El juicio al exjuez federal de Orán Juan Raúl Reynoso se reanudó ayer con los testimonios de una jueza civil y dos abogados, quienes comprometieron más aún la situación de Reynoso respecto a las graves imputaciones que pesan en su contra. También declaró un reo condenado por narcotráfico, quien incurrió en una serie de contradicciones y la fiscalía hizo reserva de imputarle el delito de falso testimonio.
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El juicio al exjuez federal de Orán Juan Raúl Reynoso se reanudó ayer con los testimonios de una jueza civil y dos abogados, quienes comprometieron más aún la situación de Reynoso respecto a las graves imputaciones que pesan en su contra. También declaró un reo condenado por narcotráfico, quien incurrió en una serie de contradicciones y la fiscalía hizo reserva de imputarle el delito de falso testimonio.
La jueza en lo Civil y Comercial de Primera Nominación del distrito judicial Orán, Eugenia Fernández de Ulivarri, confirmó con más fuerza las denuncias del abogado David Arnaldo Leiva, quien en las audiencias pasadas ratificó que la libertad de los presos en el juzgado de Orán estaba tarifada. A la magistrada la convocaron como testigo en este proceso a raíz de un episodio que le tocó vivir a comienzos de 2013, cuando Reynoso ordenó la detención de su hermano, Joaquín Fernández, durante el allanamiento a una finca donde se desempeñaba como encargado.
Fernández de Ulivarri contó que en aquella oportunidad ella era fiscal de la Justicia ordinaria y que dos días después de la detención de Joaquín se presentó en su despacho el abogado Roberto Ortega Serrano y que le insinuó algo que la dejó estupefacta. "Me preguntó acerca de la situación de mi hermano, y le respondí que habíamos designado a un abogado para que se haga cargo del caso, y entonces me comentó que estas cosas se resuelven pagando", dijo. Y agregó: "Frente al comentario que me hizo el doctor Ortega Serrano le respondí que la libertad de mi hermano tenía precio". La magistrada indicó que cuando le preguntó si era verdad lo que le estaba diciendo, el letrado le contestó en estos términos: "Lo que pasa es que alguien tiene que pagarle la carrera a Camila". Se refería a la hija de Reynoso, de profesión cantante.
Ante una pregunta del fiscal Carlos Amad, la jueza norteña refirió que luego recibió la visita Ramón Antonio Valor, uno de los cuatro abogados que, según la fiscalía, integraban la banda lideraba por Reynoso y que eran los encargados de cobrar las coimas a los detenidos para ser beneficiados con la libertad. "Cuando le comenté la situación a este abogado, me sugirió que mantenga la calma, que no diga nada, porque todo lo que se dice en Orán se sabe", recordó. "¿Qué sintió frente a estas cosas", le preguntó Amad. La respuesta de Fernández de Ulivarri fue contundente: "Sentí miedo y un estupor muy grande porque nunca me imaginé que en mi vida me podían plantear algo así". Dijo que por toda esta situación se excusó de realizar una denuncia y lo que hizo fue hablar con el defensor de su hermano, Horacio Aguilar, a quien le comentó la insinuación que le hizo el abogado Ortega Serrano del pago de una coima.
Luego del Tribunal Oral convocó al recinto al abogado Aguilar, quien confirmó en un todo lo expresado por la jueza Fernández Ulivarri. "Nunca tuve indicios de que estas cosas podían pasar, pero ante el rumor que había en Orán de que estas cosas pasaban en el Juzgado Federal, pensé que podía ser cierto que se pedía dinero para liberar a presos", expresó el abogado. Aguilar explicó que la detención de Joaquín Fernández se produjo en el marco de un allanamiento solicitado por la AFIP en la finca donde trabajaba. "El procedimiento y la detención del señor Fernández fue algo arbitrario y esto nos llamó la atención porque estábamos frente a delito excarcelable, sobre todo porque el imputado era una persona que no tenía una función directiva dentro de la empresa allanada", señaló Aguilar.
Ramiro María Saravia, el otro abogado que declaró en la jornada de ayer, se refirió a la situación que vivió como defensor de los intereses de una empresa a la que el juzgado de Reynoso le secuestró un cargamento de mercadería valuada en 70 mil dólares, a mediados de 2014. Contó que por la excesiva demora en la resolución del caso concurrió varias veces al juzgado y que en una ocasión se le acercó un empleado y le manifestó que para liberar la mercadería "hay que ponerla". Y que esta persona le aclaró: "La plata no es para mi".
La jornada concluyó con el testimonio de Luis Alberto Vera, un detenido que está cumpliendo una condena por narcotráfico. El reo incurrió en una serie de contradicciones respecto a lo declaró en la instrucción sobre cómo Reynoso resolvió la situación de Marco Mástaka con el que fue detenido con un cargamento de droga y una importante suma de dinero. Por ese motivo el fiscal consideró que incurrió en falso testimonio.
Reflexión del querellante
“Qué huevos y qué banca hay que tener para hacerle semejante sugerencia a una funcionaria de la Justicia”. Esta fue la reflexión que hizo el querellante Carlos Garmendia al término del testimonio de la jueza Eugenia Fernández de Ulivarri, sobre la insinuación que le hicieron del pago de una coima para que el exjuez Reynoso liberara a su hermano. “Esta es una muestra más que evidente de que la libertad de los presos en el Juzgado de Orán estaba tarifada, como lo dijo el doctor Leiva”, expresó el letrado a El Tribuno. A su juicio, los testimonios de ayer “fueron a todas luces contundentes”. Garmendia actúa en representación de tres comerciantes de la carne de la provincia de Tucumán, quienes recuperaron la libertad luego de abonar una importante suma. “Dos de mis clientes pagaron seiscientos mil pesos cada uno”, aseguró el letrado.