Marta César es periodista y presidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta, organismo que comenzó a trabajar hace más de 20 años. Desde el espacio que conduce tuvo un rol importante en el debate de temas clave como el cupo femenino o el derecho a la salud sexual.
La especialista dialogó con El Tribuno tras el caso de Pablo Robbio Saravia, abogado que iba a ser juez si el Senado daba su acuerdo pese a que se conocieron denuncias de violencia de género en su contra. La postulación quedó sin efecto porque Juan Manuel Urtubey decidió retirar su pliego de la Legislatura tras los cuestionamientos de diferentes sectores.
Luego del debate que provocó el tema, Marta César considera que se debe reflexionar sobre los mecanismos institucionales de selección de jueces y el tratamiento de los temas de género.
También opinó que, paradójicamente, el abordaje del caso en algunos medios derivó en violencia simbólica contra las mujeres, pese a que se trataba supuestamente de cuestionarla.
Desde la Multisectorial de Mujeres se está planteando que debería revisarse la ley del Consejo de la Magistratura, institución encargada de seleccionar a los jueces. ¿Van a presentar alguna propuesta legislativa?
La vamos a presentar porque entendemos que el caso de Pablo Robbio Saravia tiene que ser una bisagra para todo el mundo. Creemos que la ley del Consejo de la Magistratura tiene muchos resquicios por donde se puede colar la discrecionalidad en la elección de postulantes.
Uno de los puntos primordiales que vamos a proponer es que ninguna persona, hombre o mujer, pueda postularse para cargos en el Poder Judicial o el Ministerio Público con antecedentes por violencia de género o violencia familiar.
Otra de las cuestiones que nos pareció importante, y que surgió a partir de la búsqueda de documentación que hicimos para avalar una impugnación que íbamos a presentar en el caso de Robbio Saravia, es que el Consejo de la Magistratura debe tener la obligación de pedir formalmente la constancia de antecedentes prontuariales a la Policía. Hasta ahora ese trámite le corresponde al postulante.
En este caso, los antecedentes prontuariales de Robbio Saravia llegaron en blanco. Por ahí escuchamos voces que dicen que tenía una causa archivada y que, si no tiene condena, no existen antecedentes. Rechazamos esa explicación.
¿Qué otro análisis queda para hacer después de lo sucedido?
Otra de las cosas importantes que la ciudadanía se tiene que preguntar es por qué en los últimos tiempos la mayoría de los jueces y juezas o personas designadas en el Ministerio Público han sido previamente funcionarios y funcionarias del gobierno de turno.
¿Qué papel tienen los medios de comunicación en el análisis de la violencia de género?
Me quiero detener en el tratamiento que hizo parte de la prensa del tema de Robbio Saravia. Muchos periodistas trataron este tema con mucho respeto y conocimiento pero otros, lamentablemente, no.
Algunos colegas, especialmente varones, han criticado de una manera exacerbada a la Multisectorial de Mujeres y al Observatorio de Violencia contra las Mujeres (porque no habían presentado una impugnación en contra Robbio Saravia antes de que el gobernador retirara el pliego).
Creo que lo hicieron desde una postura machista. Lo que hicieron es lo que quizás hacen en sus casas: ordenarnos a las mujeres qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer.
Como no hicimos lo que esperaban, apelaron a la punición pública en los medios.
Muchos opinaron sin conocer la ley 7.863, de creación del Observatorio, y el reglamento interno del Consejo de la Magistratura.
Por eso apelo a la responsabilidad profesional. Alguno sigue criticando a las mujeres del Observatorio. Debo inferir que aquí hubo intereses personales.
Otros salieron a cuestionar a la Multisectorial porque sacamos un documento del tema después de que el gobernador retiró el pliego. Pero el plazo de impugnación no había vencido.
Los que nos criticaron fueron los mismos que se quejaron cuando hicimos una presentación contra el juez Víctor Soria (que le había prohibido la interrupción del embarazo a una niña de 13 años golpeada, violada y embarazada por su padrastro).
Toda la ciudadanía tiene el derecho y deber de recolectar información para impugnar a un candidato si lo cree necesario.
Quiero solidarizarme con compañeras de la Multisectorial de Mujeres, como Violeta Carrique, presidenta de la Comisión de la Mujer de la UNSa, que fue maltratada por un periodista porque ella quería hablar sobre el caso de Robbio Saravia pero no prestarse a escrachar al Observatorio de Violencia. También con las compañeras del Observatorio, Alicia Ramos y Laura Postiglione, quienes fueron maltratadas y criticadas, lo que configura violencia mediática y simbólica de género.
