La entrega de terrenos en el predio que el Gobierno de la Provincia expropió en la zona de Parque La Vega puso al descubierto una serie de irregularidades que compromete a los responsables de Tierra y Hábitat. El Tribuno entrevistó a Sergio Usandivaras, el coordinador de ese organismo gubernamental, y atribuyó el problema a una serie de cuestiones. Esto es lo que dijo:
¿Qué pasó con la entrega de los lotes?
Son muchas cosas que se juntaron. La entrega se demoró cuatro años por una serie de inconvenientes que surgieron con la expropiación del terreno. Por suerte esta será la última entrega de lotes que haremos por el sistema de adjudicación directa. Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo que este método es complejo, porque se presta para muchas cosas y cuesta hacer un estricto control de las adjudicaciones, a pesar del celo que ponemos para analizar cada carpeta. Con la firma del decreto 4.414 que dispuso el gobernador Urtubey, a partir de ahora todas las adjudicaciones se harán por sorteo y con esto estoy seguro se van a terminar gran parte de los problemas.
¿La adjudicación directa es tramposa?
No sé si esa es la palabra exacta, pero crea suspicacias. En medio de tantas personas que necesitan un terreno ¿quién soy yo para determinar a quién le entrego un lote y a quién no? Desde 2009 cuando asumí como coordinador del programa de Tierras y Bienes vengo impulsando el sistema de los sorteos porque es más equitativo. Nosotros ya teníamos indicios que lo de Parque La Vega iba a ser complicado, por tratarse de la última entrega por adjudicación directa. Algo parecido ya había sucedido con los terrenos de Valdivia.
¿Cómo van a resolver las irregularidades detectadas?
Por un lado ya dimos intervención a la Justicia, y a mí me satisface que la Fiscalía de Delitos Económicos haya tomado cartas en el asunto. Por otro lado, nosotros estamos haciendo una evaluación interna, analizando caso por caso, para determinar si el planteo de las personas que dicen haber quedado afuera es real.
¿De cuántos casos estamos hablando?
En Tierra y Hábitat se hicieron más de quinientas presentaciones. De estas hay unas 370 personas que tienen algún tipo de documentación, de las cuales se determinó que la mitad cuenta solo con fotocopias. Lo que necesitamos son los originales y recién entonces sabremos la cantidad exacta que pudo haber quedado afuera.
¿Qué otras cosas detectaron?
Que hay casos de familias que tienen documentación para la entrega de terrenos en otros loteos. De esto hemos detectado ciento veinte casos. Lo que pasa es que se generó todo un tema y algunos quisieron aprovechar esta coyuntura.
Ustedes sostienen que hubo casos de personas que no realizaron la actualización de la adjudicación original que se realizó en 2013.
Eso es verdad, porque el proyecto de Parque La Vega se cambió en tres oportunidades. Hubo cambios de algunos espacios verdes, de la ubicación del tanque de agua y otras cuestiones. Por esta situación se modificaron los números de manzanas y de lotes. No lo puedo asegurar, pero es posible que las personas que no fueron a actualizar las carpetas hayan sido dejadas al margen. La mía es una suposición porque no soy yo el que decide la entrega de los terrenos.
¿Qué pasa con la gente que no tiene una carpeta y hace reclamos con fotocopias?
Bueno ese es el tema que debemos resolver. Quizá se trate de gente que ha sido engañada o de personas que quisieron aprovechar esta cuestión para hacerse de un terreno sin haber cumplido con los requisitos que exige el sistema. Hasta que no hagamos un relevamiento general no vamos a poder determinar con certeza qué es lo que ocurrió. Lo que sí puedo asegurar es que a la gente que tiene las cosas en regla le vamos a resolver el problema.
Hay personas que reconocieron haber comprado los terrenos. ¿Cómo explica esta situación?
Lógicamente, hay gente que se presta para estas maniobras. Pudo tratarse de personas que realizaron los trámites, que cumplieron con los requisitos que se exige para recibir un lote y luego los vendieron.
¿Y esto no se puede controlar?
No es fácil. El Estado no puede andar detrás de cada adjudicatario para saber qué hace con el terreno. Lo que sí vamos a hacer es un relevamiento de cada una de una las adjudicaciones que se hicieron en Parque La Vega para corroborar esta situación. Si detectamos alguna irregularidad, como corresponde, daremos intervención a la Justicia.
