La defensora general de la Provincia, María Inés Diez, denunció a la defensora civil Nº4, Natalia Buira, por el supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". En el texto, lo fundamenta sosteniendo que Buira habría incurrido en esa irregularidad por haber publicado una nota de opinión en El Tribuno, donde denunciaba designaciones ilegales en la Defensoría General. Entiende que en lugar de publicar un artículo periodístico debió denunciar penalmente a la responsable de esas designaciones, que es justamente ella misma, María Inés Diez.
Natalia Buira fue notificada ayer por una agente fiscal, en un episodio que se parece mucho a un intento de cercenar la libertad de expresión.
El escrito de Diez consigna que "en el diario El Tribuno de Salta del día 20/01/2016, páginas 18/19, sección Opinión... se denunciaron supuestas designaciones ilegales efectuadas en el ámbito de la Defensoría General, endilgándome arbitrariedades no cometidas por la suscripta".
Solicita que se evalúe, de acuerdo al artículo 241 del Código Procesal Penal si cabe iniciar un proceso por resultar la conducta de Buira incursa en las previsiones del artículo 277 que establece que "será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito, ejecutado por otro, en el que no hubiera participado.... no denunciare la perpetración ... o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole... La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y de su máximo cuando... el autor fuere funcionario público". Cabe destacar que Diez está hablando de la autora del artículo y no del Procurador ni de los agentes fiscales, que debieron tomar el escrito de Buira como "notitia criminis".
La irritación de María Inés Diez con Natalia Buira no es nueva. Se trata de la única funcionaria de todo el Ministerio Público que se manifiesta con una visión crítica del funcionamiento institucional y cuestiona la legitimidad de los concursos y designaciones, en muchos casos, efectuados con arbitrariedades evidentes.
Tampoco es cierto que la denunciada no haya actuado institucionalmente. En agosto de 2014, Buira había requerido al juez de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, Guillermo Félix Díaz "transparencia e igualdad en la selección de postulantes" y denunciaba "amiguismo, nepotismo, politización", destacando que "en el acomodo termina imponiendo al candidato previamente ungido por los sectores del poder dominante". A través de una secretaria, Diez "previno" dos veces a Buira de que "en lo sucesivo se abstuviera en cuestiones que no son atributivas de su función". Posteriormente, la amenazó, ahora con su firma, con la cesantía.
Finalmente, en diciembre de 2014, Buira respondió formalmente que "en caso de persistir la presión que desde la Defensoría General se viene ejerciendo sobre mi para que no publique notas de opinión en el diario El Tribuno, me veré obligada a interponer la acción judicial de amparo en resguardo de mis derechos y garantías constitucionales..."
Natalia Buira fue notificada ayer por una agente fiscal, en un episodio que se parece mucho a un intento de cercenar la libertad de expresión.
El escrito de Diez consigna que "en el diario El Tribuno de Salta del día 20/01/2016, páginas 18/19, sección Opinión... se denunciaron supuestas designaciones ilegales efectuadas en el ámbito de la Defensoría General, endilgándome arbitrariedades no cometidas por la suscripta".
Solicita que se evalúe, de acuerdo al artículo 241 del Código Procesal Penal si cabe iniciar un proceso por resultar la conducta de Buira incursa en las previsiones del artículo 277 que establece que "será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito, ejecutado por otro, en el que no hubiera participado.... no denunciare la perpetración ... o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole... La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y de su máximo cuando... el autor fuere funcionario público". Cabe destacar que Diez está hablando de la autora del artículo y no del Procurador ni de los agentes fiscales, que debieron tomar el escrito de Buira como "notitia criminis".
La irritación de María Inés Diez con Natalia Buira no es nueva. Se trata de la única funcionaria de todo el Ministerio Público que se manifiesta con una visión crítica del funcionamiento institucional y cuestiona la legitimidad de los concursos y designaciones, en muchos casos, efectuados con arbitrariedades evidentes.
Tampoco es cierto que la denunciada no haya actuado institucionalmente. En agosto de 2014, Buira había requerido al juez de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, Guillermo Félix Díaz "transparencia e igualdad en la selección de postulantes" y denunciaba "amiguismo, nepotismo, politización", destacando que "en el acomodo termina imponiendo al candidato previamente ungido por los sectores del poder dominante". A través de una secretaria, Diez "previno" dos veces a Buira de que "en lo sucesivo se abstuviera en cuestiones que no son atributivas de su función". Posteriormente, la amenazó, ahora con su firma, con la cesantía.
Finalmente, en diciembre de 2014, Buira respondió formalmente que "en caso de persistir la presión que desde la Defensoría General se viene ejerciendo sobre mi para que no publique notas de opinión en el diario El Tribuno, me veré obligada a interponer la acción judicial de amparo en resguardo de mis derechos y garantías constitucionales..."
