Las fiscales Gabriela Romero Nayar y Mónica Poma imputaron a tres funcionarios de Defensa Civil por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en el marco de la causa iniciada por la muerte de cuatro hombres jóvenes que habían sido enviados a apagar un incendio forestal en Guachipas.
El 28 de octubre de 2014, Martín Albarracín (27 años), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdez (27) murieron carbonizados cuando combatían el fuego en el cerro El Acheral, en Guachipas.
Las fiscales citarán a audiencia de imputación al exsubsecretario Víctor Ola Castro y a los jefes de los Programas de Brigada Forestal y de Defensa de Ambiente, Roberto Durnelli y Víctor Dagum.
Los padres de Albarracín y Valdez valoraron ayer que “al menos la causa se movió”, pero anticiparon que pedirán que se la caratule como “homicidio culposo” y que se establezca quién fue el responsable último de las muertes, es decir, el funcionario de alto rango que ordenó el operativo.
La tragedia tiene puntos muy oscuros. El incendio forestal llevaba ya diez días, los bomberos de El Carril habían desistido de apagarlo y, como consignó el primer fiscal actuante, Gabriel Portal, no se registraba riesgo alguno para vidas humanas ni para ninguna vivienda. Este funcionario consideró que no había delito alguno, que los brigadistas contaban con equipo y preparación suficientes, que se habían cumplido todos los protocolos y que las cinco muertes fueron consecuencia de un accidente. Por eso, en marzo de 2015 archivó la causa. En agosto pasado, David Albarracín logró rescatar del celular de su hermano las imágenes de los últimos instantes de vida de los cuatro jóvenes. Cuando esa filmación cobró repercusión mundial, la Procuración resolvió reabrir la causa.
Precariedad laboral
Las fiscales que reemplazaron a Poma llegaron a conclusiones antagónicas a las de su colega. Ayer, en la página fiscalespenalessalta.com se publicó un fragmento de la imputación donde consignan “suficiente constancia y documentación relacionada a la situación laboral, funciones y atribuciones...” y señalan que las víctimas eran consideradas “combatientes”. Ferreyra era jefe de la cuadrilla y se constató, tal como lo habían informado las familias, que Valdez y Vilte eran personal contratado, mientras que sus compañeros revistaban en planta permanente. Valdez y Vilte “aparecen vinculados a la administración mediante contratos de locación de servicios para el Programa de Rescate de Espacios Públicos” y tenían “como misiones y funciones tareas de desmalezamiento, limpieza y disposición final de la maleza, obligaciones de capacitación y seguridad de personas y realizar tareas conjuntas y coordinadas con la Brigada de Incendios Forestales”.
“Por el contrario -dice el escrito-, los contratos de Ferreyra y Albarracín indican que sus funciones y misiones principales eran las de dar alerta, alarma y respuesta en la mitigación de incendios forestales y de pastizales”, agregaron.
Esta serie de irregularidades incumple el Plan Nacional de Manejo del Fuego; por eso, las fiscales resolvieron imputar a Ola Castro, Durnelli y Dagum el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, cuya pena va de un mes a dos años de prisión.
Para las familias de los cuatro jóvenes, detrás de las muertes hay un delito mucho más grave. “Los mandaron a la muerte”, dijo ayer Omar Valdez, padre de Mauricio. Resulta inexplicable que las autoridades hayan enviado a cuatro jóvenes no especializados, provistos apenas con bidones de 20 litros de agua, para apagar un incendio que iba a extinguirse solo.
La herida que no cierra
Pedro Albarracín y Mauricio Valdez, al igual que el resto de los familiares de los jóvenes calcinados en el cerro Acheral, saben que las fiscales dieron un paso importante: admitieron la existencia de un delito, que su antecesor en la causa, Gabriel Poma, había negado a pesar de las evidencias que aparecían en su propio escrito.Pero ellos van más lejos. Consideran que las muertes de Guachipas son tan injustas e injustificables como las del incendio de Cromañón. Están convencidos de que la decisión de enviar a esa precaria brigada a una misión imposible fue resultado de un capricho, de un funcionario superior a Ola Castro, y quieren que se sepa quién fue. "Nuestro compromiso con los chicos es llegar a conocer toda la verdad", dijeron ambos ayer por la noche.
