La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) dio a conocer su parecer respecto del debate que instaló el Gobierno nacional para bajar la edad punible a 14 años. Este tema tuvo mucho rebote en los medios de comunicación.
"Con más de 30 años de existencia académica como asociación, consideramos que la reforma legislativa en materia penal juvenil, cuyo debate no rechazamos en la comisión a crearse o en el ámbito legislativo, no puede prever la baja de la edad de punibilidad sin cumplir la normativa internacional, nacional y provincial destinada a garantizar la verdadera y plena protección integral de los derechos de la infancia, en especial sus derechos económicos y sociales: salud, alimentación, educación, vivienda digna, y vivir en familia", señaló la entidad de un comunicado.
Este tema dividió las aguas y generó un fuerte revuelo político y en la misma sociedad. Ajunaf puso su mirada en los chicos. "La mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley penal son pobres, varones en su mayoría, y básicamente han cometido delitos contra la propiedad, como también cuentan con fuerte déficit en la escolarización y provienen de familias desintegradas, y de baja inserción en el mercado laboral formal", señalaron.
La Iglesia
Los profesionales también destacaron distintos conceptos que expresó el Papa sobre el tema. "El entonces cardenal Bergoglio -hoy nuestro papa Francisco-, ya había alertado sobre ello en la Carta leída a los jóvenes en la 31ª Peregrinación Juvenil a Luján (2 de octubre de 2005), cuando describía las carencias nutritivas, ambientales, de insalubridad y violencia para con los niños, y así afirmaba: "Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia; o, por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control, que va desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización".
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La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) dio a conocer su parecer respecto del debate que instaló el Gobierno nacional para bajar la edad punible a 14 años. Este tema tuvo mucho rebote en los medios de comunicación.
"Con más de 30 años de existencia académica como asociación, consideramos que la reforma legislativa en materia penal juvenil, cuyo debate no rechazamos en la comisión a crearse o en el ámbito legislativo, no puede prever la baja de la edad de punibilidad sin cumplir la normativa internacional, nacional y provincial destinada a garantizar la verdadera y plena protección integral de los derechos de la infancia, en especial sus derechos económicos y sociales: salud, alimentación, educación, vivienda digna, y vivir en familia", señaló la entidad de un comunicado.
Este tema dividió las aguas y generó un fuerte revuelo político y en la misma sociedad. Ajunaf puso su mirada en los chicos. "La mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley penal son pobres, varones en su mayoría, y básicamente han cometido delitos contra la propiedad, como también cuentan con fuerte déficit en la escolarización y provienen de familias desintegradas, y de baja inserción en el mercado laboral formal", señalaron.
La Iglesia
Los profesionales también destacaron distintos conceptos que expresó el Papa sobre el tema. "El entonces cardenal Bergoglio -hoy nuestro papa Francisco-, ya había alertado sobre ello en la Carta leída a los jóvenes en la 31ª Peregrinación Juvenil a Luján (2 de octubre de 2005), cuando describía las carencias nutritivas, ambientales, de insalubridad y violencia para con los niños, y así afirmaba: "Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia; o, por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control, que va desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización".