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La educación para originarios, en peligro de extinción

Denuncian el cierre de la modalidad de Educación Intercultural Bilinge. La nueva tendencia en educación intenta descentralizar fondos y funciones.
Viernes, 17 de febrero de 2017 00:00
Escuela de Padre Lozano, con alto porcentaje de niños wichi

Investigadores, docentes, intelectuales, extensionistas y trabajadores en territorios de pueblos originarios están preocupados por la avanzada contra la Educación Intercultural Bilinge. Se trata de una estrategia perfeccionada de descentralización en educación como política central, implantada por el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich.

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Investigadores, docentes, intelectuales, extensionistas y trabajadores en territorios de pueblos originarios están preocupados por la avanzada contra la Educación Intercultural Bilinge. Se trata de una estrategia perfeccionada de descentralización en educación como política central, implantada por el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich.

La idea de descentralizar es delegar funciones y recursos de Nación a las provincias; y de éstas hacia los municipios.

En los primeros días de febrero, desde el mismo Ministerio surgieron informaciones sobre las modificaciones en la estructura, por la cual dejaría de existir la actual Dirección Nacional de Gestión Educativa que tiene bajo su órbita a las EIB. El mismo destino de incertidumbre pasan a tener ahora las orientaciones de Educación Técnico Profesional, Educación Artística, Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Rural, Educación en Contextos de Privación de la Libertad, y, Educación Domiciliaria y Hospitalaria, y las Direcciones de nivel (Inicial, Primaria, Secundaria y Superior).

Y Salta siempre fue protagonista en esta modalidad. La diversidad de pueblos originarios le dio siempre el estatus de “innovadora” en cuanto a estrategias metodológicas y didácticas específicas que se lograban en base a investigaciones y capacitaciones.

El proyecto educativo, cultural y sociolingístico tiene más de 40 años de desarrollo en Salta, y siempre estuvo contextualizado, nutrido y actualizado con los movimientos pedagógicos más innovadores de Argentina y Latinoamérica.

“Para Salta será dar de baja las líneas de financiamiento para la modalidad específica. Es decir que peligran los profesorados de Auxiliares Bilinges y las capacitaciones docentes sobre el tema, por lo que pasarán a profesorados y capacitaciones de la educación general. Es decir que se pierde la especificidad y se tiende a la invisibilidad”, dijo Adriana Serrudo, que es una antropóloga salteña, egresada de la UNSa, que trabaja en Formación Docente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Lo que dice la especialista es que con esta iniciativa todo el trabajo de formación se hará con docentes que trabajan en territorios y con los que trabajan en ciudades, en contexto de encierro, con los de las técnicas; todos juntos. Y es lógico saber que cada contexto de trabajo tienen características únicas. Pierden por lo tanto, el trabajo que venían realizando para preservar y fortalecer sus pautas culturales, las lenguas, la cosmovisión e identidad étnica de cada uno de los pueblos originarios como una pauta institucional dentro del sistema educativo.

“No tenemos nada de información oficial”, dijo por su parte la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Analía Berruezo.

“Eso se tendrá que dar dentro de una negociación entre Nación y las provincias. Si llega a suceder yo quiero garantizar que se hará el máximo esfuerzo para garantizar la continuidad”, amplió la funcionaria.

Sucede que también se debe entender que las buenas intensiones de la ministra están condicionadas por la economía, la política y la vuelta de las tendencias al positivismo que ya se pensaba superado.

Entender la nueva  política educativa

Cada movimiento solo se puede entender en el gran ajedrez de la concepción política que mantiene el sector que gobierna actualmente el país. Con las definiciones de políticas diseñadas en Buenos Aires, se quiere un Ministerio nacional con pocas funciones. Se intenta delegar funciones y recursos a las provincias con el argumento de que la cercanía es la mejor herramienta para administrar bien los recursos.

En ese marco se entiende que Bullrich no quiere una negociación paritaria a nivel nacional sino que considera que cada gobernador entiende y conoce los recursos con los que dispone para una negociación más realista.

En ese mismo camino, la Secretaría de Gestión Educativa de Nación pasó a ser de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa. La desmantelada oficina era la encargada de la coordinación de las ocho modalidades nacionales mencionadas para que tengan una articulación con los ministerios de Educación de las provincias.

Sin embargo, hay una paradoja que si bien no se entiende tiene una lógica bastante firme.

Lo único que no se descentraliza es la evaluación. Los principales operadores del Ministerio le dan una importancia fundamental a los números de la evaluaciones de calidad en educación, que luego son comparadas con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés).

Entonces descentraliza las funciones, recursos y responsabilidades y se evalúa de manera homogénea y con instrumentos estandarizados para los niños de las escuelas como si todo el país fuera uno solo. No atienden la diversidad de lenguas, culturas, formas de ver y aprehender el mundo y se imparte la enseñanza de forma bancarizada, estandarizada y se evalúa en consecuencia.

En pocas palabras se puede llegar a decir la nueva lógica en la política educativa es repartir obligaciones y quedarse con el control de la evaluación como argumento para ejecutar políticas.

Marco constitucional

Es fundamental destacar que la EIB en Argentina se encuentra respaldada por un marco legal tanto nacional como internacional producto de la lucha por el reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indígenas a los cuales nuestro país suscribe y que han sido refrendados oportunamente por el Congreso Nacional.

La Constitución Nacional, reformada en 1994, en su artículo 75, inciso 17, garantiza el respeto a la identidad de los pueblos indígenas y el derecho a una educación bilinge e intercultural. Una de sus consecuencias más importantes ha sido su creación y difusión.

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