¿Cómo explica que se hayan ofrecido los terrenos por las redes sociales?
No tengo una explicación por ahora. Lo que sí puedo decirle es que a través de nuestro abogado ya dimos intervención a la Justicia sobre el caso de una mujer de apellido Saravia, con domicilio en la calle Buenos Aires al 800, que por la red Facebook ofreció en venta terrenos de la urbanización Parque La Vega. En el mismo acto también realizamos presentaciones de casos de personas desconocidas que estaban ocupando lotes que no les fueron adjudicados. Con esto quiero significar que nosotros fuimos los primeros en recurrir a la Justicia en los diferentes casos que se presentaron.
¿Qué medidas se toman con el adjudicatario que vende su terreno?
Desde el punto de vista administrativo esta persona queda inhabilitada de por vida para recibir un terreno. Al mismo tiempo se da intervención a la Justicia porque comete una estafa contra el Estado.
¿Y con el que compra?
Se procede de igual manera.
¿Cuando suceden irregularidades cómo se resuelve la escrituración del terreno?
Bueno ese también es todo un tema. Hay una excesiva demora en las escrituraciones. De las once mil escrituraciones que realizamos hasta ahora hemos podido determinar que de los lotes entregados por la Provincia hace catorce año solo la mitad figura a nombre de sus originarios adjudicatarios. Estas son las cosas que vamos a modificar. Creo que el plazo máximo para escriturar no debería ser superior a los dos años. Hemos puesto en funcionamiento un sistema informático para el entrecruzamiento de datos con el Instituto Provincial de la Vivienda y con Inmuebles, y con esto vamos a resolver muchos de los problemas que hoy tenemos.
¿Usted puede dar fe de que todas las adjudicaciones se realizaron de manera correcta?
Insisto, yo no soy el responsable de la entrega de los lotes, porque mi función es coordinar todas las cuestiones de compra y venta de terrenos de la Provincia. Al mismo tiempo soy interventor de Provipo. Lógicamente participé de las negociaciones relacionadas con la expropiación de los terrenos de Parque La Vega. Seguramente la entrega debió ser chequeada para que se cumplan con los requisitos que establece la adjudicación de terrenos y todo eso surgirá de las auditorí as.
Se habla de corrupción, de asociación ilícita. ¿Qué nos puede decir al respeto?
Se dicen muchas cosas. Yo los invito a todos aquellos que sepan algo que se presenten a la Justicia. Hasta el momento no he podido encontrar a nadie que presente pruebas fidedignas de un acto de corrupción. Yo soy el principal interesado de que estas cosas se aclaren porque fui involucrado con cosas que no tienen nada que ver con la realidad.
En una denuncia una persona sostiene que usted firmó la desadjudación de un lote para entregarlo a otra familia.
Lo que dijo esa persona es falso o no dice la verdad. Lo que puedo decir es que yo no firmo las adjudicaciones, de manera tal que nada de eso puede ser cierto. Por eso me satisface que la Fiscalía de Delitos Económicos haya decidido tomar cartas en el asunto de inmediato. Yo espero que las afirmaciones de esa persona y de todas aquellas que sepan algo sospechoso la sustenten con pruebas.
También se dice que hubo arreglos oscuros con organizaciones sociales.
No me consta. Por eso invito a todos los que tengan dudas que vayan a la Justicia.
Según el abogado Santiago Pedroza, detrás de esto se oculta una asociación ilícita.
Es la tercera vez que ese abogado habla de asociación ilícita, pero nunca prueba nada.
¿Qué pasó con la entrega de los lotes?
Son muchas cosas que se juntaron. La entrega se demoró cuatro años por una serie de inconvenientes que surgieron con la expropiación del terreno. Por suerte esta será la última entrega de lotes que haremos por el sistema de adjudicación directa. Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo que este método es complejo, porque se presta para muchas cosas y cuesta hacer un estricto control de las adjudicaciones, a pesar del celo que ponemos para analizar cada carpeta. Con la firma del decreto 4.414 que dispuso el gobernador Urtubey, a partir de ahora todas las adjudicaciones se harán por sorteo y con esto estoy seguro se van a terminar gran parte de los problemas.
¿La adjudicación directa es tramposa?
