Invocando presuntas irregularidades detectadas por varios organismos de control, el Ministerio de Energía ordenó rescindir un importante contrato con la empresa Odebrecht para realizar la segunda ampliación de gasoductos troncales. Según admitieron fuentes oficiales, la decisión va a derivar en un pago millonario a la compañía por resarcimiento, ya que ninguno de los jueces involucrados en el análisis de las presuntas irregulariades produjo un dictamen que dé soporte a la determinación oficial.
Se da así la paradójica situación de que el Tesoro argentino va a compensar económicamente a la constructora que en Brasil, su país de origen, está probadamente implicada en maniobras de corrupción investigadas en el marco del Lava Jato.
En despachos oficiales comenzaron a calcular cuánto se le debe a la firma por cuestiones propias del contrato mientras estuvo vigente (redeterminaciones de precios pendientes, costos asociados a la suspensión de obras, etc). Del análisis o negociación surgirá si también se le reconoce un eventual lucro cesante por abortar la relación contractual, tal como contempla el documento firmado hace 10 años.
La firma del encarcelado Marcelo Oderbrecht resultó la única adjudicataria del denominado Open Season 2006-2008, plan diseñado por el ex Ministerio de Planificación, que en una década permitió reforzar el transporte troncal de todo el país en más de 15 millones de metros cúbicos por día.
El costo total de ese desarrollo es aún impreciso. Pero según sugieren las revisiones hechas hasta el momento, resultará muy superior a los 2.300 millones de dólares previstos originalmente. La primera ampliación de gasoductos es la que dio lugar al caso Skanska.
Para la segunda etapa se pulieron las formas, pero también se basó en la constitución de un fideicomiso en el ámbito del Banco Nación, que debía ser nutrido con un cargo a pagar por usinas y grandes usuarios. Por diversas razones esto no siempre ocurrió, ese fondo terminó desfinanciado y las arcas públicas tuvieron que auxiliarlo con recursos propios.
La Secretaría de Energía fue formalmente la organizadora, pero el Enargás resultó de hecho el ente estatal con mayores competencias en la fijación de precios y los valores luego objetados. Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur son gerenciadoras de las obras y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A) y Albanesi las empresas que contrataron la mayor capacidad de transporte que debía garantizarse con los emprendimientos.
La Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la propia gerencia operativa de Nación Fideicomiso S.A. (Nafisa) señalaron sobreprecios, pagos anticipados sin contrapartida y hasta groserías contables que implicaban mezclar pesos con dólares. Más aún, Nafisa tuvo hace meses una inquietante alerta cuando, al intentar renegociar con Odebrecht los valores de unos caños importados, en una conversación oficiosa la firma se avino a rebajarlos casi a la mitad.
Tanta generosidad resultó sospechosa. Marcelo Blanco, titular de Nafisa en la gestión de Cambiemos, decidió entonces abrir en la Justicia una investigación por las supuestas irregularidades del sistema, que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría.
Tal como consignó en noviembre pasado, el Ministerio de Energía resolvió entonces suspender el megacontrato que se había firmado en el año 2006, invocando la apertura de un proceso penal. Pero el jueves 13 de octubre ordenó directamente rescindirlo a través de la resolución 224.
Según los considerandos de esta norma, continuar con la edificación de la planta compresora de Pichanalla obra pendiente más grande, en ámbito de TGN ‘implicaría la validación de valores contractuales que han sido motivo de cuestionamientos y que forman parte de la denuncia penal‘.
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Invocando presuntas irregularidades detectadas por varios organismos de control, el Ministerio de Energía ordenó rescindir un importante contrato con la empresa Odebrecht para realizar la segunda ampliación de gasoductos troncales. Según admitieron fuentes oficiales, la decisión va a derivar en un pago millonario a la compañía por resarcimiento, ya que ninguno de los jueces involucrados en el análisis de las presuntas irregulariades produjo un dictamen que dé soporte a la determinación oficial.
Se da así la paradójica situación de que el Tesoro argentino va a compensar económicamente a la constructora que en Brasil, su país de origen, está probadamente implicada en maniobras de corrupción investigadas en el marco del Lava Jato.
En despachos oficiales comenzaron a calcular cuánto se le debe a la firma por cuestiones propias del contrato mientras estuvo vigente (redeterminaciones de precios pendientes, costos asociados a la suspensión de obras, etc). Del análisis o negociación surgirá si también se le reconoce un eventual lucro cesante por abortar la relación contractual, tal como contempla el documento firmado hace 10 años.
