Hoy comenzará una audiencia presidida por la jueza civil de Tartagal, Claudia Yance, en la cual, de prosperar la acusación promovida entre otros por la fiscal Griselda Nieto, el resultado previsible es que la finca Cuchuy, de 11 mil hectáreas, cambie de propietarios a través de un remate.
Por las características del litigio, las indefiniciones del ordenamiento territorial vigente en la provincia dejan un vacío jurídico por el cual se vuelve incierto proyectar una inversión agroganadera, como la que postula el programa Salta 2030, erigido como bandera por el Consejo Económico Social.
En esas inconsistencias radica este conflicto. La demanda involucra a los productores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, a quienes se les reclama el pago de 171.413.473 pesos para "mitigar el daño ambiental" supuestamente producido por el desmonte en dos lotes sobre la ruta 81, a unos 60 kilómetros de Embarcación, en el departamento San Martín. Además, exige clausurar el predio por veinte años hasta que se recupere el monte nativo. Por este desmonte, los Karlen ya fueron condenados por "desobediencia judicial " al no haber acatado el cese del aprovechamiento forestal en los lotes.
El tema en cuestión se convertirá, sin duda, en caso testigo. Los propietarios argumentan que ese desmonte se ejecutó conforme a lo que indica la ley 7070, en un área que reúne todas las características de lo que se denomina "zona verde", que en el ordenamiento territorial se considera disponible para la actividad rural.
La prohibición desacatada invocaba un decreto ya derogado que habilitaba el cambio de uso de suelos (pasó de amarillo a verde), luego del muy cuestionado ordenamiento territorial que solo sirvió para paralizar la producción rural.
La fiscal arguye que "la devastación de flora y fauna obligó a la migración de criollos y comunidades originarias". Lo cierto es que si la finca es clausurada, todos ellos deberán irse definitivamente a otro lado.
Grave denuncia
A
60 años acumula la degradación del Chaco salteño debido a las prácticas ancestrales de ganadería sin manejo.
Desarrollo del norte: ¿proyecto o fantasía?
Si la Procuración tiene razón, los planes Belgrano y Salta 2030 son ficción El gobernador Juan Manuel Urtubey se pronunció reiteradamente por el desarrollo agroalimentario de Salta. Para lograrlo, es necesario un programa de producción sostenible. La finca Cuchuy ofrece un escenario característico del Chaco salteño, con un bosque nativo degradado por el pastoreo sin manejo y por la ausencia de inversiones.
La suma multimillonaria que le exigen a la familia Karlen por el desmonte suena a arbitraria por dos motivos. No parece que hayan arrasado con bienes naturales equivalentes a once millones de dólares y, por otra parte, no hubo similar severidad sobre las otras 455 mil hectáreas desmontadas en los últimos ocho años, muchas de ellas en la misma zona. Los Karlen insisten en que "no hay daño ambiental, no hay compromiso de recursos ni perjuicio a las comunidades". Además, el objetivo del desmonte, que se realizó preservando las áreas de reserva, las cortinas forestales y las escorrantías, es la producción de maíz, poroto y cártamo, y el sembrado de pasturas para ganadería.
Es decir, para generar alimentos y trabajo.
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Hoy comenzará una audiencia presidida por la jueza civil de Tartagal, Claudia Yance, en la cual, de prosperar la acusación promovida entre otros por la fiscal Griselda Nieto, el resultado previsible es que la finca Cuchuy, de 11 mil hectáreas, cambie de propietarios a través de un remate.
Por las características del litigio, las indefiniciones del ordenamiento territorial vigente en la provincia dejan un vacío jurídico por el cual se vuelve incierto proyectar una inversión agroganadera, como la que postula el programa Salta 2030, erigido como bandera por el Consejo Económico Social.
En esas inconsistencias radica este conflicto. La demanda involucra a los productores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, a quienes se les reclama el pago de 171.413.473 pesos para "mitigar el daño ambiental" supuestamente producido por el desmonte en dos lotes sobre la ruta 81, a unos 60 kilómetros de Embarcación, en el departamento San Martín. Además, exige clausurar el predio por veinte años hasta que se recupere el monte nativo. Por este desmonte, los Karlen ya fueron condenados por "desobediencia judicial " al no haber acatado el cese del aprovechamiento forestal en los lotes.
El tema en cuestión se convertirá, sin duda, en caso testigo. Los propietarios argumentan que ese desmonte se ejecutó conforme a lo que indica la ley 7070, en un área que reúne todas las características de lo que se denomina "zona verde", que en el ordenamiento territorial se considera disponible para la actividad rural.
La prohibición desacatada invocaba un decreto ya derogado que habilitaba el cambio de uso de suelos (pasó de amarillo a verde), luego del muy cuestionado ordenamiento territorial que solo sirvió para paralizar la producción rural.
La fiscal arguye que "la devastación de flora y fauna obligó a la migración de criollos y comunidades originarias". Lo cierto es que si la finca es clausurada, todos ellos deberán irse definitivamente a otro lado.
Grave denuncia
A
60 años acumula la degradación del Chaco salteño debido a las prácticas ancestrales de ganadería sin manejo.
Desarrollo del norte: ¿proyecto o fantasía?
Si la Procuración tiene razón, los planes Belgrano y Salta 2030 son ficción El gobernador Juan Manuel Urtubey se pronunció reiteradamente por el desarrollo agroalimentario de Salta. Para lograrlo, es necesario un programa de producción sostenible. La finca Cuchuy ofrece un escenario característico del Chaco salteño, con un bosque nativo degradado por el pastoreo sin manejo y por la ausencia de inversiones.
La suma multimillonaria que le exigen a la familia Karlen por el desmonte suena a arbitraria por dos motivos. No parece que hayan arrasado con bienes naturales equivalentes a once millones de dólares y, por otra parte, no hubo similar severidad sobre las otras 455 mil hectáreas desmontadas en los últimos ocho años, muchas de ellas en la misma zona. Los Karlen insisten en que "no hay daño ambiental, no hay compromiso de recursos ni perjuicio a las comunidades". Además, el objetivo del desmonte, que se realizó preservando las áreas de reserva, las cortinas forestales y las escorrantías, es la producción de maíz, poroto y cártamo, y el sembrado de pasturas para ganadería.
Es decir, para generar alimentos y trabajo.