No sé si esa es la palabra exacta, pero crea suspicacias. En medio de tantas personas que necesitan un terreno ¿quién soy yo para determinar a quién le entrego un lote y a quién no? Desde 2009 cuando asumí como coordinador del programa de Tierras y Bienes vengo impulsando el sistema de los sorteos porque es más equitativo. Nosotros ya teníamos indicios que lo de Parque La Vega iba a ser complicado, por tratarse de la última entrega por adjudicación directa. Algo parecido ya había sucedido con los terrenos de Valdivia.
¿Cómo van a resolver las irregularidades detectadas?
Por un lado ya dimos intervención a la Justicia, y a mí me satisface que la Fiscalía de Delitos Económicos haya tomado cartas en el asunto. Por otro lado, nosotros estamos haciendo una evaluación interna, analizando caso por caso, para determinar si el planteo de las personas que dicen haber quedado afuera es real.
¿De cuántos casos estamos hablando?
En Tierra y Hábitat se hicieron más de quinientas presentaciones. De estas hay unas 370 personas que tienen algún tipo de documentación, de las cuales se determinó que la mitad cuenta solo con fotocopias. Lo que necesitamos son los originales y recién entonces sabremos la cantidad exacta que pudo haber quedado afuera.
¿Qué otras cosas detectaron?
Que hay casos de familias que tienen documentación para la entrega de terrenos en otros loteos. De esto hemos detectado ciento veinte casos. Lo que pasa es que se generó todo un tema y algunos quisieron aprovechar esta coyuntura.
Ustedes sostienen que hubo casos de personas que no realizaron la actualización de la adjudicación original que se realizó en 2013.
Eso es verdad, porque el proyecto de Parque La Vega se cambió en tres oportunidades. Hubo cambios de algunos espacios verdes, de la ubicación del tanque de agua y otras cuestiones. Por esta situación se modificaron los números de manzanas y de lotes. No lo puedo asegurar, pero es posible que las personas que no fueron a actualizar las carpetas hayan sido dejadas al margen. La mía es una suposición porque no soy yo el que decide la entrega de los terrenos.
¿Qué pasa con la gente que no tiene una carpeta y hace reclamos con fotocopias?
Bueno ese es el tema que debemos resolver. Quizá se trate de gente que ha sido engañada o de personas que quisieron aprovechar esta cuestión para hacerse de un terreno sin haber cumplido con los requisitos que exige el sistema. Hasta que no hagamos un relevamiento general no vamos a poder determinar con certeza qué es lo que ocurrió. Lo que sí puedo asegurar es que a la gente que tiene las cosas en regla le vamos a resolver el problema.
Hay personas que reconocieron haber comprado los terrenos. ¿Cómo explica esta situación?
Lógicamente, hay gente que se presta para estas maniobras. Pudo tratarse de personas que realizaron los trámites, que cumplieron con los requisitos que se exige para recibir un lote y luego los vendieron.
¿Y esto no se puede controlar?
No es fácil. El Estado no puede andar detrás de cada adjudicatario para saber qué hace con el terreno. Lo que sí vamos a hacer es un relevamiento de cada una de una las adjudicaciones que se hicieron en Parque La Vega para corroborar esta situación. Si detectamos alguna irregularidad, como corresponde, daremos intervención a la Justicia.
¿Cómo explica que se hayan ofrecido los terrenos por las redes sociales?
No tengo una explicación por ahora. Lo que sí puedo decirle es que a través de nuestro abogado ya dimos intervención a la Justicia sobre el caso de una mujer de apellido Saravia, con domicilio en la calle Buenos Aires al 800, que por la red Facebook ofreció en venta terrenos de la urbanización Parque La Vega. En el mismo acto también realizamos presentaciones de casos de personas desconocidas que estaban ocupando lotes que no les fueron adjudicados. Con esto quiero significar que nosotros fuimos los primeros en recurrir a la Justicia en los diferentes casos que se presentaron.
¿Qué medidas se toman con el adjudicatario que vende su terreno?
Desde el punto de vista administrativo esta persona queda inhabilitada de por vida para recibir un terreno. Al mismo tiempo se da intervención a la Justicia porque comete una estafa contra el Estado.
¿Y con el que compra?
Se procede de igual manera.
¿Cuando suceden irregularidades cómo se resuelve la escrituración del terreno?
Bueno ese también es todo un tema. Hay una excesiva demora en las escrituraciones. De las once mil escrituraciones que realizamos hasta ahora hemos podido determinar que de los lotes entregados por la Provincia hace catorce año solo la mitad figura a nombre de sus originarios adjudicatarios. Estas son las cosas que vamos a modificar. Creo que el plazo máximo para escriturar no debería ser superior a los dos años. Hemos puesto en funcionamiento un sistema informático para el entrecruzamiento de datos con el Instituto Provincial de la Vivienda y con Inmuebles, y con esto vamos a resolver muchos de los problemas que hoy tenemos.
¿Usted puede dar fe de que todas las adjudicaciones se realizaron de manera correcta?
Insisto, yo no soy el responsable de la entrega de los lotes, porque mi función es coordinar todas las cuestiones de compra y venta de terrenos de la Provincia. Al mismo tiempo soy interventor de Provipo. Lógicamente participé de las negociaciones relacionadas con la expropiación de los terrenos de Parque La Vega. Seguramente la entrega debió ser chequeada para que se cumplan con los requisitos que establece la adjudicación de terrenos y todo eso surgirá de las auditorí as.
Se habla de corrupción, de asociación ilícita. ¿Qué nos puede decir al respeto?
Se dicen muchas cosas. Yo los invito a todos aquellos que sepan algo que se presenten a la Justicia. Hasta el momento no he podido encontrar a nadie que presente pruebas fidedignas de un acto de corrupción. Yo soy el principal interesado de que estas cosas se aclaren porque fui involucrado con cosas que no tienen nada que ver con la realidad.
En una denuncia una persona sostiene que usted firmó la desadjudación de un lote para entregarlo a otra familia.
Lo que dijo esa persona es falso o no dice la verdad. Lo que puedo decir es que yo no firmo las adjudicaciones, de manera tal que nada de eso puede ser cierto. Por eso me satisface que la Fiscalía de Delitos Económicos haya decidido tomar cartas en el asunto de inmediato. Yo espero que las afirmaciones de esa persona y de todas aquellas que sepan algo sospechoso la sustenten con pruebas.
También se dice que hubo arreglos oscuros con organizaciones sociales.
No me consta. Por eso invito a todos los que tengan dudas que vayan a la Justicia.
Según el abogado Santiago Pedroza, detrás de esto se oculta una asociación ilícita.
Es la tercera vez que ese abogado habla de asociación ilícita, pero nunca prueba nada.
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La entrega de terrenos en el predio que el Gobierno de la Provincia expropió en la zona de Parque La Vega puso al descubierto una serie de irregularidades que compromete a los responsables de Tierra y Hábitat. El Tribuno entrevistó a Sergio Usandivaras, el coordinador de ese organismo gubernamental, y atribuyó el problema a una serie de cuestiones. Esto es lo que dijo:
¿Qué pasó con la entrega de los lotes?
Son muchas cosas que se juntaron. La entrega se demoró cuatro años por una serie de inconvenientes que surgieron con la expropiación del terreno. Por suerte esta será la última entrega de lotes que haremos por el sistema de adjudicación directa. Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo que este método es complejo, porque se presta para muchas cosas y cuesta hacer un estricto control de las adjudicaciones, a pesar del celo que ponemos para analizar cada carpeta. Con la firma del decreto 4.414 que dispuso el gobernador Urtubey, a partir de ahora todas las adjudicaciones se harán por sorteo y con esto estoy seguro se van a terminar gran parte de los problemas.
¿La adjudicación directa es tramposa?
No sé si esa es la palabra exacta, pero crea suspicacias. En medio de tantas personas que necesitan un terreno ¿quién soy yo para determinar a quién le entrego un lote y a quién no? Desde 2009 cuando asumí como coordinador del programa de Tierras y Bienes vengo impulsando el sistema de los sorteos porque es más equitativo. Nosotros ya teníamos indicios que lo de Parque La Vega iba a ser complicado, por tratarse de la última entrega por adjudicación directa. Algo parecido ya había sucedido con los terrenos de Valdivia.
¿Cómo van a resolver las irregularidades detectadas?
Por un lado ya dimos intervención a la Justicia, y a mí me satisface que la Fiscalía de Delitos Económicos haya tomado cartas en el asunto. Por otro lado, nosotros estamos haciendo una evaluación interna, analizando caso por caso, para determinar si el planteo de las personas que dicen haber quedado afuera es real.
¿De cuántos casos estamos hablando?
En Tierra y Hábitat se hicieron más de quinientas presentaciones. De estas hay unas 370 personas que tienen algún tipo de documentación, de las cuales se determinó que la mitad cuenta solo con fotocopias. Lo que necesitamos son los originales y recién entonces sabremos la cantidad exacta que pudo haber quedado afuera.
