"Estamos desesperados y todavía no recibimos respuesta por parte de la Justicia y lo que es peor, la mujer que abusó de mi hijo cuando tenía 15 años sigue trabajando en el Juzgado de Violencia de Género de Metán y ni siquiera ha sido imputada", dijo la madre del chico.
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"Estamos desesperados y todavía no recibimos respuesta por parte de la Justicia y lo que es peor, la mujer que abusó de mi hijo cuando tenía 15 años sigue trabajando en el Juzgado de Violencia de Género de Metán y ni siquiera ha sido imputada", dijo la madre del chico.
La mujer denunció el 10 de agosto en la Comisaría 31 de Rosario de la Frontera que la empleada judicial, Carmen Patricia Álvarez (34), habría abusado de su hijo. Amplió la denuncia en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, el 15 de ese mes, para dar más precisiones.
Tras la presentación judicial, El Tribuno pudo saber que Álvarez acosaba sexualmente al menor y que en una oportunidad el chico le contó a su padre que él estaba en casa de Patricia, sentado en el sillón, y que la señora se sentó a la par, le tocó las partes íntimas y le dio un beso en la boca.
En su retórica sostuvo que el menor se terminó yendo porque se había asustado. Aseguró que la empleada judicial lo llamó por teléfono y le dijo que regresara. En el documento legal donde la madre del menor expuso la situación, aseguró sospechar que la empleada judicial "preparó el terreno", lo sentó en un sillón, le puso un preservativo e inicio el acto sexual. Dijo que fue la primera vez que el menor tenía relaciones sexuales.
Según la denunciante, sucedió entre Navidad y Año Nuevo, a fines de 2016, pero como recién habían tomado conocimiento, fueron de inmediato a radicar la denuncia el 10 de agosto de este año.
Negó las acusaciones
Por su parte, Álvarez negó las acusaciones en su contra al presentarse en forma espontánea en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, el 18 de septiembre, junto a su abogado Christian Morales Poma. Sobre los motivos de la denuncia en su contra, dijo que el miércoles 9 de agosto, fue con el padre del menor a alquilar una habitación para que se quedara el chico.
Una vez que salieron de ahí se quedaron a charlar en la vereda y que el padre del chico comenzó a intimarla por cuanto le quería dar la tenencia del menor, porque éste tiene problemas con la madre. Incluso, en sus declaraciones, deja entrever que la madre del menor pidió realicen de manera urgente la tenencia porque no soportaba la situación, que no lo quería en su casa.
La denunciada habría contestado que no podía hacerse cargo y para evitar problemas no la denunció. Sostuvo haberle recomendado a la madre del chico que hiciera la denuncia y explicitara por qué no quería tener a su hijo. En las declaraciones que expuso en la Fiscalía de Rosario, la empleada judicial sostuvo que le aclaró a los padres que ella tenía que priorizar a sus hijos y que hasta ahí llegaba su ayuda.
Más adelante relató que el padre del menor la llamó para pedirle que acompañe al chico al psiquiatra. Álvarez dijo que se enteró por el menor que tenía problemas con su madre, ya que lo corría del hogar y que la situación venía desde hacía mucho. También dijo que el menor contó que la madre le pegaba y que no podía llevar notas inferiores a ocho. Mencionó que prácticamente vivía en la calle.
Sigue sin ser imputada
A pesar de la grave denuncia en su contra, Álvarez no está imputada. Se hizo una averiguación preliminar en la que primero intervino el fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, quien actualmente está de licencia por enfermedad y fue reemplazado por la fiscal de Metán, Ana Inés Salinas.
Pero además, la empleada judicial se sigue desempeñando normalmente en el juzgado de Violencia Familiar y de género de Metán, a cargo del juez Carmelo Paz, quien se tuvo que inhibir, porque es una empleada de su juzgado. Por eso tomó intervención la jueza en lo Civil de Persona y Familia, Frida Lía Bosernitzan.
Por otra parte, actualmente el caso está a caratular, pero con anterioridad figuraba como averiguación preliminar caratulada Alvarez Patricia s/ abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, agravado por la convivencia.
Pidieron a la Corte de Justicia de Salta que intervenga
La denuncian por abuso y también porque incurrió en “desobediencia judicial”.
Ante la situación, los padres del menor supuestamente abusado por la empleada judicial del Distrito Judicial del Sur, solicitaron a la Corte de Justicia de Salta que intervenga directamente en el caso y que tome las medidas correspondientes.
A través de una extensa denuncia, pidieron que enviaran a la Secretaría de Sumarios de la Superintendencia de la Corte, órgano encargado del control de lo que sucede internamente en el Poder Judicial. En el escrito los padres no solo relatan lo sucedido con su hijo, sino que afirman que la mujer, quien trabaja en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, habría incurrido en “desobediencia judicial” respecto de las órdenes que habría recibido para mantenerse lejos y sin ningún tipo de contacto con la víctima. Por el contrario, aseguran que lo continúa viendo.
También los denunciantes hacen una puntillosa descripción de serios antecedentes que tendría la empleada. Entre ellos mencionan una causa judicial en la que ella estaba acusada de “encubrimiento de aborto” de una menor que habría sido abusada, en un hecho sucedido en el año 2012 (Expte. Nº 59071/12).
“Es llamativo que un hecho tan grave se encuentre prácticamente paralizado, que se haya dictado falta de mérito, razón por la cual estimo conveniente que se proceda a un exhaustivo análisis de la causa. El accionar de la Justicia aparentemente no fue muy diligente a pesar de la imputación de encubrimiento de aborto, que es un hecho que lamentablemente ocurrió”, aseguran en el escrito judicial de cinco carillas que hace 48 horas llegó a la Superintendencia de la Corte.
Allí también señalan otro episodio, ocurrido en una oficina del Distrito Judicial Sur, en la que la mujer habría agredido físicamente a otro empleado, con el que aparentemente tenía una relación amorosa, “por supuestos celos con la anterior pareja” del empleado.
Ante este cúmulo de hechos, solicitan a la Superintendencia que “se tomen las medidas que por ley administrativamente correspondan en contra (de la acusada) y si lo estima pertinente se tomen las restantes medidas”.