Una jueza de la Audiencia Nacional de España decretó hoy el ingreso a prisión sin fianza para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, investigados por sedición en relación con las protestas que tuvieron lugar en Barcelona ante un operativo contra el referéndum de secesión del 1 de octubre.
La magistrada Carmen Lamela, quien tomó la decisión a pedido de la Fiscalía tras interrogar a los dos activistas por segunda vez en calidad de investigados por un delito de sedición, penado con entre ocho y 15 años de cárcel, entendió que en las convocatorias realizadas por ambas entidades no se hizo un llamado a la manifestación pacífica.
El objetivo era la "protección" de los gobernantes catalanes que estaban a cargo de la logística del referéndum ilegal, mediante "movilizaciones ciudadanas masivas", según la sentencia.
Además, sostuvo que las movilizaciones “se enmarcan dentro de una compleja estrategia” con la que Cuixart y Sánchez “vienen colaborando hace tiempo” en la ejecución “de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”.
Tan pronto se hizo pública la resolución judicial, en Barcelona estalló un cacerolazo, y la ANC empezó a difundir en las redes sociales las medidas de protesta que se prevén para mañana, como un "paro" al mediodía ante los puestos de trabajo y concentraciones silenciosas a la tarde frente a las delegaciones del gobierno central español en Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona, las cuatro capitales de provincia de Cataluña.
"Pretenden encarcelar ideas, pero nos hacen más fuerte la necesidad de libertad", escribió el presidente catalán, Carles Pugidemont, en su primera reacción en Twitter a la detención de Sánchez y Cuixart.
Tras la decisión de la jueza, Cuixart divulgó a través de las redes sociales un video que grabó en caso de que fuera encarcelado en el que pide "serenidad y confianza ante la represión del Estado, que ya intuíamos que la no tendrían límites".
"Si es necesario volveremos a trabajar desde la clandestinidad", afirma Cuixart.
También en un video, Sánchez sostuvo que ante la lamentable decisión de la jueza, en un acto que "no responde a ningún principio de Justicia, que intenta atemorizarnos, y castigarnos por haber salido a la calle pacíficamente", la respuesta debe ser la "movilización permanente que nos debe llevar a la proclamación de la república".
Previamente, la magistrada dejó en libertad provisional al jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, a quien impuso la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio y de entregar su pasaporte, en el marco de la misma investigación por sedición en relación con el referéndum independentista celebrado este mes.
En su caso, la jueza rechazó el pedido del Ministerio Público de prisión incondicional sin fianza.
La magistrada explicó que adoptaba la medida teniendo en cuenta exclusivamente los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre, días en que se produjeron las protestas independentistas a raíz de un operativo policial ordenado por la Justicia española para impedir el referéndum del 1 de octubre.
No obstante, un informe de la Guardia Civil señala que el Jefe de la policía catalana, o Mossos d' Esquadra, tuvo un rol "ejecutor" en los planes del gobierno catalán del presidente Carles Puigdemont y de su vicepresidente, Oriol Junqueras, para celebrar el referéndum secesionista bajo prohibición judicial.
En ese sentido, en su resolución, a la que tuvo acceso Télam, la jueza dijo que "existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia para la ruptura de Cataluña con España, como el contenido del documento EnfoCAT hallado en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos de Junqueras o la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en la jornada del referéndum.
Además, remarcó que el sumario de la Guardia Civil -que contiene información obtenida de comunicaciones telefónicas autorizadas- habla de una “actividad de contravigilancia” de los Mossos para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la policía y la Guardia Civil.
Sin embargo, agregó, la actuación de Trapero “no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que en esos días sucedieron”, todo ello, “sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación”.
La jueza dejó también en libertad y con las mismas medidas cautelares a la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana.
El delito de sedición está penado con hasta 15 años de prisión en caso de que sea cometido por una autoridad, o en caso contrario, entre ocho y diez años.
Lamela investiga el papel que tuvo cada uno de los acusados en las concentraciones independentistas que se produjeron a raíz del principal operativo policial desplegado en Barcelona en los días previos al referéndum, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y que la Justicia ordenó impedir.
Al igual que sitúan a Trapero en una posición clave en la ejecución del referéndum, los investigadores consideran que Sánchez y Cuixart fueron fundamentales en la "hoja de ruta" secesionista y coordinaron directamente su estrategia con Puigdemont y Junqueras.
A su llegada a la Audiencia Nacional, un grupo de ciudadanos llamó a Sánchez y Cuixat "traidores" y "golpistas", mientras diputados independentistas y de la izquierda catalana los animaron con gritos como "No esteu sols" (No están solos).
Antes de interrogar a Trapero y a los dos líderes secesionistas, la jueza Lamela indagó en calidad de testigos a dos guardias civiles y una secretaria del juzgado número 13 de Barcelona que participaron del registro policial que tuvo lugar en el Departamento de interior catalán el pasado 20 de septiembre.
Los agentes y la secretaria permanecieron casi 24 horas encerrados en el lugar y tuvieron que abandonar el edificio a través de un teatro anexo, ante el asedio de los manifestantes independentistas, reunidos allí.