¿Qué otras cosas detectaron?
Que hay casos de familias que tienen documentación para la entrega de terrenos en otros loteos. De esto hemos detectado ciento veinte casos. Lo que pasa es que se generó todo un tema y algunos quisieron aprovechar esta coyuntura.
Ustedes sostienen que hubo casos de personas que no realizaron la actualización de la adjudicación original que se realizó en 2013.
Eso es verdad, porque el proyecto de Parque La Vega se cambió en tres oportunidades. Hubo cambios de algunos espacios verdes, de la ubicación del tanque de agua y otras cuestiones. Por esta situación se modificaron los números de manzanas y de lotes. No lo puedo asegurar, pero es posible que las personas que no fueron a actualizar las carpetas hayan sido dejadas al margen. La mía es una suposición porque no soy yo el que decide la entrega de los terrenos.
¿Qué pasa con la gente que no tiene una carpeta y hace reclamos con fotocopias?
Bueno ese es el tema que debemos resolver. Quizá se trate de gente que ha sido engañada o de personas que quisieron aprovechar esta cuestión para hacerse de un terreno sin haber cumplido con los requisitos que exige el sistema. Hasta que no hagamos un relevamiento general no vamos a poder determinar con certeza qué es lo que ocurrió. Lo que sí puedo asegurar es que a la gente que tiene las cosas en regla le vamos a resolver el problema.
Hay personas que reconocieron haber comprado los terrenos. ¿Cómo explica esta situación?
Lógicamente, hay gente que se presta para estas maniobras. Pudo tratarse de personas que realizaron los trámites, que cumplieron con los requisitos que se exige para recibir un lote y luego los vendieron.
¿Y esto no se puede controlar?
No es fácil. El Estado no puede andar detrás de cada adjudicatario para saber qué hace con el terreno. Lo que sí vamos a hacer es un relevamiento de cada una de una las adjudicaciones que se hicieron en Parque La Vega para corroborar esta situación. Si detectamos alguna irregularidad, como corresponde, daremos intervención a la Justicia.
¿Cómo explica que se hayan ofrecido los terrenos por las redes sociales?
No tengo una explicación por ahora. Lo que sí puedo decirle es que a través de nuestro abogado ya dimos intervención a la Justicia sobre el caso de una mujer de apellido Saravia, con domicilio en la calle Buenos Aires al 800, que por la red Facebook ofreció en venta terrenos de la urbanización Parque La Vega. En el mismo acto también realizamos presentaciones de casos de personas desconocidas que estaban ocupando lotes que no les fueron adjudicados. Con esto quiero significar que nosotros fuimos los primeros en recurrir a la Justicia en los diferentes casos que se presentaron.
¿Qué medidas se toman con el adjudicatario que vende su terreno?
Desde el punto de vista administrativo esta persona queda inhabilitada de por vida para recibir un terreno. Al mismo tiempo se da intervención a la Justicia porque comete una estafa contra el Estado.
¿Y con el que compra?
Se procede de igual manera.
¿Cuando suceden irregularidades cómo se resuelve la escrituración del terreno?
Bueno ese también es todo un tema. Hay una excesiva demora en las escrituraciones. De las once mil escrituraciones que realizamos hasta ahora hemos podido determinar que de los lotes entregados por la Provincia hace catorce año solo la mitad figura a nombre de sus originarios adjudicatarios. Estas son las cosas que vamos a modificar. Creo que el plazo máximo para escriturar no debería ser superior a los dos años. Hemos puesto en funcionamiento un sistema informático para el entrecruzamiento de datos con el Instituto Provincial de la Vivienda y con Inmuebles, y con esto vamos a resolver muchos de los problemas que hoy tenemos.
¿Usted puede dar fe de que todas las adjudicaciones se realizaron de manera correcta?
Insisto, yo no soy el responsable de la entrega de los lotes, porque mi función es coordinar todas las cuestiones de compra y venta de terrenos de la Provincia. Al mismo tiempo soy interventor de Provipo. Lógicamente participé de las negociaciones relacionadas con la expropiación de los terrenos de Parque La Vega. Seguramente la entrega debió ser chequeada para que se cumplan con los requisitos que establece la adjudicación de terrenos y todo eso surgirá de las auditorí as.
