Laura Postiglione fue elegida en 2017 como presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta en reemplazo de Alfonsina Morales.
En diálogo con El Tribuno, hizo un balance de un año que termina con más de 20 femicidios, cuando en 2016 se habían registrado 10.
Aseguró que falta trabajar para que los tres poderes del Estado apliquen las recomendaciones del organismo y destacó que hay sectores que todavía se resisten a trabajar en el tema, como algunos profesionales de la salud. Además, destacó que la violencia de género no admite recortes de presupuesto.
inicia sesión o regístrate.
Laura Postiglione fue elegida en 2017 como presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta en reemplazo de Alfonsina Morales.
En diálogo con El Tribuno, hizo un balance de un año que termina con más de 20 femicidios, cuando en 2016 se habían registrado 10.
Aseguró que falta trabajar para que los tres poderes del Estado apliquen las recomendaciones del organismo y destacó que hay sectores que todavía se resisten a trabajar en el tema, como algunos profesionales de la salud. Además, destacó que la violencia de género no admite recortes de presupuesto.
¿Qué balance hace de este año, que termina con más del doble de femicidios que 2016? ¿Hay algún principio de análisis sobre lo que pasó?
Nos preocupa mucho que este año tengamos el doble de casos que el año pasado. Igual, venimos sostenidamente entre los primeros lugares a nivel nacional.
Si bien se han instalado algunos temas en la agenda pública, todavía no se logró calar en la tolerancia social a la violencia y en la presencia de prejuicios y estereotipos de género en la gestión, tanto judicial como del Ministerio Público y de la administración del Estado.
Cambiar la forma de pensar es una labor que implica mucho. A veces digo que hay una especie de doble discurso porque, por un lado, se plantea el “Ni Una Menos” y, por otro, uno prende el televisor y se siguen viendo los estereotipos en el discurso social.
Persiste esta mirada sobre la culpabilidad de las mujeres cuando son víctimas de violencia.
Creo que el caso más llamativo en ese sentido fue el del femicidio en el dique Cabra Corral. Mucha gente en las redes sociales salió a culpabilizar rápidamente a la víctima y a decir cosas como: ‘¿Por qué estaba ahí?’ o ‘Estaba de joda’.
En el sentido de la Justicia, en uno de los casos, a un hombre que aparentemente había sido detenido por hechos de violencia se lo liberó solo teniendo en cuenta lo que la víctima expresó.
Aquí también empieza a jugar la necesidad de fortalecer la formación. Cualquiera que está inmerso en el tema sabe que, aunque la mujer no se reconozca como víctima, no deja de serlo. Aunque la mujer pretenda proteger al agresor o hasta quiera levantar la denuncia, que es muy frecuente, no deja de estar en riesgo.
Vemos la necesidad urgente de articular mecanismos de carácter objetivo para que, fuera del criterio personal que tenga cada uno de los funcionarios intervinientes, pueda estipularse cuando hay un riesgo alto. Y hay muchas formas de medirlo con mecanismos probados. Esto nos va a llevar a ir cambiando miradas y erradicando los prejuicios.
En el caso del femicidio en el penal de Villa las Rosas, el primero del año, tenemos a funcionarios que tomaron el criterio de que había que dar el permiso para el ingreso (de la víctima a la cárcel). Entonces, basta simplemente con decir que, cuando hay violencia, no se permitan las visitas porque puede haber un riesgo para la mujer. Parece hasta de sentido común pero, al no estar estipulado en ninguna parte, ahí es donde se juega la delgada línea.
Este año fue económicamente complicado y se dio una reducción de gastos o achique de estructuras en el Gobierno de la Provincia, producto de lo cual el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia fue absorbido por el de Gobierno. Es justamente el área que tiene a cargo trabajar en la prevención. ¿Cómo lo analizan?
En principio, queremos ver efectivamente cómo se van a organizar. Las estructuras todavía no están cerradas. Las personas que quedan, vienen con una experiencia y trabajando bastante bien. Esperamos que se continúe en ese sentido y que no haya un recorte en el presupuesto destinado para esta problemática.
Si bien somos muy conscientes de la necesidad de articular para sacar el mejor provecho de los recursos de la Provincia tiene, también es cierto que si no se invierte en campañas y espacios de asistencia a las víctimas como los refugios...
Hasta el momento desconozco si habrá recortes en ese sentido. Estimo que no porque son programas que no se pueden achicar. En el caso de que haya una propuesta en este sentido nos vamos a oponer fervientemente.
De por sí, el análisis que hacemos desde el Observatorio es que los recursos asignados hasta el momento para el abordaje de la violencia son escasos y deberían multiplicarse.
Este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente resolvió que no se puede dar educación religiosa en horas de clase en las escuelas públicas. ¿Tienen un posicionamiento sobre el tema?
Institucionalmente, no. Todavía no lo hemos conversado en el directorio. No puedo emitir una opinión como observatorio. Personalmente, me parece que es un fallo a favor de los derechos y de la diversidad. Lamentablemente, mientras se daba educación religiosa y todos los actos religiosos católicos que implicaba adentro de las aulas, lo que se generaba era una discriminación hacia las personas que no se sentían parte de ese credo.
