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El Gobierno nacional descartó remover a Gils Carbó por decreto

El ministro de Justicia, Germán Garavano, señaló que impulsará una reforma de la ley de Ministerio Público: “Esperemos que la oposición nos acompañe”, dijo. 
Viernes, 20 de octubre de 2017 14:10

El Gobierno nacional señaló hoy que no recurrirá a un decreto presidencial para remover de su cargo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sino que impulsará una reforma de la ley de Ministerio Público, luego de que la Justicia declarara la inconstitucionalidad del juicio político como mecanismo para desplazar a la funcionaria: “Esperamos que la oposición nos acompañe”, dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano. 

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El Gobierno nacional señaló hoy que no recurrirá a un decreto presidencial para remover de su cargo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sino que impulsará una reforma de la ley de Ministerio Público, luego de que la Justicia declarara la inconstitucionalidad del juicio político como mecanismo para desplazar a la funcionaria: “Esperamos que la oposición nos acompañe”, dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano. 

En declaraciones a Clarín, el funcionario se expresó de esa forma luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials dictó la invalidez del artículo 76 de la ley orgánica del Ministerio Público.

“Por decreto no, sino que intentaremos reformar la ley, esperemos que la oposición nos acompañe”, dijo el ministro. Y agregó: “Se trata de un fallo judicial que estudiaremos con atención. En definitiva ratifica lo que hemos señalado ya cuando enviamos un proyecto de ley al Congreso, que la forma de remoción del procurador no está prevista constitucionalmente, y en esta línea lo que impulsaremos y lo que debe hacer el Congreso es reformar la ley de Ministerio Público”, afirmó Garavano.

La sentencia -que será apelada y discutida en Cámara- se da en medio de los constantes reclamos del Gobierno nacional para que la procuradora se aparte del cargo, quien fue procesada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio para la Procuración por el que se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones millonarias, cercanas a los $10 millones.
 

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