Se habla de corrupción, de asociación ilícita. ¿Qué nos puede decir al respeto?
Se dicen muchas cosas. Yo los invito a todos aquellos que sepan algo que se presenten a la Justicia. Hasta el momento no he podido encontrar a nadie que presente pruebas fidedignas de un acto de corrupción. Yo soy el principal interesado de que estas cosas se aclaren porque fui involucrado con cosas que no tienen nada que ver con la realidad.
En una denuncia una persona sostiene que usted firmó la desadjudación de un lote para entregarlo a otra familia.
Lo que dijo esa persona es falso o no dice la verdad. Lo que puedo decir es que yo no firmo las adjudicaciones, de manera tal que nada de eso puede ser cierto. Por eso me satisface que la Fiscalía de Delitos Económicos haya decidido tomar cartas en el asunto de inmediato. Yo espero que las afirmaciones de esa persona y de todas aquellas que sepan algo sospechoso la sustenten con pruebas.
También se dice que hubo arreglos oscuros con organizaciones sociales.
No me consta. Por eso invito a todos los que tengan dudas que vayan a la Justicia.
Según el abogado Santiago Pedroza, detrás de esto se oculta una asociación ilícita.
Es la tercera vez que ese abogado habla de asociación ilícita, pero nunca prueba nada.
¿Qué pasó con la entrega de los lotes?
Son muchas cosas que se juntaron. La entrega se demoró cuatro años por una serie de inconvenientes que surgieron con la expropiación del terreno. Por suerte esta será la última entrega de lotes que haremos por el sistema de adjudicación directa. Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo que este método es complejo, porque se presta para muchas cosas y cuesta hacer un estricto control de las adjudicaciones, a pesar del celo que ponemos para analizar cada carpeta. Con la firma del decreto 4.414 que dispuso el gobernador Urtubey, a partir de ahora todas las adjudicaciones se harán por sorteo y con esto estoy seguro se van a terminar gran parte de los problemas.
¿La adjudicación directa es tramposa?
No sé si esa es la palabra exacta, pero crea suspicacias. En medio de tantas personas que necesitan un terreno ¿quién soy yo para determinar a quién le entrego un lote y a quién no? Desde 2009 cuando asumí como coordinador del programa de Tierras y Bienes vengo impulsando el sistema de los sorteos porque es más equitativo. Nosotros ya teníamos indicios que lo de Parque La Vega iba a ser complicado, por tratarse de la última entrega por adjudicación directa. Algo parecido ya había sucedido con los terrenos de Valdivia.
¿Cómo van a resolver las irregularidades detectadas?
Por un lado ya dimos intervención a la Justicia, y a mí me satisface que la Fiscalía de Delitos Económicos haya tomado cartas en el asunto. Por otro lado, nosotros estamos haciendo una evaluación interna, analizando caso por caso, para determinar si el planteo de las personas que dicen haber quedado afuera es real.
¿De cuántos casos estamos hablando?
En Tierra y Hábitat se hicieron más de quinientas presentaciones. De estas hay unas 370 personas que tienen algún tipo de documentación, de las cuales se determinó que la mitad cuenta solo con fotocopias. Lo que necesitamos son los originales y recién entonces sabremos la cantidad exacta que pudo haber quedado afuera.
¿Qué otras cosas detectaron?
Que hay casos de familias que tienen documentación para la entrega de terrenos en otros loteos. De esto hemos detectado ciento veinte casos. Lo que pasa es que se generó todo un tema y algunos quisieron aprovechar esta coyuntura.
Ustedes sostienen que hubo casos de personas que no realizaron la actualización de la adjudicación original que se realizó en 2013.
Eso es verdad, porque el proyecto de Parque La Vega se cambió en tres oportunidades. Hubo cambios de algunos espacios verdes, de la ubicación del tanque de agua y otras cuestiones. Por esta situación se modificaron los números de manzanas y de lotes. No lo puedo asegurar, pero es posible que las personas que no fueron a actualizar las carpetas hayan sido dejadas al margen. La mía es una suposición porque no soy yo el que decide la entrega de los terrenos.
¿Qué pasa con la gente que no tiene una carpeta y hace reclamos con fotocopias?