El observatorio siempre levanta las banderas del respeto por los derechos y la diversidad.
Me parece que son los cambios importantes y esperamos que este cambio vinculado a la educación religiosa sea acompañado de una mayor aceptación e incorporación de la educación sexual integral. Son como dos temas que siempre fueron de la mano por las resistencias que se genera, por la dificultad, por la resistencia de algunos padres que todavía ven con muchas dudas la educación sexual integral.
Hemos hecho una investigación en 2016 en colegios de la ciudad de Salta, donde todos estos prejuicios, dudas e inquietudes de los padres surgieron. Incluso, de los docentes que no se sentían preparados o no se sentían acompañados institucionalmente para dar estos contenidos. Espero que la apertura a una escuela laica dé lugar para discutir otros tópicos, como la educación sexual integral, la prevención de la violencia de género y la inclusión de la diversidad, un tema del que poco se habla.
En una encuesta que hicimos nos surgió el dato de que la escuela es el primer lugar de donde se sienten expulsadas muchas personas trans.
La emergencia por violencia de género rige desde 2014 y ahora está vigente por ley ¿Qué evaluación hacen sobre los cambios que hubo desde que se implementó?
A partir de la emergencia hubo varios cambios institucionales. Se crearon el observatorio, defensorías y juzgados de violencia. Estos cambios no significan, de por sí, que van a disminuir los casos de violencia.
Para la disminución de la violencia contra las mujeres hacen falta políticas públicas vinculadas a la erradicación de estereotipos, al mejoramiento de la asistencia.
Sí creo que se ha mejorado la asistencia y la creación del observatorio, por supuesto, me parece que fue importante.
Con respecto al observatorio, tenemos dificultad para que se vuelquen en políticas públicas y en cambios de prácticas aquellas recomendaciones que les hacemos a los poderes. Eso es un pendiente.
Pero el tema de la emergencia, como dije hace tres o cuatro años, creo que a nivel simbólico nos permite dimensionar cuál es la realidad en nuestra provincia.
La realidad es que estamos en emergencia y eso nos ayuda a posicionarnos con mucha firmeza ante muchos sectores que todavía están reticentes a trabajar en el tema, como en el área de la salud, tanto pública como privada. Tengo que señalar que se nos han abierto muchas puertas en salud pero todavía hay muchas resistencias.
¿Por parte del personal?
El personal. Los directivos nos han abierto las puertas pero todavía hay mucha resistencia, sobre todo en el ámbito de los profesionales de la salud y de los médicos, sin pretender señalar a nadie.
Hay sectores que todavía piensan que no es un ámbito de su competencia. Es como que esperan que al tema lo trabajen otros organismos.
Los enfermeros tienen otra disposición. Por ahí son más abiertos. Es propio de ir avanzando.
¿Todavía no se toma el peso cuando el observatorio señala, por ejemplo, que la mitad de los municipios no tiene áreas de prevención o asistencia a las víctimas? ¿Todavía no hay respuesta?
Creo que son procesos más lentos. Se da la particularidad de este momento del país, cuando hay recortes y ajustes y nadie quiere abrir nuevas oficinas. Es bastante complejo.
Creo que nos han abierto las puertas de todos los municipios. Eso también es importante. Los que no tienen actualmente oficinas, sí se sienten interpelados por la necesidad de hacerlo a la brevedad. Pero hay que señalarlo. Si uno lo plantea en un informe eso también llama la atención, no solo a los intendentes sino a todos los organismos.
Las reformas laborales que se están definiendo y la previsional, ¿pueden dejar más vulnerables a las mujeres?
Sí. La feminización de la pobreza indica de qué manera las circunstancias de vulnerabilidad social nos afectan más a las mujeres por la desigualdad estructural que hay.
A las mujeres nos cuesta más conseguir trabajo y conseguir trabajos de calidad. Generalmente, las mujeres de menores recursos tienen trabajos más precarizados. Y el trabajo doméstico todavía no tiene la importancia, no solo simbólica, sino económica que implica.
Está estudiado por el INDEC que Salta es una de las provincias con mayor inequidad en reparto de horas de trabajo doméstico entre varones y mujeres de la misma casa. Creo que son muchas las cuestiones que hacen que seamos las más perjudicadas y vulnerables en estos ajustes económicos, porque la desigualdad se suma a otras desigualdades.
Es bastante conocido que el tema económico para la víctima de violencia es muy determinante en la mayoría de los casos. Muchas veces tienen el temor de dónde van a vivir y qué le van a dar de comer a sus hijos. El tema de la pobreza y de la vulnerabilidad social se vincula mucho con el de la violencia contra las mujeres.
¿Puede definir, en materia de género, un avance y un retroceso para 2017?
Un avance es la apertura de algunas áreas de salud para empezar a trabajar los protocolos de asistencia sanitaria a las víctimas de violencia. De hecho, el hospital San Bernardo hoy está trabajando con un protocolo que hemos presentado en conjunto con ellos y tiene una oficina de violencia.
Y creo que todos estos ajustes económicos son retrocesos, principalmente para las mujeres. Creo que todavía hay una cuestión de vulnerabilidad de las mujeres que están en situación de pobreza que se va a complejizar y se va a profundizar con todas estas medidas de ajuste y de reforma previsional y laboral.