Lo que celebro es que todo este debate haya servido para que el Gobierno enviara en las últimas horas parte del presupuesto que adeudaba al Observatorio de Violencia contra las Mujeres como ente autónomo.
La especialista dialogó con El Tribuno tras el caso de Pablo Robbio Saravia, abogado que iba a ser juez si el Senado daba su acuerdo pese a que se conocieron denuncias de violencia de género en su contra. La postulación quedó sin efecto porque Juan Manuel Urtubey decidió retirar su pliego de la Legislatura tras los cuestionamientos de diferentes sectores.
Luego del debate que provocó el tema, Marta César considera que se debe reflexionar sobre los mecanismos institucionales de selección de jueces y el tratamiento de los temas de género.
También opinó que, paradójicamente, el abordaje del caso en algunos medios derivó en violencia simbólica contra las mujeres, pese a que se trataba supuestamente de cuestionarla.
Desde la Multisectorial de Mujeres se está planteando que debería revisarse la ley del Consejo de la Magistratura, institución encargada de seleccionar a los jueces. ¿Van a presentar alguna propuesta legislativa?
La vamos a presentar porque entendemos que el caso de Pablo Robbio Saravia tiene que ser una bisagra para todo el mundo. Creemos que la ley del Consejo de la Magistratura tiene muchos resquicios por donde se puede colar la discrecionalidad en la elección de postulantes.
Uno de los puntos primordiales que vamos a proponer es que ninguna persona, hombre o mujer, pueda postularse para cargos en el Poder Judicial o el Ministerio Público con antecedentes por violencia de género o violencia familiar.
Otra de las cuestiones que nos pareció importante, y que surgió a partir de la búsqueda de documentación que hicimos para avalar una impugnación que íbamos a presentar en el caso de Robbio Saravia, es que el Consejo de la Magistratura debe tener la obligación de pedir formalmente la constancia de antecedentes prontuariales a la Policía. Hasta ahora ese trámite le corresponde al postulante.
En este caso, los antecedentes prontuariales de Robbio Saravia llegaron en blanco. Por ahí escuchamos voces que dicen que tenía una causa archivada y que, si no tiene condena, no existen antecedentes. Rechazamos esa explicación.
¿Qué otro análisis queda para hacer después de lo sucedido?
Otra de las cosas importantes que la ciudadanía se tiene que preguntar es por qué en los últimos tiempos la mayoría de los jueces y juezas o personas designadas en el Ministerio Público han sido previamente funcionarios y funcionarias del gobierno de turno.
¿Qué papel tienen los medios de comunicación en el análisis de la violencia de género?
Me quiero detener en el tratamiento que hizo parte de la prensa del tema de Robbio Saravia. Muchos periodistas trataron este tema con mucho respeto y conocimiento pero otros, lamentablemente, no.
Algunos colegas, especialmente varones, han criticado de una manera exacerbada a la Multisectorial de Mujeres y al Observatorio de Violencia contra las Mujeres (porque no habían presentado una impugnación en contra Robbio Saravia antes de que el gobernador retirara el pliego).
Creo que lo hicieron desde una postura machista. Lo que hicieron es lo que quizás hacen en sus casas: ordenarnos a las mujeres qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer.
Como no hicimos lo que esperaban, apelaron a la punición pública en los medios.
Muchos opinaron sin conocer la ley 7.863, de creación del Observatorio, y el reglamento interno del Consejo de la Magistratura.
Por eso apelo a la responsabilidad profesional. Alguno sigue criticando a las mujeres del Observatorio. Debo inferir que aquí hubo intereses personales.
Otros salieron a cuestionar a la Multisectorial porque sacamos un documento del tema después de que el gobernador retiró el pliego. Pero el plazo de impugnación no había vencido.
Los que nos criticaron fueron los mismos que se quejaron cuando hicimos una presentación contra el juez Víctor Soria (que le había prohibido la interrupción del embarazo a una niña de 13 años golpeada, violada y embarazada por su padrastro).
Toda la ciudadanía tiene el derecho y deber de recolectar información para impugnar a un candidato si lo cree necesario.
Quiero solidarizarme con compañeras de la Multisectorial de Mujeres, como Violeta Carrique, presidenta de la Comisión de la Mujer de la UNSa, que fue maltratada por un periodista porque ella quería hablar sobre el caso de Robbio Saravia pero no prestarse a escrachar al Observatorio de Violencia. También con las compañeras del Observatorio, Alicia Ramos y Laura Postiglione, quienes fueron maltratadas y criticadas, lo que configura violencia mediática y simbólica de género.
Lo que celebro es que todo este debate haya servido para que el Gobierno enviara en las últimas horas parte del presupuesto que adeudaba al Observatorio de Violencia contra las Mujeres como ente autónomo.