Bueno ese es el tema que debemos resolver. Quizá se trate de gente que ha sido engañada o de personas que quisieron aprovechar esta cuestión para hacerse de un terreno sin haber cumplido con los requisitos que exige el sistema. Hasta que no hagamos un relevamiento general no vamos a poder determinar con certeza qué es lo que ocurrió. Lo que sí puedo asegurar es que a la gente que tiene las cosas en regla le vamos a resolver el problema.
Hay personas que reconocieron haber comprado los terrenos. ¿Cómo explica esta situación?
Lógicamente, hay gente que se presta para estas maniobras. Pudo tratarse de personas que realizaron los trámites, que cumplieron con los requisitos que se exige para recibir un lote y luego los vendieron.
¿Y esto no se puede controlar?
No es fácil. El Estado no puede andar detrás de cada adjudicatario para saber qué hace con el terreno. Lo que sí vamos a hacer es un relevamiento de cada una de una las adjudicaciones que se hicieron en Parque La Vega para corroborar esta situación. Si detectamos alguna irregularidad, como corresponde, daremos intervención a la Justicia.
¿Cómo explica que se hayan ofrecido los terrenos por las redes sociales?
No tengo una explicación por ahora. Lo que sí puedo decirle es que a través de nuestro abogado ya dimos intervención a la Justicia sobre el caso de una mujer de apellido Saravia, con domicilio en la calle Buenos Aires al 800, que por la red Facebook ofreció en venta terrenos de la urbanización Parque La Vega. En el mismo acto también realizamos presentaciones de casos de personas desconocidas que estaban ocupando lotes que no les fueron adjudicados. Con esto quiero significar que nosotros fuimos los primeros en recurrir a la Justicia en los diferentes casos que se presentaron.
¿Qué medidas se toman con el adjudicatario que vende su terreno?
Desde el punto de vista administrativo esta persona queda inhabilitada de por vida para recibir un terreno. Al mismo tiempo se da intervención a la Justicia porque comete una estafa contra el Estado.
¿Y con el que compra?
Se procede de igual manera.
¿Cuando suceden irregularidades cómo se resuelve la escrituración del terreno?
Bueno ese también es todo un tema. Hay una excesiva demora en las escrituraciones. De las once mil escrituraciones que realizamos hasta ahora hemos podido determinar que de los lotes entregados por la Provincia hace catorce año solo la mitad figura a nombre de sus originarios adjudicatarios. Estas son las cosas que vamos a modificar. Creo que el plazo máximo para escriturar no debería ser superior a los dos años. Hemos puesto en funcionamiento un sistema informático para el entrecruzamiento de datos con el Instituto Provincial de la Vivienda y con Inmuebles, y con esto vamos a resolver muchos de los problemas que hoy tenemos.
¿Usted puede dar fe de que todas las adjudicaciones se realizaron de manera correcta?
Insisto, yo no soy el responsable de la entrega de los lotes, porque mi función es coordinar todas las cuestiones de compra y venta de terrenos de la Provincia. Al mismo tiempo soy interventor de Provipo. Lógicamente participé de las negociaciones relacionadas con la expropiación de los terrenos de Parque La Vega. Seguramente la entrega debió ser chequeada para que se cumplan con los requisitos que establece la adjudicación de terrenos y todo eso surgirá de las auditorí as.
Se habla de corrupción, de asociación ilícita. ¿Qué nos puede decir al respeto?
Se dicen muchas cosas. Yo los invito a todos aquellos que sepan algo que se presenten a la Justicia. Hasta el momento no he podido encontrar a nadie que presente pruebas fidedignas de un acto de corrupción. Yo soy el principal interesado de que estas cosas se aclaren porque fui involucrado con cosas que no tienen nada que ver con la realidad.
En una denuncia una persona sostiene que usted firmó la desadjudación de un lote para entregarlo a otra familia.
Lo que dijo esa persona es falso o no dice la verdad. Lo que puedo decir es que yo no firmo las adjudicaciones, de manera tal que nada de eso puede ser cierto. Por eso me satisface que la Fiscalía de Delitos Económicos haya decidido tomar cartas en el asunto de inmediato. Yo espero que las afirmaciones de esa persona y de todas aquellas que sepan algo sospechoso la sustenten con pruebas.
También se dice que hubo arreglos oscuros con organizaciones sociales.
No me consta. Por eso invito a todos los que tengan dudas que vayan a la Justicia.
Según el abogado Santiago Pedroza, detrás de esto se oculta una asociación ilícita.
Es la tercera vez que ese abogado habla de asociación ilícita, pero nunca prueba nada.