El rey Felipe VI, a dos días del referéndum de secesión de Cataluña y como colofón de una jornada de masivas movilizaciones independentistas, acusó ayer al gobierno catalán de "quebrantar los principios democráticos" e intentar romper "la unidad de España" y advirtió que "es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional"
La intervención del monarca, inusual pero acorde a la grave crisis política e institucional que atraviesa España, supone un apoyo al gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy, así como una luz verde a una posible intervención, aún más dura, del Estado central en Cataluña ante la escalada del desafío independentista.
En el discurso no hubo ni una sola mención al "diálogo" que espera una gran parte de la sociedad catalana, tanto los independentistas como los que no lo son y ven con temor el rumbo que tomaron los acontecimiento tras la represión policial ordenada por Madrid el domingo para evitar el referéndum, que dejó casi 900 heridos.
"Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña", denunció Felipe VI en un mensaje televisado, que en Barcelona fue recibido con un intenso cacerolazo.
Asimismo, el Rey culpó al gobierno del presidente regional, Carles Puigdemont, de haber "quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho" y de haber "socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana", a la que "desgraciadamente" dividieron con el referéndum unilateral.
"Han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España", advirtió.
Ante esta situación "de extrema gravedad", el monarca ratificó "la responsabilidad de los legítimos poderes del Estado" de asegurar el orden constitucional", pareciendo preparar el terreno para que el gobierno español tome el control sobre la situación de Cataluña.
Sobre la mesa, el Ejecutivo de Rajoy tiene la Ley de Seguridad Nacional o la posibilidad de invocar el polémico artículo 155 de la Constitución, nunca antes utilizado en democracia y "demonizado" por los independentistas.
Este mecanismo, que exige la mayoría absoluta del Senado, dice de forma genérica que si una región no cumple con sus obligaciones o actúa gravemente contra el interés general de España, el gobierno puede adoptar medidas para su cumplimiento forzoso y para proteger el interés general. Sin embargo, no precisa cómo hacerlo.
Es por eso que el PP se mostró más partidario de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015 en acuerdo con el opositor Partido Socialista (PSOE), y que permite por decreto adoptar una serie de medidas excepcionales para "garantizar la defensa de España, y sus principios y valores constitucionales".
Las calles de Barcelona y Cataluña están siendo el termómetro de la peligrosa estrategia de confrontación que llevan adelante tanto por Puigdemont, quien avanza hacia una declaración unilateral de independencia, como Rajoy, que no ofrece más respuesta a esta crisis política que aplicar todo el peso de la ley.
En su única referencia a los militantes independentistas, que hoy se movilizaron masivamente en el marco de un "Paro de País", el Rey subrayó en su discurso que el Estado ofrece "vías constitucionales" para defender sus ideas.
"Ninguna solución. Ninguna mención a los heridos. Ninguna apelación al diálogo. Discurso irresponsable e indigno de un jefe de Estado", escribió en Twiter la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien aboga por una solución dialogada y defiende un referéndum pactado y legal.
Colau es una de las figuras que en Cataluña puede servir como "puente" entre las posiciones de los independentistas y los que no lo son, por lo cual, su reacción es una señal de que el mensaje del Rey no servirá para rebajar la tensión.
Si bien el movimiento independentista es pacífico, los "escraches" de las últimas 48 horas de manifestantes a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en Cataluña -quienes estuvieron a cargo de la represión en el referéndum-, muestran que la fractura con la autoridad que representa el gobierno central es cada vez mayor.
El "paro general" de hoy, que unió a los trabajadores, la patronal y las organizaciones independentistas, así como miles de catalanes que querían expresar su rechazo a la represión policial, contribuyó a mostrar un clima de rebeldía política contra la "injusticia" cometida por el Ejecutivo central.
Miles de personas, la gran mayoría jóvenes, se concentraron desde el mediodía en la plaza Universidad y poco a poco colapsaron las calles y se dirigieron rumbo al Parlamento catalán, con el puño en alto y al grito de "inde-inde-independencia", mostrando su respaldo a secesión unilateral.
