Con un pedido para que se mantenga la detención de los activistas, el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, elevó al juez la causa de los piqueteros del movimiento Quebracho que el pasado martes cortaron la ruta nacional 34, y en ese marco retuvieron a cinco camioneros bolivianos que transportaban combustible de distinto tipo hacia el país vecino.
Las 7 personas están alojadas en la comisaría 42 de Tartagal donde, al cierre de esta edición, continuaban a la espera de la decisión del juez de Garantías del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta.
Según explicó Cabot a El Tribuno, los argumentos para solicitar la continuidad de la detención tienen que ver con la posibilidad de reunir y sumar pruebas a lo que ocurrió durante la manifestación del martes en la ruta y la probabilidad de que los piqueteros intenten profugarse.
Se suma a la situación un pedido de detención de otros líderes del movimiento piquetero que ya están perfectamente identificados por la Justicia, que al momento del desalojo se dispersaron y huyeron por la zona.
Cabe recordar que los activistas habían cortado la ruta entre el barrio Bicentenario y Cuña Muerta, en el acceso norte a la ciudad de Tartagal, cabecera del departamento San Martín.
La carátula
La causa está caratulada como coacción calificada, es decir agravada, porque se cometió para presionar y obtener medidas favorables a los activistas de parte de los poderes públicos.
El corte de ruta, por ser nacional, es tema de competencia del Juzgado Federal, en tanto que el fuero provincial intervino en los hechos posteriores que derivaron en una suerte de toma de rehenes con los camioneros.
En el desalojo, que hicieron efectivos de la Infantería de la Policía provincial, secuestraron 10 machetes, palos, botellas y hondas, además de constatar que los piqueteros habían dispuesto un sinnúmero de piedras sobre el pavimento. Según lo establece el Código Penal, hay un período de 15 días para tramitar la causa y resolver la situación de los detenidos, por lo que el juez podría disponer con tranquilidad la continuidad de la detención, atendiendo al pedido de la Fiscalía.
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Con un pedido para que se mantenga la detención de los activistas, el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, elevó al juez la causa de los piqueteros del movimiento Quebracho que el pasado martes cortaron la ruta nacional 34, y en ese marco retuvieron a cinco camioneros bolivianos que transportaban combustible de distinto tipo hacia el país vecino.
Las 7 personas están alojadas en la comisaría 42 de Tartagal donde, al cierre de esta edición, continuaban a la espera de la decisión del juez de Garantías del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta.
Según explicó Cabot a El Tribuno, los argumentos para solicitar la continuidad de la detención tienen que ver con la posibilidad de reunir y sumar pruebas a lo que ocurrió durante la manifestación del martes en la ruta y la probabilidad de que los piqueteros intenten profugarse.
Se suma a la situación un pedido de detención de otros líderes del movimiento piquetero que ya están perfectamente identificados por la Justicia, que al momento del desalojo se dispersaron y huyeron por la zona.
Cabe recordar que los activistas habían cortado la ruta entre el barrio Bicentenario y Cuña Muerta, en el acceso norte a la ciudad de Tartagal, cabecera del departamento San Martín.
La carátula
La causa está caratulada como coacción calificada, es decir agravada, porque se cometió para presionar y obtener medidas favorables a los activistas de parte de los poderes públicos.
El corte de ruta, por ser nacional, es tema de competencia del Juzgado Federal, en tanto que el fuero provincial intervino en los hechos posteriores que derivaron en una suerte de toma de rehenes con los camioneros.
En el desalojo, que hicieron efectivos de la Infantería de la Policía provincial, secuestraron 10 machetes, palos, botellas y hondas, además de constatar que los piqueteros habían dispuesto un sinnúmero de piedras sobre el pavimento. Según lo establece el Código Penal, hay un período de 15 días para tramitar la causa y resolver la situación de los detenidos, por lo que el juez podría disponer con tranquilidad la continuidad de la detención, atendiendo al pedido de la Fiscalía.