a otros clientes de los servicios de guarda y custodia documental de Plumada, como bancos, estudios de abogados y contables, compañías de seguro y universidades. De hecho, las más de 150 mil cajas con documentos del Gobierno representan el 35% de los archivos que almacena la firma en sus depósitos. ¿La expropiación se aplicará también sobre los derechos de las entidades que nada tienen que ver con el conflicto?
"La barbaridad de esa noticia está causando un daño muy grave. Ya recibimos llamados de distintos clientes preocupados por la situación", acotó Moreno.
La misma lectura hizo su hijo, Matías, quien cumple roles gerenciales en la empresa. "Indudablemente, al gobernador no le interesa el futuro de esta empresa, que es de capitales salteños, hace inversiones en la provincia y genera fuentes de trabajo", sostuvo el joven.
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Sostiene que la última maniobra oficial forma parte de una "improvisación", que inició a fines de agosto del año pasado con la firma de rescisión del contrato y generó un conflicto por el traspaso de la documentación que el juez Civil y Comercial Benjamín Pérez Ruiz debe resolver luego del fracaso de tres audiencias de conciliación. En ese proceso, por cierto, los representantes legales del Gobierno manifestaron la voluntad de no consensuar con la empresa.
La situación es compleja. Entre los 2,7 millones de archivos provinciales que almacena y digitalizó Plumada en los últimos 10 años se encuentran prontuarios policiales, historias clínicas de pacientes de hospitales públicos y expedientes de la administración que son a diario consultados desde los organismos pertinentes. La Provincia aún no tiene la infraestructura para manejar esa información, pese a que el 21 de enero finalizó legalmente el plazo de 90 días que por decreto Urtubey estableció para que la empresa continúe brindando sus servicios.
El plazo se cumplió sin que se resuelva el traslado de los documentos y desde la firma decidieron continuar con la prestación, vital en algunos casos, hasta que exista una solución. En el medio fracasaron cuatro llamados a licitación para cumplir con esa tarea. Ninguna empresa está dispuesta a agarrar esa brasa. Ni siquiera el titular de Plumada se interesó en comprar los pliegos. En definitiva, el contrato con el Gobierno representaba sólo el 4% de los ingresos de la empresa, según dijo a El Tribuno Moreno.
Consecuencias
La amenaza de expropiación, como era de esperar, puso en alerta a otros clientes de los servicios de guarda y custodia documental de Plumada, como bancos, estudios de abogados y contables, compañías de seguro y universidades. De hecho, las más de 150 mil cajas con documentos del Gobierno representan el 35% de los archivos que almacena la firma en sus depósitos. ¿La expropiación se aplicará también sobre los derechos de las entidades que nada tienen que ver con el conflicto?
"La barbaridad de esa noticia está causando un daño muy grave. Ya recibimos llamados de distintos clientes preocupados por la situación", acotó Moreno.
La misma lectura hizo su hijo, Matías, quien cumple roles gerenciales en la empresa. "Indudablemente, al gobernador no le interesa el futuro de esta empresa, que es de capitales salteños, hace inversiones en la provincia y genera fuentes de trabajo", sostuvo el joven.