En el camino, sobre la vía Laiteana, ante la sede de la Policía Nacional, los manifestantes elevaron el tono recurriendo al ya famoso lema de los independentistas, "Fuera las fuerzas de ocupación".
Además, unas 2.000 personas se congregaron por la mañana frente a la sede del PP de Rajoy, donde lanzaron al aire boletas del referéndum del 1 de octubre, en el que el 90% de los 2,2 millones de personas que votaron lo hicieron a favor de independizarse de España.
En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo central tiene preparadas todas las actuaciones para evitar que se siga "pisoteando" la libertad en Cataluña y para evitar los "comportamientos mafiosos" que cree que se están sucediendo en la norteña región.
Sin embargo, fue el uso de la fuerza policial, justificado por la ilegalidad del referéndum, lo que hizo escalar la espiral de violencia. La intervención no sólo no evitó que los catalanes votaran a favor de independizarse sino que provocó una mayor distanciamiento de los catalanes no secesionistas con el Ejecutivo central del PP.
"Yo primero que todo soy pacifista, fui a votar pensando en poner 'No', pero cuando llegué opté por el 'Sí', porque estaba muy exaltada con todo lo que había pasado", dijo a Télam la manifestante Claudia Torner, mientras participaba de la protesta en rechazo a la violencia.
"Me da bastante pánico todo lo que pueda pasar, que escale la violencia, y también si Puigdemont declara la independencia. En ese caso, cambiaré de bando", añadió.
Tras el referéndum que resultó favorable a la secesión, Puigdemont dijo que trasladaría el resultado al Parlamento catalán, que según la ley de la consulta elaborada por los propios independentistas, debe declarar la independencia en un plazo de 48 horas.
En este escenario, el líder secesionista reclamó una "mediación internacional" para este conflicto, que se convirtió en la mayor amenaza a la estabilidad política de España en los últimos 40 años de democracia.
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El rey Felipe VI, a dos días del referéndum de secesión de Cataluña y como colofón de una jornada de masivas movilizaciones independentistas, acusó ayer al gobierno catalán de "quebrantar los principios democráticos" e intentar romper "la unidad de España" y advirtió que "es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional"
La intervención del monarca, inusual pero acorde a la grave crisis política e institucional que atraviesa España, supone un apoyo al gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy, así como una luz verde a una posible intervención, aún más dura, del Estado central en Cataluña ante la escalada del desafío independentista.
En el discurso no hubo ni una sola mención al "diálogo" que espera una gran parte de la sociedad catalana, tanto los independentistas como los que no lo son y ven con temor el rumbo que tomaron los acontecimiento tras la represión policial ordenada por Madrid el domingo para evitar el referéndum, que dejó casi 900 heridos.
"Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña", denunció Felipe VI en un mensaje televisado, que en Barcelona fue recibido con un intenso cacerolazo.
Asimismo, el Rey culpó al gobierno del presidente regional, Carles Puigdemont, de haber "quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho" y de haber "socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana", a la que "desgraciadamente" dividieron con el referéndum unilateral.
"Han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España", advirtió.
Ante esta situación "de extrema gravedad", el monarca ratificó "la responsabilidad de los legítimos poderes del Estado" de asegurar el orden constitucional", pareciendo preparar el terreno para que el gobierno español tome el control sobre la situación de Cataluña.
Sobre la mesa, el Ejecutivo de Rajoy tiene la Ley de Seguridad Nacional o la posibilidad de invocar el polémico artículo 155 de la Constitución, nunca antes utilizado en democracia y "demonizado" por los independentistas.
Este mecanismo, que exige la mayoría absoluta del Senado, dice de forma genérica que si una región no cumple con sus obligaciones o actúa gravemente contra el interés general de España, el gobierno puede adoptar medidas para su cumplimiento forzoso y para proteger el interés general. Sin embargo, no precisa cómo hacerlo.