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Las fiscales Gabriela Romero Nayar y Mónica Poma imputaron a tres funcionarios de Defensa Civil por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en el marco de la causa iniciada por la muerte de cuatro hombres jóvenes que habían sido enviados a apagar un incendio forestal en Guachipas.
El 28 de octubre de 2014, Martín Albarracín (27 años), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdez (27) murieron carbonizados cuando combatían el fuego en el cerro El Acheral, en Guachipas.
Las fiscales citarán a audiencia de imputación al exsubsecretario Víctor Ola Castro y a los jefes de los Programas de Brigada Forestal y de Defensa de Ambiente, Roberto Durnelli y Víctor Dagum.
Los padres de Albarracín y Valdez valoraron ayer que “al menos la causa se movió”, pero anticiparon que pedirán que se la caratule como “homicidio culposo” y que se establezca quién fue el responsable último de las muertes, es decir, el funcionario de alto rango que ordenó el operativo.
La tragedia tiene puntos muy oscuros. El incendio forestal llevaba ya diez días, los bomberos de El Carril habían desistido de apagarlo y, como consignó el primer fiscal actuante, Gabriel Portal, no se registraba riesgo alguno para vidas humanas ni para ninguna vivienda. Este funcionario consideró que no había delito alguno, que los brigadistas contaban con equipo y preparación suficientes, que se habían cumplido todos los protocolos y que las cinco muertes fueron consecuencia de un accidente. Por eso, en marzo de 2015 archivó la causa. En agosto pasado, David Albarracín logró rescatar del celular de su hermano las imágenes de los últimos instantes de vida de los cuatro jóvenes. Cuando esa filmación cobró repercusión mundial, la Procuración resolvió reabrir la causa.
Precariedad laboral
Las fiscales que reemplazaron a Poma llegaron a conclusiones antagónicas a las de su colega. Ayer, en la página fiscalespenalessalta.com se publicó un fragmento de la imputación donde consignan “suficiente constancia y documentación relacionada a la situación laboral, funciones y atribuciones...” y señalan que las víctimas eran consideradas “combatientes”. Ferreyra era jefe de la cuadrilla y se constató, tal como lo habían informado las familias, que Valdez y Vilte eran personal contratado, mientras que sus compañeros revistaban en planta permanente. Valdez y Vilte “aparecen vinculados a la administración mediante contratos de locación de servicios para el Programa de Rescate de Espacios Públicos” y tenían “como misiones y funciones tareas de desmalezamiento, limpieza y disposición final de la maleza, obligaciones de capacitación y seguridad de personas y realizar tareas conjuntas y coordinadas con la Brigada de Incendios Forestales”.
“Por el contrario -dice el escrito-, los contratos de Ferreyra y Albarracín indican que sus funciones y misiones principales eran las de dar alerta, alarma y respuesta en la mitigación de incendios forestales y de pastizales”, agregaron.
Esta serie de irregularidades incumple el Plan Nacional de Manejo del Fuego; por eso, las fiscales resolvieron imputar a Ola Castro, Durnelli y Dagum el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, cuya pena va de un mes a dos años de prisión.
Para las familias de los cuatro jóvenes, detrás de las muertes hay un delito mucho más grave. “Los mandaron a la muerte”, dijo ayer Omar Valdez, padre de Mauricio. Resulta inexplicable que las autoridades hayan enviado a cuatro jóvenes no especializados, provistos apenas con bidones de 20 litros de agua, para apagar un incendio que iba a extinguirse solo.
La herida que no cierra
Pedro Albarracín y Mauricio Valdez, al igual que el resto de los familiares de los jóvenes calcinados en el cerro Acheral, saben que las fiscales dieron un paso importante: admitieron la existencia de un delito, que su antecesor en la causa, Gabriel Poma, había negado a pesar de las evidencias que aparecían en su propio escrito.Pero ellos van más lejos. Consideran que las muertes de Guachipas son tan injustas e injustificables como las del incendio de Cromañón. Están convencidos de que la decisión de enviar a esa precaria brigada a una misión imposible fue resultado de un capricho, de un funcionario superior a Ola Castro, y quieren que se sepa quién fue. "Nuestro compromiso con los chicos es llegar a conocer toda la verdad", dijeron ambos ayer por la noche.