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
La defensora general de la Provincia, María Inés Diez, denunció a la defensora civil Nº4, Natalia Buira, por el supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". En el texto, lo fundamenta sosteniendo que Buira habría incurrido en esa irregularidad por haber publicado una nota de opinión en El Tribuno, donde denunciaba designaciones ilegales en la Defensoría General. Entiende que en lugar de publicar un artículo periodístico debió denunciar penalmente a la responsable de esas designaciones, que es justamente ella misma, María Inés Diez.
Natalia Buira fue notificada ayer por una agente fiscal, en un episodio que se parece mucho a un intento de cercenar la libertad de expresión.
El escrito de Diez consigna que "en el diario El Tribuno de Salta del día 20/01/2016, páginas 18/19, sección Opinión... se denunciaron supuestas designaciones ilegales efectuadas en el ámbito de la Defensoría General, endilgándome arbitrariedades no cometidas por la suscripta".
Solicita que se evalúe, de acuerdo al artículo 241 del Código Procesal Penal si cabe iniciar un proceso por resultar la conducta de Buira incursa en las previsiones del artículo 277 que establece que "será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito, ejecutado por otro, en el que no hubiera participado.... no denunciare la perpetración ... o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole... La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y de su máximo cuando... el autor fuere funcionario público". Cabe destacar que Diez está hablando de la autora del artículo y no del Procurador ni de los agentes fiscales, que debieron tomar el escrito de Buira como "notitia criminis".
La irritación de María Inés Diez con Natalia Buira no es nueva. Se trata de la única funcionaria de todo el Ministerio Público que se manifiesta con una visión crítica del funcionamiento institucional y cuestiona la legitimidad de los concursos y designaciones, en muchos casos, efectuados con arbitrariedades evidentes.
Tampoco es cierto que la denunciada no haya actuado institucionalmente. En agosto de 2014, Buira había requerido al juez de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, Guillermo Félix Díaz "transparencia e igualdad en la selección de postulantes" y denunciaba "amiguismo, nepotismo, politización", destacando que "en el acomodo termina imponiendo al candidato previamente ungido por los sectores del poder dominante". A través de una secretaria, Diez "previno" dos veces a Buira de que "en lo sucesivo se abstuviera en cuestiones que no son atributivas de su función". Posteriormente, la amenazó, ahora con su firma, con la cesantía.
Finalmente, en diciembre de 2014, Buira respondió formalmente que "en caso de persistir la presión que desde la Defensoría General se viene ejerciendo sobre mi para que no publique notas de opinión en el diario El Tribuno, me veré obligada a interponer la acción judicial de amparo en resguardo de mis derechos y garantías constitucionales..."
Natalia Buira fue notificada ayer por una agente fiscal, en un episodio que se parece mucho a un intento de cercenar la libertad de expresión.
El escrito de Diez consigna que "en el diario El Tribuno de Salta del día 20/01/2016, páginas 18/19, sección Opinión... se denunciaron supuestas designaciones ilegales efectuadas en el ámbito de la Defensoría General, endilgándome arbitrariedades no cometidas por la suscripta".
Solicita que se evalúe, de acuerdo al artículo 241 del Código Procesal Penal si cabe iniciar un proceso por resultar la conducta de Buira incursa en las previsiones del artículo 277 que establece que "será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito, ejecutado por otro, en el que no hubiera participado.... no denunciare la perpetración ... o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole... La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y de su máximo cuando... el autor fuere funcionario público". Cabe destacar que Diez está hablando de la autora del artículo y no del Procurador ni de los agentes fiscales, que debieron tomar el escrito de Buira como "notitia criminis".
La irritación de María Inés Diez con Natalia Buira no es nueva. Se trata de la única funcionaria de todo el Ministerio Público que se manifiesta con una visión crítica del funcionamiento institucional y cuestiona la legitimidad de los concursos y designaciones, en muchos casos, efectuados con arbitrariedades evidentes.
Tampoco es cierto que la denunciada no haya actuado institucionalmente. En agosto de 2014, Buira había requerido al juez de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, Guillermo Félix Díaz "transparencia e igualdad en la selección de postulantes" y denunciaba "amiguismo, nepotismo, politización", destacando que "en el acomodo termina imponiendo al candidato previamente ungido por los sectores del poder dominante". A través de una secretaria, Diez "previno" dos veces a Buira de que "en lo sucesivo se abstuviera en cuestiones que no son atributivas de su función". Posteriormente, la amenazó, ahora con su firma, con la cesantía.
Finalmente, en diciembre de 2014, Buira respondió formalmente que "en caso de persistir la presión que desde la Defensoría General se viene ejerciendo sobre mi para que no publique notas de opinión en el diario El Tribuno, me veré obligada a interponer la acción judicial de amparo en resguardo de mis derechos y garantías constitucionales..."