Es por eso que el PP se mostró más partidario de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015 en acuerdo con el opositor Partido Socialista (PSOE), y que permite por decreto adoptar una serie de medidas excepcionales para "garantizar la defensa de España, y sus principios y valores constitucionales".
Las calles de Barcelona y Cataluña están siendo el termómetro de la peligrosa estrategia de confrontación que llevan adelante tanto por Puigdemont, quien avanza hacia una declaración unilateral de independencia, como Rajoy, que no ofrece más respuesta a esta crisis política que aplicar todo el peso de la ley.
En su única referencia a los militantes independentistas, que hoy se movilizaron masivamente en el marco de un "Paro de País", el Rey subrayó en su discurso que el Estado ofrece "vías constitucionales" para defender sus ideas.
"Ninguna solución. Ninguna mención a los heridos. Ninguna apelación al diálogo. Discurso irresponsable e indigno de un jefe de Estado", escribió en Twiter la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien aboga por una solución dialogada y defiende un referéndum pactado y legal.
Colau es una de las figuras que en Cataluña puede servir como "puente" entre las posiciones de los independentistas y los que no lo son, por lo cual, su reacción es una señal de que el mensaje del Rey no servirá para rebajar la tensión.
Si bien el movimiento independentista es pacífico, los "escraches" de las últimas 48 horas de manifestantes a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en Cataluña -quienes estuvieron a cargo de la represión en el referéndum-, muestran que la fractura con la autoridad que representa el gobierno central es cada vez mayor.
El "paro general" de hoy, que unió a los trabajadores, la patronal y las organizaciones independentistas, así como miles de catalanes que querían expresar su rechazo a la represión policial, contribuyó a mostrar un clima de rebeldía política contra la "injusticia" cometida por el Ejecutivo central.
Miles de personas, la gran mayoría jóvenes, se concentraron desde el mediodía en la plaza Universidad y poco a poco colapsaron las calles y se dirigieron rumbo al Parlamento catalán, con el puño en alto y al grito de "inde-inde-independencia", mostrando su respaldo a secesión unilateral.
En el camino, sobre la vía Laiteana, ante la sede de la Policía Nacional, los manifestantes elevaron el tono recurriendo al ya famoso lema de los independentistas, "Fuera las fuerzas de ocupación".
Además, unas 2.000 personas se congregaron por la mañana frente a la sede del PP de Rajoy, donde lanzaron al aire boletas del referéndum del 1 de octubre, en el que el 90% de los 2,2 millones de personas que votaron lo hicieron a favor de independizarse de España.
En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo central tiene preparadas todas las actuaciones para evitar que se siga "pisoteando" la libertad en Cataluña y para evitar los "comportamientos mafiosos" que cree que se están sucediendo en la norteña región.
Sin embargo, fue el uso de la fuerza policial, justificado por la ilegalidad del referéndum, lo que hizo escalar la espiral de violencia. La intervención no sólo no evitó que los catalanes votaran a favor de independizarse sino que provocó una mayor distanciamiento de los catalanes no secesionistas con el Ejecutivo central del PP.
"Yo primero que todo soy pacifista, fui a votar pensando en poner 'No', pero cuando llegué opté por el 'Sí', porque estaba muy exaltada con todo lo que había pasado", dijo a Télam la manifestante Claudia Torner, mientras participaba de la protesta en rechazo a la violencia.
"Me da bastante pánico todo lo que pueda pasar, que escale la violencia, y también si Puigdemont declara la independencia. En ese caso, cambiaré de bando", añadió.
Tras el referéndum que resultó favorable a la secesión, Puigdemont dijo que trasladaría el resultado al Parlamento catalán, que según la ley de la consulta elaborada por los propios independentistas, debe declarar la independencia en un plazo de 48 horas.
En este escenario, el líder secesionista reclamó una "mediación internacional" para este conflicto, que se convirtió en la mayor amenaza a la estabilidad política de España en los últimos 40 años de democracia.