En el Tribunal Oral en lo Criminal de Salta ayer comenzaron los alegatos en la causa contra el exjuez Federal José Antonio Solá Torino, acusado de cohecho pasivo -habría cobrado una suma de dinero para levantar la orden de captura de un narcotraficante-. Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Toranzos, en su condición de coadyuvante, y el Francisco Snopek, tuvieron la palabra. El martes será el turno para los defensores del exmagistrado y los coimputados.
"Saben a quién me refiero cuando hablo del Gordo Mayor, del sinvergenza, del doctor José Antonio Solá Torino, juez de ejecución de sentencia. Yo sabía porque en la cárcel era voz pópuli de que era accesible pero conmigo no se juega, el tipo se confundió de cliente", sostuvo el doctor Toranzos transcribiendo al narcotraficante José Miguel Farfán en una de las escuchas. En su alegato el fiscal, encargado de la investigación en la etapa instructiva, hizo un racconto de los hechos desencadenados desde el 2005.
"Saben a quién me refiero cuando hablo del Gordo Mayor, del sinvergenza, del doctor José Antonio Solá Torino, juez de ejecución de sentencia. Yo sabía porque en la cárcel era voz pópuli de que era accesible pero conmigo no se juega, el tipo se confundió de cliente", sostuvo el doctor Toranzos transcribiendo al narcotraficante José Miguel Farfán en una de las escuchas. En su alegato el fiscal, encargado de la investigación en la etapa instructiva, hizo un racconto de los hechos desencadenados desde el 2005.
Francisco Snopek (fiscal): "Se intentó restar valor probatorio con la nulidad de las escuchas. Sin esas pruebas igual se puede dar por consumado el delito"
"Se trata de un caso muy importante, hemos traído a juicio a un exjuez federal de Salta, es el doctor Solá Torino, un juez con experiencia y reconocido no solo por eso sino también porque a nivel nacional era conocida la cantidad de expedientes, centenares de legajos de detenidos en su función específica de juez de ejecución. Es trascendente la causa porque se puso en riesgo la función jurisprudencial. No solo puso en juego su reputación profesional sino la de toda una estructura. Esto tiene trascendencia institucional y nosotros desde nuestra tarea deberemos restablecer ese orden institucional", expresó ni bien iniciado su alegato Toranzos.
"La recta y correcta administración de justicia se vio manchada con el accionar del juez", apuntó a su turno el fiscal Francisco Snopek, quien fue el encargado de formular el pedido de condena. En referencia a Solá Torino, señaló: "Podría no haber aceptado el acuerdo y estaría excento de reproche penal, lo cierto es que aceptó y aquí consumó su propio delito en calidad de magistrado. Por lo tanto, se tiene la acción típica de cohecho pasivo, hubo un ofrecimiento y un magistrado que aceptó. Tenemos abundantes pruebas que el acuerdo espúreo existió, incluso sin tener en cuenta las escuchas telefónicas se comprueba el delito".
Con un breve alegato, Snopek solicitó para Solá Torino "9 años de prisión e inhabilitación especial perpetua y una multa de 90.000 pesos por considerarlo autor penalmente responsable de la comisión del delito de cohecho pasivo agravado por ser magistrado del Poder Judicial de la Nación al momento de los hechos". Para los coimputados solicitó la pena de 5 años y 2 para Héctor Salazar, y una multa de $40.000; 4 años y 10 meses de prisión, más la multa de $30.000 para Graciela Ferreyra y 4 años y 6 meses de prisión con la misma multa que la madre -Ferreyra- para Gabriela Vázquez. Además, el fiscal pidió la inhabilitación absoluta por el tiempo que duren las condenas y la "detención de todos los imputados hasta tanto el tribunal dicte sentencia". Esto último fue rechazado por el tribunal integrado por Díaz, Sanguedolce y Casas.
"Se trata de un caso muy importante, hemos traído a juicio a un exjuez federal de Salta, es el doctor Solá Torino, un juez con experiencia y reconocido no solo por eso sino también porque a nivel nacional era conocida la cantidad de expedientes, centenares de legajos de detenidos en su función específica de juez de ejecución. Es trascendente la causa porque se puso en riesgo la función jurisprudencial. No solo puso en juego su reputación profesional sino la de toda una estructura. Esto tiene trascendencia institucional y nosotros desde nuestra tarea deberemos restablecer ese orden institucional", expresó ni bien iniciado su alegato Toranzos.
