El "botín" de las acciones de la Anses

Para los ultrakirchneristas, las acciones que el Estado tiene en 46 compañías a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses son un preciado "botín" que Macri va a devolver a esas empresas.

Para el populismo vernáculo, el Estado "recupera" estas acciones cuando las expropia y las "entrega" cuando simplemente las pone en venta en el mercado. Debemos partir del hecho incuestionable de que la estatización del sistema privado de jubilaciones supuso un cambio radical en las reglas de juego. Las empresas habían confiado en que sus acciones, en manos de fondos de inversión, que se limitaban a ejercer un rol de simple auditoría, no suponían interferencia alguna. Pero, esos representantes de las AFJP fueron sustituidos por agresivos funcionarios públicos que pretendían co-administrar las empresas. Parece obvio y evidente que a nadie le resulta grato que un "okupa" hostil se instale en nuestra vivienda.

Según el diario Página/12, en su etapa de gestión, los directores estatales habrían llevado a cabo una brillante labor: cuestionaron propuestas de honorarios para directores por encima de los aumentos promedio de salarios y consiguieron que se capitalizaran resultados para aumentar el capital social.

Gracias a esa presencia del Estado, los privados habrían contabilizado "ganancias crecientes, aumentaron inversiones, distribuyeron más dividendos e incrementaron la valorización de mercado de sus empresas".

En realidad, si se abandona la retórica, el caso más resonante de intervención se produjo con el Grupo Clarín, donde los representantes del Estado protagonizaron sendos incidentes que han dado lugar a su procesamiento penal.

Desde la perspectiva de la izquierda populista, la "propiedad es un robo", de modo que les parece natural que los directores estatales "conozcan" el movimiento interno de las empresas. Desde una perspectiva moderna, que pretende dar seguridad jurídica y ofrecer estabilidad de las reglas de juego a los inversores, estas intervenciones del Estado en las empresas privadas ahuyentan a los inversores.

Por otra parte, para los ultrakirchneristas, el esquema financiero para saldar la deuda con los jubilados por juicios con sentencias, o que iniciaron una causa judicial, sólo cierra con la liquidación de activos del FGS. Por consiguiente estaríamos ante un "fabuloso negocio" por más de 93.000 millones de pesos -monto de la valorización de esos paquetes de acciones- que el Estado se apresta a entregar a los inversores privados.

Consideran que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (el stock) no debería utilizarse para pagar deudas más haberes reajustados (el flujo) porque esa caja terminará vacía.

Desde una perspectiva jurídica es difícil aceptar que para conservar el stock se pueda mantener impagada indefinidamente una deuda reconocida en sentencia firme. Al menos, estos defensores tardíos del socialismo, no le admitirían esta jugada a un privado. Es probable, entonces, que para cumplir con el objetivo de regularizar la situación de los jubilados sea necesario, desde el punto de vista financiero haya que proceder a la venta de las acciones que el FGS tiene como consecuencia de intervenciones políticas en los mercados.

Pero, también hay que defender la medida como conveniente. Si el objetivo político del gobierno es "normalizar" el país, esto supone terminar con la presencia no deseada del Estado en las compañías privadas. En el marco de un sistema capitalista con solidado, es inconducente jugar al socialismo de Estado.

Para los ultrakirchneristas, las acciones que el Estado tiene en 46 compañías a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses son un preciado "botín" que Macri va a devolver a esas empresas.

Para el populismo vernáculo, el Estado "recupera" estas acciones cuando las expropia y las "entrega" cuando simplemente las pone en venta en el mercado. Debemos partir del hecho incuestionable de que la estatización del sistema privado de jubilaciones supuso un cambio radical en las reglas de juego. Las empresas habían confiado en que sus acciones, en manos de fondos de inversión, que se limitaban a ejercer un rol de simple auditoría, no suponían interferencia alguna. Pero, esos representantes de las AFJP fueron sustituidos por agresivos funcionarios públicos que pretendían co-administrar las empresas. Parece obvio y evidente que a nadie le resulta grato que un "okupa" hostil se instale en nuestra vivienda.

Según el diario Página/12, en su etapa de gestión, los directores estatales habrían llevado a cabo una brillante labor: cuestionaron propuestas de honorarios para directores por encima de los aumentos promedio de salarios y consiguieron que se capitalizaran resultados para aumentar el capital social.

Gracias a esa presencia del Estado, los privados habrían contabilizado "ganancias crecientes, aumentaron inversiones, distribuyeron más dividendos e incrementaron la valorización de mercado de sus empresas".

En realidad, si se abandona la retórica, el caso más resonante de intervención se produjo con el Grupo Clarín, donde los representantes del Estado protagonizaron sendos incidentes que han dado lugar a su procesamiento penal.

Desde la perspectiva de la izquierda populista, la "propiedad es un robo", de modo que les parece natural que los directores estatales "conozcan" el movimiento interno de las empresas. Desde una perspectiva moderna, que pretende dar seguridad jurídica y ofrecer estabilidad de las reglas de juego a los inversores, estas intervenciones del Estado en las empresas privadas ahuyentan a los inversores.

Por otra parte, para los ultrakirchneristas, el esquema financiero para saldar la deuda con los jubilados por juicios con sentencias, o que iniciaron una causa judicial, sólo cierra con la liquidación de activos del FGS. Por consiguiente estaríamos ante un "fabuloso negocio" por más de 93.000 millones de pesos -monto de la valorización de esos paquetes de acciones- que el Estado se apresta a entregar a los inversores privados.

Consideran que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (el stock) no debería utilizarse para pagar deudas más haberes reajustados (el flujo) porque esa caja terminará vacía.

Desde una perspectiva jurídica es difícil aceptar que para conservar el stock se pueda mantener impagada indefinidamente una deuda reconocida en sentencia firme. Al menos, estos defensores tardíos del socialismo, no le admitirían esta jugada a un privado. Es probable, entonces, que para cumplir con el objetivo de regularizar la situación de los jubilados sea necesario, desde el punto de vista financiero haya que proceder a la venta de las acciones que el FGS tiene como consecuencia de intervenciones políticas en los mercados.

Pero, también hay que defender la medida como conveniente. Si el objetivo político del gobierno es "normalizar" el país, esto supone terminar con la presencia no deseada del Estado en las compañías privadas. En el marco de un sistema capitalista con solidado, es inconducente jugar al socialismo de Estado.