La muerte de Santiago Maldonado, cuyas causas aún no están definitivamente aclaradas, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del Estado argentino, la utilización política de la vida humana y una crisis incipiente, pero grave, de la soberanía argentina sobre el territorio nacional.
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La muerte de Santiago Maldonado, cuyas causas aún no están definitivamente aclaradas, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del Estado argentino, la utilización política de la vida humana y una crisis incipiente, pero grave, de la soberanía argentina sobre el territorio nacional.
En primer lugar, el cuerpo de Maldonado apareció en las aguas del río Chubut, en el mismo lugar donde probablemente murió, y todo indica que allí estuvo durante 72 días. Todas las especulaciones que se hicieron en ese período, incluyendo las torpezas de figuras del oficialismo como Elisa Carrió y otros funcionarios, así como la hipótesis de una desaparición forzada, se hubieran evitado si las fuerzas del Estado actuaban como correspondía desde el principio. Si el juez Guido Otranto hubiera ordenado un allanamiento conforme a las circunstancias, ejecutado por la Gendarmería nacional con los elementos disuasivos indispensables para desalojar las 12.500 hectáreas ocupadas ilegalmente por una organización extranjera, la Resistencia Ancestral Mapuche, es probable que se hubiera restablecido el orden sin costos en vidas humanas. A su vez, si apenas conocida la desaparición de Maldonado, el mismo juez hubiera ordenado un rastrillaje a fondo y en todo el predio, sin admitir los condicionamientos de los activistas, el cuerpo hubiera sido hallado en ese mismo momento y la autopsia hubiera sido inmediata.
La RAM, lejos de constituir una genuina comunidad indígena como las que abundan en nuestro país -y que viven en la miseria-, es una organización política que lucra con las flaque zas del Estado.
La utilización de la desaparición de Maldonado fue evidente y torpe. Apenas treinta y seis horas después de producida la refriega en la que se dio por desaparecido al artesano, la abogada Elisabeth Gómez Alcorta se presentó en varios medios dando por sentado que se trataba de una "desaparición forzosa", figura con la cual se intentó equiparar a la situación actual con las prácticas represivas clandestinas de la dictadura. Esa abogada, vinculada al CELS y excandidata porteña de Unidad Ciudadana, es la abogada de la dirigente jujeña Milagro Sala y del jefe de la RAM, Facundo Jones Huala.
Esa estrategia de utilización del caso se repitió con la aparición de testigos que luego se desdijeron, con declaraciones dirigidas por letrados partidarios y con las declaraciones politizadas de la familia de la víctima.
Incluso, como en el caso de Milagro Sala, lograron presionar a través de organismos internacionales, con intervenciones que, lejos de estar inspiradas en los derechos y la dignidad de la vida humana, se muestran sesgadas.
Cabe recordar que las patotas de la Tupac Amaru, fundada por Sala y financiada con fondos del Estado, son responsables de innumerables hechos de violencia paraestatal. Entre esos casos, se destacan las muertes de Luis Darío Condorí, un joven colla de Humahuaca que se opuso a que le usurparan sus terrenos, en 2012, y de Jorge Ariel Velázquez, de 22 años, asesinado durante las Paso de 2015, en San Pedro de Jujuy.
La muerte de Maldonado y todas las especulaciones que genera, son el resultado de la vulnerabilidad de las instituciones del Estado y las organizaciones políticas, más proclives a guiarse por mistificaciones y prejuicios que por la ley.
Detrás de todo esto, es claro que la soberanía argentina se encuentra amenazada. Una visión interesada de la historia muestra a la Conquista del Desierto como una avanzada contra los pueblos indígenas cuando, en realidad, fue la estrategia del incipiente Estado argentino para asegurar la soberanía en la Patagonia, en ese entonces reclamada por Chile.
Ese prejuicio revisionista se suma a la vulnerabilidad jurídica que otorga derechos sobre tierras, públicas o privadas, a organizaciones que se presentan como comunidades originarias sin que se les exija documentar tal identi dad.
Las imágenes de la búsqueda del cuerpo de Maldonado, con los ocupantes ilegales requisando y controlando a las fuerzas de seguridad indica hasta qué punto la Justicia argentina resigna sus atribuciones en beneficio de un grupo irregular. Estos sucesos, que nos llenan de dolor y vergenza, advierten que los derechos humanos no son todavía un valor consolidado y que el Estado y los gobiernos no son capaces de aplicar la ley, que para ser justa, debe ser pareja.