"La recta y correcta administración de justicia se vio manchada con el accionar del juez", apuntó a su turno el fiscal Francisco Snopek, quien fue el encargado de formular el pedido de condena. En referencia a Solá Torino, señaló: "Podría no haber aceptado el acuerdo y estaría excento de reproche penal, lo cierto es que aceptó y aquí consumó su propio delito en calidad de magistrado. Por lo tanto, se tiene la acción típica de cohecho pasivo, hubo un ofrecimiento y un magistrado que aceptó. Tenemos abundantes pruebas que el acuerdo espúreo existió, incluso sin tener en cuenta las escuchas telefónicas se comprueba el delito".
Con un breve alegato, Snopek solicitó para Solá Torino "9 años de prisión e inhabilitación especial perpetua y una multa de 90.000 pesos por considerarlo autor penalmente responsable de la comisión del delito de cohecho pasivo agravado por ser magistrado del Poder Judicial de la Nación al momento de los hechos". Para los coimputados solicitó la pena de 5 años y 2 para Héctor Salazar, y una multa de $40.000; 4 años y 10 meses de prisión, más la multa de $30.000 para Graciela Ferreyra y 4 años y 6 meses de prisión con la misma multa que la madre -Ferreyra- para Gabriela Vázquez. Además, el fiscal pidió la inhabilitación absoluta por el tiempo que duren las condenas y la "detención de todos los imputados hasta tanto el tribunal dicte sentencia". Esto último fue rechazado por el tribunal integrado por Díaz, Sanguedolce y Casas.
De esta manera la causa Solá Torino, el primer juez federal en ser enjuiciado por narcotráfico en la provincia -Raúl Reynoso, juez Federal de Orán está procesado y seriamente comprometido-, transita su recta final.
El martes que viene el tribunal federal escuchará los alegatos de los abogados defensores Hugo Morales, René Gómez, Matías Adet y Oscar del Campo.
El martes que viene el tribunal federal escuchará los alegatos de los abogados defensores Hugo Morales, René Gómez, Matías Adet y Oscar del Campo.
Borrar al exjuez de la placa
Además de la solicitud de la pena, el Ministerio Público también pidió que el nombre del imputado -Solá Torino- se "borre de esa placa de bronce que está en el ingreso de este Tribunal, porque de eso se trata, estamos tratando un hecho donde se ha roto la institucionalidad, es decir, entrará cualquier persona por esa puerta y observará el nombre del ex juez removido, procesado y condenado por un juicio político. Me parece que no es lógico ni natural que reconstruyamos la situación entre la sociedad y la institución judicial con el nombre de este señor en una placa de bronce".
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
En el Tribunal Oral en lo Criminal de Salta ayer comenzaron los alegatos en la causa contra el exjuez Federal José Antonio Solá Torino, acusado de cohecho pasivo -habría cobrado una suma de dinero para levantar la orden de captura de un narcotraficante-. Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Toranzos, en su condición de coadyuvante, y el Francisco Snopek, tuvieron la palabra. El martes será el turno para los defensores del exmagistrado y los coimputados.
"Saben a quién me refiero cuando hablo del Gordo Mayor, del sinvergenza, del doctor José Antonio Solá Torino, juez de ejecución de sentencia. Yo sabía porque en la cárcel era voz pópuli de que era accesible pero conmigo no se juega, el tipo se confundió de cliente", sostuvo el doctor Toranzos transcribiendo al narcotraficante José Miguel Farfán en una de las escuchas. En su alegato el fiscal, encargado de la investigación en la etapa instructiva, hizo un racconto de los hechos desencadenados desde el 2005.
"Saben a quién me refiero cuando hablo del Gordo Mayor, del sinvergenza, del doctor José Antonio Solá Torino, juez de ejecución de sentencia. Yo sabía porque en la cárcel era voz pópuli de que era accesible pero conmigo no se juega, el tipo se confundió de cliente", sostuvo el doctor Toranzos transcribiendo al narcotraficante José Miguel Farfán en una de las escuchas. En su alegato el fiscal, encargado de la investigación en la etapa instructiva, hizo un racconto de los hechos desencadenados desde el 2005.
Francisco Snopek (fiscal): "Se intentó restar valor probatorio con la nulidad de las escuchas. Sin esas pruebas igual se puede dar por consumado el delito"
"Se trata de un caso muy importante, hemos traído a juicio a un exjuez federal de Salta, es el doctor Solá Torino, un juez con experiencia y reconocido no solo por eso sino también porque a nivel nacional era conocida la cantidad de expedientes, centenares de legajos de detenidos en su función específica de juez de ejecución. Es trascendente la causa porque se puso en riesgo la función jurisprudencial. No solo puso en juego su reputación profesional sino la de toda una estructura. Esto tiene trascendencia institucional y nosotros desde nuestra tarea deberemos restablecer ese orden institucional", expresó ni bien iniciado su alegato Toranzos.