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Marta César es periodista y presidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta, organismo que comenzó a trabajar hace más de 20 años. Desde el espacio que conduce tuvo un rol importante en el debate de temas clave como el cupo femenino o el derecho a la salud sexual.
La especialista dialogó con El Tribuno tras el caso de Pablo Robbio Saravia, abogado que iba a ser juez si el Senado daba su acuerdo pese a que se conocieron denuncias de violencia de género en su contra. La postulación quedó sin efecto porque Juan Manuel Urtubey decidió retirar su pliego de la Legislatura tras los cuestionamientos de diferentes sectores.
Luego del debate que provocó el tema, Marta César considera que se debe reflexionar sobre los mecanismos institucionales de selección de jueces y el tratamiento de los temas de género.
También opinó que, paradójicamente, el abordaje del caso en algunos medios derivó en violencia simbólica contra las mujeres, pese a que se trataba supuestamente de cuestionarla.
Desde la Multisectorial de Mujeres se está planteando que debería revisarse la ley del Consejo de la Magistratura, institución encargada de seleccionar a los jueces. ¿Van a presentar alguna propuesta legislativa?
La vamos a presentar porque entendemos que el caso de Pablo Robbio Saravia tiene que ser una bisagra para todo el mundo. Creemos que la ley del Consejo de la Magistratura tiene muchos resquicios por donde se puede colar la discrecionalidad en la elección de postulantes.
Uno de los puntos primordiales que vamos a proponer es que ninguna persona, hombre o mujer, pueda postularse para cargos en el Poder Judicial o el Ministerio Público con antecedentes por violencia de género o violencia familiar.
Otra de las cuestiones que nos pareció importante, y que surgió a partir de la búsqueda de documentación que hicimos para avalar una impugnación que íbamos a presentar en el caso de Robbio Saravia, es que el Consejo de la Magistratura debe tener la obligación de pedir formalmente la constancia de antecedentes prontuariales a la Policía. Hasta ahora ese trámite le corresponde al postulante.
En este caso, los antecedentes prontuariales de Robbio Saravia llegaron en blanco. Por ahí escuchamos voces que dicen que tenía una causa archivada y que, si no tiene condena, no existen antecedentes. Rechazamos esa explicación.
¿Qué otro análisis queda para hacer después de lo sucedido?
Otra de las cosas importantes que la ciudadanía se tiene que preguntar es por qué en los últimos tiempos la mayoría de los jueces y juezas o personas designadas en el Ministerio Público han sido previamente funcionarios y funcionarias del gobierno de turno.
¿Qué papel tienen los medios de comunicación en el análisis de la violencia de género?
Me quiero detener en el tratamiento que hizo parte de la prensa del tema de Robbio Saravia. Muchos periodistas trataron este tema con mucho respeto y conocimiento pero otros, lamentablemente, no.
Algunos colegas, especialmente varones, han criticado de una manera exacerbada a la Multisectorial de Mujeres y al Observatorio de Violencia contra las Mujeres (porque no habían presentado una impugnación en contra Robbio Saravia antes de que el gobernador retirara el pliego).
Creo que lo hicieron desde una postura machista. Lo que hicieron es lo que quizás hacen en sus casas: ordenarnos a las mujeres qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer.
Como no hicimos lo que esperaban, apelaron a la punición pública en los medios.
Muchos opinaron sin conocer la ley 7.863, de creación del Observatorio, y el reglamento interno del Consejo de la Magistratura.
Por eso apelo a la responsabilidad profesional. Alguno sigue criticando a las mujeres del Observatorio. Debo inferir que aquí hubo intereses personales.
Otros salieron a cuestionar a la Multisectorial porque sacamos un documento del tema después de que el gobernador retiró el pliego. Pero el plazo de impugnación no había vencido.
Los que nos criticaron fueron los mismos que se quejaron cuando hicimos una presentación contra el juez Víctor Soria (que le había prohibido la interrupción del embarazo a una niña de 13 años golpeada, violada y embarazada por su padrastro).
Toda la ciudadanía tiene el derecho y deber de recolectar información para impugnar a un candidato si lo cree necesario.
Quiero solidarizarme con compañeras de la Multisectorial de Mujeres, como Violeta Carrique, presidenta de la Comisión de la Mujer de la UNSa, que fue maltratada por un periodista porque ella quería hablar sobre el caso de Robbio Saravia pero no prestarse a escrachar al Observatorio de Violencia. También con las compañeras del Observatorio, Alicia Ramos y Laura Postiglione, quienes fueron maltratadas y criticadas, lo que configura violencia mediática y simbólica de género.
