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Latinoamérica unida contra el crimen organizado

Martes, 21 de febrero de 2017 00:00

Hace ya tiempo que en América Latina sufrimos una realidad más que preocupante, por la globalización del crimen organizado. Los carteles de la droga, desde “santuarios” donde las fuerzas represivas son ineficientes o las legislaciones muy laxas, han ido armando cabeceras de playa para garantizar su exitoso desembarco en toda la geografía continental. Una vez instalados, a través de las redes digitales, manejan a voluntad organizaciones con tentáculos en cualquier ciudad grande o pequeña.

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Hace ya tiempo que en América Latina sufrimos una realidad más que preocupante, por la globalización del crimen organizado. Los carteles de la droga, desde “santuarios” donde las fuerzas represivas son ineficientes o las legislaciones muy laxas, han ido armando cabeceras de playa para garantizar su exitoso desembarco en toda la geografía continental. Una vez instalados, a través de las redes digitales, manejan a voluntad organizaciones con tentáculos en cualquier ciudad grande o pequeña.

Para combatir y detener a una corporación criminal global como la que está emergiendo no bastarán los esfuerzos aislados de cada uno de los países afectados. Solo un trabajo coordinado de alcances transnacionales podrá enfrentarlos con expectativas de éxito.

Un antecedente en la Unasur

Ya en 2004, cuando este fenómeno era aún incipiente, propuse en el seno de la Unasur la creación de una agencia especial para la investigación de este tipo de ilícitos. Ocho años más tarde, en 2012, se aprobó mi propuesta y así nació el Consejo en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Sus objetivos centrales fueron:

- Coordinar las acciones de cada país para la lucha contra el crimen internacional.

- Cooperar entre los Estados en materia de información sobre las bandas que reúnen esas características.

- Promover el intercambio de experiencias y prácticas en materia judicial, policial y de inteligencia.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien en su país logró sonoros éxitos con sus tropas de elite llamadas BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales), apoyó la iniciativa. Por su parte, el jefe de Estado boliviano, Evo Morales, y también el ex primer mandatario colombiano, Álvaro Uribe, saludaron mi propuesta. Sin embargo, y pese a que su creación fue aprobada hace casi un lustro, este ente coordinador internacional aún carece de fuentes de financiamiento y de presupuesto para funcionar.

Un duelo muy desigual

Nos encontramos, entonces, en una grave encrucijada. Mientras las naciones enfrentan dificultades para ponerse de acuerdo y aunar sus esfuerzos, las redes formadas por las organizaciones antisociales están cada vez más integradas y hasta se reparten los “mercados” a inundar.

Mientras el delito organizado se mueve a la velocidad del siglo XXI, los tribunales y organismos vernáculos envían exhortos en papel, que viajan de escritorio en escritorio por miles de kilómetros al paso de la era analógica.

Se trata de un duelo muy desigual. Un narcotraficante puede esperar años su extradición y, lo que es más grave, a menudo esta jamás se materializa.

Durante los procesos penales las pruebas a menudo se destruyen, los cómplices se escapan y los testigos son amedrentados o atacados.

Diez medidas posibles

Son muchas las medidas que los gobernantes de nuestra región podrían tomar ya para empezar a paliar esta situación.

Veamos diez ejemplos concretos.

1. Fortalecer y agilizar el intercambio de información entre las agencias de seguridad, de defensa y las aduanas.

2. Capacitar de manera conjunta a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.

3. Generar acciones de inteligencia conjuntas entre varios países.

4. Integrar los controles de fronteras de la región.

5. Generar una base de datos conjunta sobre los delincuentes más buscados. Debe elaborarse un listado con los centenares de narcos más peligrosos del continente.

6. Robustecer los mecanismos de control locales de precursores químicos utilizados en la producción de drogas.

7. Aprovechar todos los instrumentos existentes para prevenir el lavado de activos.

8. Garantizar y facilitar que los jueces y fiscales, tanto federales como locales, tengan acceso inmediato a los registros de propiedades inmuebles, automotores y embarcaciones para buscar bienes sospechosos.

9. En cada país las fuerzas de seguridad deberían cumplir y ejecutar las órdenes emanadas de la Justicia local.

10. Facilitar las deportaciones para que los criminales no puedan evadir las leyes nacionales de un Estado con la simple decisión de cruzar una frontera.

Estas y otras acciones contribuirían a un combate más eficaz del delito globalizado. Este plan de cooperación y estandarización de procedimientos tendría una efectividad con resultados letales para las organizaciones que hoy se sienten impunes.

Existen valiosos antecedentes de coordinación para acciones de este tipo. Desde hace más de una década los Estados integrantes de la Unión Europea han facilitado la entrega de delincuentes que hayan traspasado las fronteras de un país determinado. Los miembros tienen un reconocimiento mutuo del funcionamiento y las condenas de la Justicia de cada integrante de la Unión.

De esta forma se abandonaron los largos y complejos procedimientos de extradición para un total de 32 delitos referidos a actos de terrorismo, trata de personas, secuestros, robos a mano armada, violaciones, racismo y xenofobia.

Aprovechando desde el Estado las ventajas que nos proporciona hoy el fenomenal avance de la tecnología y coordinando los esfuerzos regionales, está demostrado que la batalla se puede ganar.

 

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