La idea de construir un muro que separe Argentina de Bolivia es, simplemente, inviable. Cuesta imaginar semejante obra atravesando la Puna, bordeando el río Bermejo, cruzando la selva de montaña hasta Aguas Blancas y luego desviando hacia el norte, por Acambuco, Salvador Mazza y llegando hasta Santa Victoria Oeste. Se supone que debería continuar a la vera del inestable Pilcomayo hasta Asunción y, de paso, al río Paraguay y al Paraná hasta llegar a Encarnación. 2.500 kilómetros de hormigón, con un desnivel de 4.000 metros. El muro es una fantasía. Gran parte de la droga se traslada por vía aérea y el resto, gracias a los huecos que deja el sistema de seguridad. Frenar el delito es, entonces, una cuestión de decisión política.
La frontera de Salta con Bolivia tiene varios problemas, pero que no se resuelven con actos de magia.
El decreto 68/17, firmado por el presidente Mauricio Macri, creó hace unos días 14 Centros de Frontera en otros tantos pasos fronterizos pero no incluyó en esa categoría a los de Salta, Jujuy y Formosa, que son los más comprometidos en materia de seguridad. No hubo una explicación aún para esa omisión -hasta ahora incomprensible- que priva a la narcofrontera de recursos tecnológicos e inversiones para su fortalecimiento. Aparentemente, de esos puntos críticos se va a encargar el Ministerio de Seguridad.
El problema social
Hace un año, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "mientras no haya empleo, no se va a frenar el narcotráfico en la región".
El desarrollo de Yacuiba y San José de Pocitos cambió, en los últimos 35 años, el centro de gravedad de la región fronteriza, que antes era liderada por Tartagal. Contribuyeron a ese cambio el régimen de coparticipación boliviano y la voluntad política de ese país.
En la zona fronteriza argentina, en cambio, el desempleo y el subempleo son endémicos y no tienen perspectiva de mejoras. Ayer mismo el Consejo Económico Social ratificó que la pobreza estructural es el problema más grave de la provincia. La pobreza es consecuencia del deterioro laboral. Sin embargo, el ministro de Ambiente Javier Montero informó que no está previsto revisar el ordenamiento territorial. Eso significa que cinco millones de hectáreas (un tercio del territorio provincial), ubicadas especialmente, en el área de frontera, van a seguir cercadas, sin producción y en proceso creciente de desertificación.
El detonante del conflicto actual son los equívocos que nacen de las migraciones.
La presencia de extranjeros no explica la inseguridad que se sufre en la Argentina. Es cierto que existen delitos muy graves que son cometidos por organizaciones con vínculos en el exterior, pero eso se resuelve sin xenofobia sino con políticas de seguridad acertadas y una Justicia sin ambivalencias.
La idea del muro no es de la ministra Bullrich, sino del diputado Alfredo Olmedo. "No hay un problema con la inmigración, sino con el narcotráfico y con el contrabando", dijo la funcionaria a El Tribuno.
También ratificó la decisión de modernizar y profundizar los controles del delito en La Quiaca, Aguas Blancas y S. Mazza. Esa decisión está contenida en el decreto 27/2017, que revitaliza la zona de seguridad y anticipa una nueva ley de fronteras. Eso es imprescindible, pero aún está en barbecho.
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La idea de construir un muro que separe Argentina de Bolivia es, simplemente, inviable. Cuesta imaginar semejante obra atravesando la Puna, bordeando el río Bermejo, cruzando la selva de montaña hasta Aguas Blancas y luego desviando hacia el norte, por Acambuco, Salvador Mazza y llegando hasta Santa Victoria Oeste. Se supone que debería continuar a la vera del inestable Pilcomayo hasta Asunción y, de paso, al río Paraguay y al Paraná hasta llegar a Encarnación. 2.500 kilómetros de hormigón, con un desnivel de 4.000 metros. El muro es una fantasía. Gran parte de la droga se traslada por vía aérea y el resto, gracias a los huecos que deja el sistema de seguridad. Frenar el delito es, entonces, una cuestión de decisión política.
La frontera de Salta con Bolivia tiene varios problemas, pero que no se resuelven con actos de magia.
El decreto 68/17, firmado por el presidente Mauricio Macri, creó hace unos días 14 Centros de Frontera en otros tantos pasos fronterizos pero no incluyó en esa categoría a los de Salta, Jujuy y Formosa, que son los más comprometidos en materia de seguridad. No hubo una explicación aún para esa omisión -hasta ahora incomprensible- que priva a la narcofrontera de recursos tecnológicos e inversiones para su fortalecimiento. Aparentemente, de esos puntos críticos se va a encargar el Ministerio de Seguridad.
El problema social
Hace un año, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "mientras no haya empleo, no se va a frenar el narcotráfico en la región".
El desarrollo de Yacuiba y San José de Pocitos cambió, en los últimos 35 años, el centro de gravedad de la región fronteriza, que antes era liderada por Tartagal. Contribuyeron a ese cambio el régimen de coparticipación boliviano y la voluntad política de ese país.
En la zona fronteriza argentina, en cambio, el desempleo y el subempleo son endémicos y no tienen perspectiva de mejoras. Ayer mismo el Consejo Económico Social ratificó que la pobreza estructural es el problema más grave de la provincia. La pobreza es consecuencia del deterioro laboral. Sin embargo, el ministro de Ambiente Javier Montero informó que no está previsto revisar el ordenamiento territorial. Eso significa que cinco millones de hectáreas (un tercio del territorio provincial), ubicadas especialmente, en el área de frontera, van a seguir cercadas, sin producción y en proceso creciente de desertificación.
El detonante del conflicto actual son los equívocos que nacen de las migraciones.
La presencia de extranjeros no explica la inseguridad que se sufre en la Argentina. Es cierto que existen delitos muy graves que son cometidos por organizaciones con vínculos en el exterior, pero eso se resuelve sin xenofobia sino con políticas de seguridad acertadas y una Justicia sin ambivalencias.
La idea del muro no es de la ministra Bullrich, sino del diputado Alfredo Olmedo. "No hay un problema con la inmigración, sino con el narcotráfico y con el contrabando", dijo la funcionaria a El Tribuno.
También ratificó la decisión de modernizar y profundizar los controles del delito en La Quiaca, Aguas Blancas y S. Mazza. Esa decisión está contenida en el decreto 27/2017, que revitaliza la zona de seguridad y anticipa una nueva ley de fronteras. Eso es imprescindible, pero aún está en barbecho.