Lo que celebro es que todo este debate haya servido para que el Gobierno enviara en las últimas horas parte del presupuesto que adeudaba al Observatorio de Violencia contra las Mujeres como ente autónomo.
La especialista dialogó con El Tribuno tras el caso de Pablo Robbio Saravia, abogado que iba a ser juez si el Senado daba su acuerdo pese a que se conocieron denuncias de violencia de género en su contra. La postulación quedó sin efecto porque Juan Manuel Urtubey decidió retirar su pliego de la Legislatura tras los cuestionamientos de diferentes sectores.
Luego del debate que provocó el tema, Marta César considera que se debe reflexionar sobre los mecanismos institucionales de selección de jueces y el tratamiento de los temas de género.
También opinó que, paradójicamente, el abordaje del caso en algunos medios derivó en violencia simbólica contra las mujeres, pese a que se trataba supuestamente de cuestionarla.
Desde la Multisectorial de Mujeres se está planteando que debería revisarse la ley del Consejo de la Magistratura, institución encargada de seleccionar a los jueces. ¿Van a presentar alguna propuesta legislativa?
La vamos a presentar porque entendemos que el caso de Pablo Robbio Saravia tiene que ser una bisagra para todo el mundo. Creemos que la ley del Consejo de la Magistratura tiene muchos resquicios por donde se puede colar la discrecionalidad en la elección de postulantes.
Uno de los puntos primordiales que vamos a proponer es que ninguna persona, hombre o mujer, pueda postularse para cargos en el Poder Judicial o el Ministerio Público con antecedentes por violencia de género o violencia familiar.
Otra de las cuestiones que nos pareció importante, y que surgió a partir de la búsqueda de documentación que hicimos para avalar una impugnación que íbamos a presentar en el caso de Robbio Saravia, es que el Consejo de la Magistratura debe tener la obligación de pedir formalmente la constancia de antecedentes prontuariales a la Policía. Hasta ahora ese trámite le corresponde al postulante.
En este caso, los antecedentes prontuariales de Robbio Saravia llegaron en blanco. Por ahí escuchamos voces que dicen que tenía una causa archivada y que, si no tiene condena, no existen antecedentes. Rechazamos esa explicación.
¿Qué otro análisis queda para hacer después de lo sucedido?
Otra de las cosas importantes que la ciudadanía se tiene que preguntar es por qué en los últimos tiempos la mayoría de los jueces y juezas o personas designadas en el Ministerio Público han sido previamente funcionarios y funcionarias del gobierno de turno.
¿Qué papel tienen los medios de comunicación en el análisis de la violencia de género?
Me quiero detener en el tratamiento que hizo parte de la prensa del tema de Robbio Saravia. Muchos periodistas trataron este tema con mucho respeto y conocimiento pero otros, lamentablemente, no.
Algunos colegas, especialmente varones, han criticado de una manera exacerbada a la Multisectorial de Mujeres y al Observatorio de Violencia contra las Mujeres (porque no habían presentado una impugnación en contra Robbio Saravia antes de que el gobernador retirara el pliego).
Creo que lo hicieron desde una postura machista. Lo que hicieron es lo que quizás hacen en sus casas: ordenarnos a las mujeres qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer.
Como no hicimos lo que esperaban, apelaron a la punición pública en los medios.
Muchos opinaron sin conocer la ley 7.863, de creación del Observatorio, y el reglamento interno del Consejo de la Magistratura.
Por eso apelo a la responsabilidad profesional. Alguno sigue criticando a las mujeres del Observatorio. Debo inferir que aquí hubo intereses personales.
Otros salieron a cuestionar a la Multisectorial porque sacamos un documento del tema después de que el gobernador retiró el pliego. Pero el plazo de impugnación no había vencido.
Los que nos criticaron fueron los mismos que se quejaron cuando hicimos una presentación contra el juez Víctor Soria (que le había prohibido la interrupción del embarazo a una niña de 13 años golpeada, violada y embarazada por su padrastro).
Toda la ciudadanía tiene el derecho y deber de recolectar información para impugnar a un candidato si lo cree necesario.
Quiero solidarizarme con compañeras de la Multisectorial de Mujeres, como Violeta Carrique, presidenta de la Comisión de la Mujer de la UNSa, que fue maltratada por un periodista porque ella quería hablar sobre el caso de Robbio Saravia pero no prestarse a escrachar al Observatorio de Violencia. También con las compañeras del Observatorio, Alicia Ramos y Laura Postiglione, quienes fueron maltratadas y criticadas, lo que configura violencia mediática y simbólica de género.
Lo que celebro es que todo este debate haya servido para que el Gobierno enviara en las últimas horas parte del presupuesto que adeudaba al Observatorio de Violencia contra las Mujeres como ente autónomo.