Los jueces Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau y la fiscal Liliana Fernández de Montiel fueron denunciados penalmente hoy en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy a raíz de la detención de la líder de la organización Tupac Amarú, Milagro Sala.
El dictamen emitido por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) el pasado viernes había advertido sobre la vigencia de los fueros parlamentarios en el caso de Sala por ser diputada del Parlasur. Esta mañana el abogado y diputado provincial por el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO), Ariel Ruarte, y el letrado Fernando Barea, presentaron una denuncia por "mal desempeño" e "incumplimiento de los deberes" contra los funcionarios judiciales que intervienen en el caso.
La presentación señala que la dirigente, detenida desde el pasado 16 de enero, se encuentra "privada ilegalmente de su libertad". Se solicita la remoción de los tres funcionarios de sus cargos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, respectivamente.
En la presentación los abogados aseguraron que "las dos detenciones se realizaron transgrediendo una norma inequívoca, la ley 27.120, que establece, entre otras cuestiones, la inmunidad de arresto de los Parlamentarios del Parlasur".
Advirtieron que el Código Procesal Penal de Jujuy establece en su artículo 32 que "ante la existencia de una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un funcionario sujeto a desafuero, el Tribunal podrá llevar adelante todos los actos del proceso, a excepción de aquellos que impliquen la detención o prisión".
Indicaron en la denuncia que la fiscal y los magistrados "abusaron de sus funciones y lo hicieron sin las formalidades prescriptas por la ley que establece que para detenerla primero se debería haber pedido y producido el desafuero".
"Los hechos aquí denunciados se subsumen en la categoría de graves violaciones a los derechos humanos y, particularmente, en el ejercicio de la violencia institucional", aseguraron Ruarte y Barea.
En cuanto al pedido de remoción de sus cargos, los abogados indicaron que el planteo se basa en el dictado de dos órdenes de detención contra una ciudadana "sin las formalidades exigidas por la ley".
"Si bien la ley indica que no resulta necesario que las acciones de los funcionarios configuren un delito para ser denunciados por incumplimiento de sus funciones, en el caso particular se pueden subsumir dichas acciones en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y de prevaricato, previstos y reprimidos en los artículos 144 bis inciso 1 y 269 del Código Penal", apuntaron.
Agregaron que los hechos "demuestran la pérdida de imparcialidad, el grave desconocimiento del derecho, la arbitrariedad y la mala gestión por parte del los magistrados enjuiciados y por ende, la consecuente pérdida de confianza en su accionar, para que siga como titular de una fiscalía y/o juzgado".
"Secuestrada"
Sala denunció en las últimas horas que está "secuestrada por el Poder Judicial de Jujuy que responde a las órdenes del gobernador, Gerardo Morales". "Hoy me toca estar privada ilegalmente de mi libertad, estoy secuestrada por el Poder Judicial de Jujuy que responde a las órdenes de Gerardo Morales", sostuvo la dirigente kirchnerista.
A través de una carta de solidaridad con los trabajadores despedidos del diario Tiempo Argentino y Radio América, la diputada del Parlasur consideró que el poder político y judicial le quieren hacer "pagar" el "apoyo a los organismos de derechos humanos".
"Quieren hacerme pagar mi apoyo a los organismos para que el principal responsable civil de la dictadura en Jujuy no quede impune. Me quieren hacer pagar por haber generado conciencia para que los que no tenían un proyecto de futuro hayan podido levantar la cabeza", resaltó, en alusión al empresario Carlos Blaquier, a quien se lo acusa de estar involucrado en la desaparición de obreros del Ingenio Ledesma.
La exdiputada provincial se encuentra detenida en el Penal de Alto Comedero, tras un paso por la Comisaría de Mujeres, por la presunta comisión de los delitos de "asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión", a raíz de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
NA
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Los jueces Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau y la fiscal Liliana Fernández de Montiel fueron denunciados penalmente hoy en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy a raíz de la detención de la líder de la organización Tupac Amarú, Milagro Sala.
El dictamen emitido por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) el pasado viernes había advertido sobre la vigencia de los fueros parlamentarios en el caso de Sala por ser diputada del Parlasur. Esta mañana el abogado y diputado provincial por el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO), Ariel Ruarte, y el letrado Fernando Barea, presentaron una denuncia por "mal desempeño" e "incumplimiento de los deberes" contra los funcionarios judiciales que intervienen en el caso.
La presentación señala que la dirigente, detenida desde el pasado 16 de enero, se encuentra "privada ilegalmente de su libertad". Se solicita la remoción de los tres funcionarios de sus cargos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, respectivamente.
En la presentación los abogados aseguraron que "las dos detenciones se realizaron transgrediendo una norma inequívoca, la ley 27.120, que establece, entre otras cuestiones, la inmunidad de arresto de los Parlamentarios del Parlasur".
Advirtieron que el Código Procesal Penal de Jujuy establece en su artículo 32 que "ante la existencia de una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un funcionario sujeto a desafuero, el Tribunal podrá llevar adelante todos los actos del proceso, a excepción de aquellos que impliquen la detención o prisión".
Indicaron en la denuncia que la fiscal y los magistrados "abusaron de sus funciones y lo hicieron sin las formalidades prescriptas por la ley que establece que para detenerla primero se debería haber pedido y producido el desafuero".
"Los hechos aquí denunciados se subsumen en la categoría de graves violaciones a los derechos humanos y, particularmente, en el ejercicio de la violencia institucional", aseguraron Ruarte y Barea.
En cuanto al pedido de remoción de sus cargos, los abogados indicaron que el planteo se basa en el dictado de dos órdenes de detención contra una ciudadana "sin las formalidades exigidas por la ley".
"Si bien la ley indica que no resulta necesario que las acciones de los funcionarios configuren un delito para ser denunciados por incumplimiento de sus funciones, en el caso particular se pueden subsumir dichas acciones en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y de prevaricato, previstos y reprimidos en los artículos 144 bis inciso 1 y 269 del Código Penal", apuntaron.
Agregaron que los hechos "demuestran la pérdida de imparcialidad, el grave desconocimiento del derecho, la arbitrariedad y la mala gestión por parte del los magistrados enjuiciados y por ende, la consecuente pérdida de confianza en su accionar, para que siga como titular de una fiscalía y/o juzgado".
"Secuestrada"
Sala denunció en las últimas horas que está "secuestrada por el Poder Judicial de Jujuy que responde a las órdenes del gobernador, Gerardo Morales". "Hoy me toca estar privada ilegalmente de mi libertad, estoy secuestrada por el Poder Judicial de Jujuy que responde a las órdenes de Gerardo Morales", sostuvo la dirigente kirchnerista.
A través de una carta de solidaridad con los trabajadores despedidos del diario Tiempo Argentino y Radio América, la diputada del Parlasur consideró que el poder político y judicial le quieren hacer "pagar" el "apoyo a los organismos de derechos humanos".
"Quieren hacerme pagar mi apoyo a los organismos para que el principal responsable civil de la dictadura en Jujuy no quede impune. Me quieren hacer pagar por haber generado conciencia para que los que no tenían un proyecto de futuro hayan podido levantar la cabeza", resaltó, en alusión al empresario Carlos Blaquier, a quien se lo acusa de estar involucrado en la desaparición de obreros del Ingenio Ledesma.
La exdiputada provincial se encuentra detenida en el Penal de Alto Comedero, tras un paso por la Comisaría de Mujeres, por la presunta comisión de los delitos de "asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión", a raíz de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
NA