Habitualmente, cuando se habla de situaciones de vulnerabilidad, pobreza y violencia inmediatamente acude la Educación como la solución más acertada y elemental a estas problemáticas. El proceso educativo se configura así, al menos discursivamente, como uno de los derechos más básicos de los niños y niñas. Podemos decir que existe un consenso generalizado social e institucionalmente acerca de los beneficios que genera la inclusión educativa. Sin embargo, en nuestro país según datos oficiales del Censo 2010, existen 1.149.009 niños, niñas y adolescentes que no asisten a clases.
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Habitualmente, cuando se habla de situaciones de vulnerabilidad, pobreza y violencia inmediatamente acude la Educación como la solución más acertada y elemental a estas problemáticas. El proceso educativo se configura así, al menos discursivamente, como uno de los derechos más básicos de los niños y niñas. Podemos decir que existe un consenso generalizado social e institucionalmente acerca de los beneficios que genera la inclusión educativa. Sin embargo, en nuestro país según datos oficiales del Censo 2010, existen 1.149.009 niños, niñas y adolescentes que no asisten a clases.
Es claro que el nivel educativo alcanzado tiene influencia directa y significativa en la situación económica, personal y profesional de cada persona. El ejercicio del derecho a la educación es, además, la base para el acceso a otros derechos. La educación de calidad es, indudablemente, uno de los pocos motores potentes y efectivos para terminar con los círculos de violencia y exclusión que afectan a millones de niños en nuestro país.
Por eso mismo, urge la pregunta acerca de esta vulneración, ¿dónde están los niños y niñas que no pueden ejercer su derecho básico a una educación de calidad?, ¿por qué no asisten a clases? y aún más importante ¿dónde están los responsables de velar porque acudan a ellas?
Según datos del Fondo para la Infancia de Naciones Unidas de 2012, una gran parte de los niños que no asisten a clases lo hacen por tener que trabajar a temprana edad, otro gran porcentaje lo hace por motivo de embarazo en la adolescencia o incluso por falta de vacantes.
Existe un consenso internacional en relación a la importancia de que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad en tanto posibilidad de desarrollo personal económico, social y cultural de todas las comunidades. Durante muchos años, Argentina tuvo una alta tasa de escolaridad llegando a establecer la obligatoriedad hasta el nivel secundario inclusive, diferenciándose positivamente de la mayoría de los países de la región. Más allá de este importante proceso, en los últimos años hemos asistido a un deterioro de la educación pública que resulta notorio.
Como organización dedicada a la protección integral de los niños y niñas, procuramos la restitución de los derechos vulnerados y abogamos por ellos. Desde este lugar, promover la participación ciudadana es fundamental no solo para que quienes podemos ser parte de la solución construyamos el camino hacia ella, sino también para contribuir con las generaciones venideras.