La firma del encarcelado Marcelo Oderbrecht resultó la única adjudicataria del denominado Open Season 2006-2008, plan diseñado por el ex Ministerio de Planificación, que en una década permitió reforzar el transporte troncal de todo el país en más de 15 millones de metros cúbicos por día.
El costo total de ese desarrollo es aún impreciso. Pero según sugieren las revisiones hechas hasta el momento, resultará muy superior a los 2.300 millones de dólares previstos originalmente. La primera ampliación de gasoductos es la que dio lugar al caso Skanska.
Para la segunda etapa se pulieron las formas, pero también se basó en la constitución de un fideicomiso en el ámbito del Banco Nación, que debía ser nutrido con un cargo a pagar por usinas y grandes usuarios. Por diversas razones esto no siempre ocurrió, ese fondo terminó desfinanciado y las arcas públicas tuvieron que auxiliarlo con recursos propios.
La Secretaría de Energía fue formalmente la organizadora, pero el Enargás resultó de hecho el ente estatal con mayores competencias en la fijación de precios y los valores luego objetados. Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur son gerenciadoras de las obras y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A) y Albanesi las empresas que contrataron la mayor capacidad de transporte que debía garantizarse con los emprendimientos.
La Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la propia gerencia operativa de Nación Fideicomiso S.A. (Nafisa) señalaron sobreprecios, pagos anticipados sin contrapartida y hasta groserías contables que implicaban mezclar pesos con dólares. Más aún, Nafisa tuvo hace meses una inquietante alerta cuando, al intentar renegociar con Odebrecht los valores de unos caños importados, en una conversación oficiosa la firma se avino a rebajarlos casi a la mitad.
Tanta generosidad resultó sospechosa. Marcelo Blanco, titular de Nafisa en la gestión de Cambiemos, decidió entonces abrir en la Justicia una investigación por las supuestas irregularidades del sistema, que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría.
Tal como consignó en noviembre pasado, el Ministerio de Energía resolvió entonces suspender el megacontrato que se había firmado en el año 2006, invocando la apertura de un proceso penal. Pero el jueves 13 de octubre ordenó directamente rescindirlo a través de la resolución 224.
Según los considerandos de esta norma, continuar con la edificación de la planta compresora de Pichanalla obra pendiente más grande, en ámbito de TGN ‘implicaría la validación de valores contractuales que han sido motivo de cuestionamientos y que forman parte de la denuncia penal‘.
Desde Energía
Lo que en ese preciso momento ignoraba Juan José Aranguren es que Servini acababa de archivar la causa, con el argumento de que el tema estaba siendo investigado por su colega Ariel Lijo. Otro apunte curioso de esta intrincada historia: fue la propia gente de Odebrecht la que le informó del tema al ministro.
Efectivamente, en el juzgado federal criminal y correccional N°4 hace años se abrió una investigación a manos del fiscal Carlos Stornelli para analizar eventuales falencias de esta ampliación de gasoductos y hasta se realizaron peritajes. Pero el 20 de diciembre Lijo también decidió archivar el trámite, hasta tanto reciba información desde Brasil que pueda conectarse con la causa.
Ante una consulta Odebrecht remarcó a través de su vocero local que ‘no hay sobreprecios ni sobrecostos‘; que la empresa ‘no es parte en ningún pleito judicial‘ y que ‘no hay conflicto alguno con el Estado, ya que el contrato fue celebrado entre privados‘. Esta visión fortalecería su posición negociadora, ya que el acuerdo fue abortado por una orden ministerial.
Cualquier eventual indemnización será afrontada por el Tesoro, a pesar de que este críptico sistema de contratación formalmente involucraba a empresas privadas operando bajo el control estatal. Esta carga también contemplará los honorarios impagos a TGN y TGS por el gerenciamiento de las obras, desembolso que podría redondear unos 50 y 20 millones de pesos, respectivamente, para las transportadoras que lideran Techint y Pampa Energía.
El Gobierno aspira a cerrar así el capítulo de los opacos fideicomisos. Según Energía, las futuras obras gasíferas se harán con contrataciones de obra pública convencional o las ejecutarán las empresas privadas con la recaudación tarifaria, que se está reforzando con los actuales aumentos.