La recaudación se destina solo para inspecciones

Todo lo recaudado bajo el nuevo régimen de tasas establecido en la ley ganadera se destina a la financiación de los controles sanitarios que lleva adelante la Secretaría de Asuntos Agrarios en cámaras frigoríficas, mataderos y carnicerías de la provincia. Así lo aseguró a El Tribuno el titular de esa área, Flavio Aguilera.

El funcionario justificó el incremento del precio de los gravámenes (en el caso de la introducción de carne bovina desde otras jurisdicciones es del 2.600%) por los costos que se deben afrontar en el control de la industria cárnica local.

"Se aumentaron los sueldos de los veterinarios, los costos de la movilidad e implementos para el control y la tasa no se actualizaba desde el 2005, cuando el kilo de carne salía 3 pesos en las carnicerías", dijo Aguilera, y aclaró que en el organismo trabajan unos 30 agentes.

Sostuvo que el impacto del impuesto sobre los precios en las carnicerías tendría que ser mínimo, al contrario de lo que afirman los empresarios que introducen carne a Salta. "Creo que han querido justificar de alguna forma un aumento en el precio de la carne con una tasa que no es tal", consideró el secretario de Agricultura.

Tras la aprobación de la ley de ganadería en la Legislatura provincial, el gobernador Juan Manuel Urtubey vetó dos artículos, a pesar de que fue el Ejecutivo el que propuso el proyecto. Una de las normas anuladas, que es la que más rechazo provocaba entre los productores rurales, proponía la creación de una sociedad anónima que iba a estar encargada de establecer valores referenciales de los granos destinados a la transformación en carnes, leches y huevos.

El otro artículo eliminado establecía que el 80% de los fondos generados por las tasas de control se iban a derivar al fomento de la actividad ganadera provincial a través de líneas de crédito. El porcentaje restante se asignaba para las acciones de sanidad y control.

Vetados los dos artículos, se perdió una parte sustanciosa de las metas que proponía el Gobierno para la producción local, aunque se aprobaron los incrementos en los gravámenes.

Consultado al respecto, Aguilera explicó que dejaron de tener sentido esos artículos luego de que en la Cámara baja se redujeron las tasas que se habían previsto.

"Cuando se mandó la ley, la tasa era de $2,50, pero en la Cámara de Diputados se bajó a 80 centavos, entonces no quedó nada para distribuir", dijo el funcionario.

Sobre lo que queda de la ley, destacó la unificación del sistema de otorgamiento de las guías ganaderas para trasladar a los animales por la provincia y la creación de un artículo que compensa a los productores que pierden ganado por el ataque de depredadores.

En cuanto a la línea de créditos que se perdió, señaló que se reemplazará por las ayudas que otorga el Gobierno a través del fondo provincial de inversión y aseguró que ya se adjudicaron créditos a productores bajo ese plan.

Todo lo recaudado bajo el nuevo régimen de tasas establecido en la ley ganadera se destina a la financiación de los controles sanitarios que lleva adelante la Secretaría de Asuntos Agrarios en cámaras frigoríficas, mataderos y carnicerías de la provincia. Así lo aseguró a El Tribuno el titular de esa área, Flavio Aguilera.

El funcionario justificó el incremento del precio de los gravámenes (en el caso de la introducción de carne bovina desde otras jurisdicciones es del 2.600%) por los costos que se deben afrontar en el control de la industria cárnica local.

"Se aumentaron los sueldos de los veterinarios, los costos de la movilidad e implementos para el control y la tasa no se actualizaba desde el 2005, cuando el kilo de carne salía 3 pesos en las carnicerías", dijo Aguilera, y aclaró que en el organismo trabajan unos 30 agentes.

Sostuvo que el impacto del impuesto sobre los precios en las carnicerías tendría que ser mínimo, al contrario de lo que afirman los empresarios que introducen carne a Salta. "Creo que han querido justificar de alguna forma un aumento en el precio de la carne con una tasa que no es tal", consideró el secretario de Agricultura.

Tras la aprobación de la ley de ganadería en la Legislatura provincial, el gobernador Juan Manuel Urtubey vetó dos artículos, a pesar de que fue el Ejecutivo el que propuso el proyecto. Una de las normas anuladas, que es la que más rechazo provocaba entre los productores rurales, proponía la creación de una sociedad anónima que iba a estar encargada de establecer valores referenciales de los granos destinados a la transformación en carnes, leches y huevos.

El otro artículo eliminado establecía que el 80% de los fondos generados por las tasas de control se iban a derivar al fomento de la actividad ganadera provincial a través de líneas de crédito. El porcentaje restante se asignaba para las acciones de sanidad y control.

Vetados los dos artículos, se perdió una parte sustanciosa de las metas que proponía el Gobierno para la producción local, aunque se aprobaron los incrementos en los gravámenes.

Consultado al respecto, Aguilera explicó que dejaron de tener sentido esos artículos luego de que en la Cámara baja se redujeron las tasas que se habían previsto.

"Cuando se mandó la ley, la tasa era de $2,50, pero en la Cámara de Diputados se bajó a 80 centavos, entonces no quedó nada para distribuir", dijo el funcionario.

Sobre lo que queda de la ley, destacó la unificación del sistema de otorgamiento de las guías ganaderas para trasladar a los animales por la provincia y la creación de un artículo que compensa a los productores que pierden ganado por el ataque de depredadores.

En cuanto a la línea de créditos que se perdió, señaló que se reemplazará por las ayudas que otorga el Gobierno a través del fondo provincial de inversión y aseguró que ya se adjudicaron créditos a productores bajo ese plan.