"La recta y correcta administración de justicia se vio manchada con el accionar del juez", apuntó a su turno el fiscal Francisco Snopek, quien fue el encargado de formular el pedido de condena. En referencia a Solá Torino, señaló: "Podría no haber aceptado el acuerdo y estaría excento de reproche penal, lo cierto es que aceptó y aquí consumó su propio delito en calidad de magistrado. Por lo tanto, se tiene la acción típica de cohecho pasivo, hubo un ofrecimiento y un magistrado que aceptó. Tenemos abundantes pruebas que el acuerdo espúreo existió, incluso sin tener en cuenta las escuchas telefónicas se comprueba el delito".
Con un breve alegato, Snopek solicitó para Solá Torino "9 años de prisión e inhabilitación especial perpetua y una multa de 90.000 pesos por considerarlo autor penalmente responsable de la comisión del delito de cohecho pasivo agravado por ser magistrado del Poder Judicial de la Nación al momento de los hechos". Para los coimputados solicitó la pena de 5 años y 2 para Héctor Salazar, y una multa de $40.000; 4 años y 10 meses de prisión, más la multa de $30.000 para Graciela Ferreyra y 4 años y 6 meses de prisión con la misma multa que la madre -Ferreyra- para Gabriela Vázquez. Además, el fiscal pidió la inhabilitación absoluta por el tiempo que duren las condenas y la "detención de todos los imputados hasta tanto el tribunal dicte sentencia". Esto último fue rechazado por el tribunal integrado por Díaz, Sanguedolce y Casas.
"Se trata de un caso muy importante, hemos traído a juicio a un exjuez federal de Salta, es el doctor Solá Torino, un juez con experiencia y reconocido no solo por eso sino también porque a nivel nacional era conocida la cantidad de expedientes, centenares de legajos de detenidos en su función específica de juez de ejecución. Es trascendente la causa porque se puso en riesgo la función jurisprudencial. No solo puso en juego su reputación profesional sino la de toda una estructura. Esto tiene trascendencia institucional y nosotros desde nuestra tarea deberemos restablecer ese orden institucional", expresó ni bien iniciado su alegato Toranzos.
"La recta y correcta administración de justicia se vio manchada con el accionar del juez", apuntó a su turno el fiscal Francisco Snopek, quien fue el encargado de formular el pedido de condena. En referencia a Solá Torino, señaló: "Podría no haber aceptado el acuerdo y estaría excento de reproche penal, lo cierto es que aceptó y aquí consumó su propio delito en calidad de magistrado. Por lo tanto, se tiene la acción típica de cohecho pasivo, hubo un ofrecimiento y un magistrado que aceptó. Tenemos abundantes pruebas que el acuerdo espúreo existió, incluso sin tener en cuenta las escuchas telefónicas se comprueba el delito".
Con un breve alegato, Snopek solicitó para Solá Torino "9 años de prisión e inhabilitación especial perpetua y una multa de 90.000 pesos por considerarlo autor penalmente responsable de la comisión del delito de cohecho pasivo agravado por ser magistrado del Poder Judicial de la Nación al momento de los hechos". Para los coimputados solicitó la pena de 5 años y 2 para Héctor Salazar, y una multa de $40.000; 4 años y 10 meses de prisión, más la multa de $30.000 para Graciela Ferreyra y 4 años y 6 meses de prisión con la misma multa que la madre -Ferreyra- para Gabriela Vázquez. Además, el fiscal pidió la inhabilitación absoluta por el tiempo que duren las condenas y la "detención de todos los imputados hasta tanto el tribunal dicte sentencia". Esto último fue rechazado por el tribunal integrado por Díaz, Sanguedolce y Casas.
De esta manera la causa Solá Torino, el primer juez federal en ser enjuiciado por narcotráfico en la provincia -Raúl Reynoso, juez Federal de Orán está procesado y seriamente comprometido-, transita su recta final.
El martes que viene el tribunal federal escuchará los alegatos de los abogados defensores Hugo Morales, René Gómez, Matías Adet y Oscar del Campo.
El martes que viene el tribunal federal escuchará los alegatos de los abogados defensores Hugo Morales, René Gómez, Matías Adet y Oscar del Campo.
Borrar al exjuez de la placa
Además de la solicitud de la pena, el Ministerio Público también pidió que el nombre del imputado -Solá Torino- se "borre de esa placa de bronce que está en el ingreso de este Tribunal, porque de eso se trata, estamos tratando un hecho donde se ha roto la institucionalidad, es decir, entrará cualquier persona por esa puerta y observará el nombre del ex juez removido, procesado y condenado por un juicio político. Me parece que no es lógico ni natural que reconstruyamos la situación entre la sociedad y la institución judicial con el nombre de este señor en una placa de bronce".