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Una jueza de la Audiencia Nacional de España decretó hoy el ingreso a prisión sin fianza para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, investigados por sedición en relación con las protestas que tuvieron lugar en Barcelona ante un operativo contra el referéndum de secesión del 1 de octubre.
La magistrada Carmen Lamela, quien tomó la decisión a pedido de la Fiscalía tras interrogar a los dos activistas por segunda vez en calidad de investigados por un delito de sedición, penado con entre ocho y 15 años de cárcel, entendió que en las convocatorias realizadas por ambas entidades no se hizo un llamado a la manifestación pacífica.
El objetivo era la "protección" de los gobernantes catalanes que estaban a cargo de la logística del referéndum ilegal, mediante "movilizaciones ciudadanas masivas", según la sentencia.
Además, sostuvo que las movilizaciones “se enmarcan dentro de una compleja estrategia” con la que Cuixart y Sánchez “vienen colaborando hace tiempo” en la ejecución “de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”.
Tan pronto se hizo pública la resolución judicial, en Barcelona estalló un cacerolazo, y la ANC empezó a difundir en las redes sociales las medidas de protesta que se prevén para mañana, como un "paro" al mediodía ante los puestos de trabajo y concentraciones silenciosas a la tarde frente a las delegaciones del gobierno central español en Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona, las cuatro capitales de provincia de Cataluña.
"Pretenden encarcelar ideas, pero nos hacen más fuerte la necesidad de libertad", escribió el presidente catalán, Carles Pugidemont, en su primera reacción en Twitter a la detención de Sánchez y Cuixart.
Tras la decisión de la jueza, Cuixart divulgó a través de las redes sociales un video que grabó en caso de que fuera encarcelado en el que pide "serenidad y confianza ante la represión del Estado, que ya intuíamos que la no tendrían límites".
"Si es necesario volveremos a trabajar desde la clandestinidad", afirma Cuixart.
También en un video, Sánchez sostuvo que ante la lamentable decisión de la jueza, en un acto que "no responde a ningún principio de Justicia, que intenta atemorizarnos, y castigarnos por haber salido a la calle pacíficamente", la respuesta debe ser la "movilización permanente que nos debe llevar a la proclamación de la república".
Previamente, la magistrada dejó en libertad provisional al jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, a quien impuso la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio y de entregar su pasaporte, en el marco de la misma investigación por sedición en relación con el referéndum independentista celebrado este mes.
En su caso, la jueza rechazó el pedido del Ministerio Público de prisión incondicional sin fianza.
La magistrada explicó que adoptaba la medida teniendo en cuenta exclusivamente los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre, días en que se produjeron las protestas independentistas a raíz de un operativo policial ordenado por la Justicia española para impedir el referéndum del 1 de octubre.
No obstante, un informe de la Guardia Civil señala que el Jefe de la policía catalana, o Mossos d' Esquadra, tuvo un rol "ejecutor" en los planes del gobierno catalán del presidente Carles Puigdemont y de su vicepresidente, Oriol Junqueras, para celebrar el referéndum secesionista bajo prohibición judicial.
En ese sentido, en su resolución, a la que tuvo acceso Télam, la jueza dijo que "existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia para la ruptura de Cataluña con España, como el contenido del documento EnfoCAT hallado en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos de Junqueras o la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en la jornada del referéndum.
Además, remarcó que el sumario de la Guardia Civil -que contiene información obtenida de comunicaciones telefónicas autorizadas- habla de una “actividad de contravigilancia” de los Mossos para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la policía y la Guardia Civil.
Sin embargo, agregó, la actuación de Trapero “no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que en esos días sucedieron”, todo ello, “sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación”.
La jueza dejó también en libertad y con las mismas medidas cautelares a la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana.
El delito de sedición está penado con hasta 15 años de prisión en caso de que sea cometido por una autoridad, o en caso contrario, entre ocho y diez años.
Lamela investiga el papel que tuvo cada uno de los acusados en las concentraciones independentistas que se produjeron a raíz del principal operativo policial desplegado en Barcelona en los días previos al referéndum, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y que la Justicia ordenó impedir.
Al igual que sitúan a Trapero en una posición clave en la ejecución del referéndum, los investigadores consideran que Sánchez y Cuixart fueron fundamentales en la "hoja de ruta" secesionista y coordinaron directamente su estrategia con Puigdemont y Junqueras.
A su llegada a la Audiencia Nacional, un grupo de ciudadanos llamó a Sánchez y Cuixat "traidores" y "golpistas", mientras diputados independentistas y de la izquierda catalana los animaron con gritos como "No esteu sols" (No están solos).
Antes de interrogar a Trapero y a los dos líderes secesionistas, la jueza Lamela indagó en calidad de testigos a dos guardias civiles y una secretaria del juzgado número 13 de Barcelona que participaron del registro policial que tuvo lugar en el Departamento de interior catalán el pasado 20 de septiembre.
Los agentes y la secretaria permanecieron casi 24 horas encerrados en el lugar y tuvieron que abandonar el edificio a través de un teatro anexo, ante el asedio de los manifestantes independentistas, reunidos allí.