Una vez más, el comienzo del ciclo lectivo en las escuelas públicas vuelve a ser traumático para todos los argentinos. La amenaza de un paro docente en los primeros dos días de clase, sumados a un tercer día, el 8 de marzo, para el que está prevista una medida de fuerza por el Día de la Mujer, pone en riesgo el funcionamiento del sistema educativo, considerado en forma unánime como herramienta estratégica para el desarrollo y medio irreemplazable para el acceso igualitario de las personas a la dignidad y la calidad de vida.
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Una vez más, el comienzo del ciclo lectivo en las escuelas públicas vuelve a ser traumático para todos los argentinos. La amenaza de un paro docente en los primeros dos días de clase, sumados a un tercer día, el 8 de marzo, para el que está prevista una medida de fuerza por el Día de la Mujer, pone en riesgo el funcionamiento del sistema educativo, considerado en forma unánime como herramienta estratégica para el desarrollo y medio irreemplazable para el acceso igualitario de las personas a la dignidad y la calidad de vida.
Los paros docentes, justos o no, afectan a la calidad educativa de la escuela argentina.
Los gremios van al paro porque consideran que la inflación ha erosionado sus ingresos, que el salario inicial está por debajo de la línea de la pobreza y que la propuesta del 18% de aumento no lo recompone. Exigen una paritaria nacional antes de acordar salarios. Invocan el artículo 10 de la Ley 26075, de Financiamiento Educativo, que ordena que el ministerio de Educación, el Consejo Federal y los gremios docentes con representación nacional, acuerden “un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”.
Las autoridades nacionales interpretan que ese artículo no obliga a convocar paritarias nacionales. Opinan además que los acuerdos salariales deben alcanzarse provincia por provincia, ya que son estas las que gestionan las escuelas y pagan los salarios. Invocan el artículo 5 de la Constitución Nacional y consideran que las paritarias provinciales corrigen la incoherencia de que la Nación participe en la negociación salarial de docentes que no son sus empleados.
Más allá de las eventuales motivaciones políticas de la medida de fuerza, o de errores en la negociación, es claro que la controversia no puede resolverse al precio de la pérdida de días de aprendizaje para los alumnos.
Las leyes educativas consagran principios y establecen cláusulas que hoy, evaluando la educación como un bien público, no se están observando.
La legislación reivindica el “ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional”, señala que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”, y ordena “garantizar la inclusión educativa a “los sectores más desfavorecidos de la sociedad”. Este mandato es perentorio para los funcionarios, que deben poner el mayor esfuerzo en este objetivo, pero también para los educadores y sus gremios. Ninguna de las partes tiene derecho a cortar el diálogo y politizar el conflicto, porque como se desprende del texto legal, los alumnos más afectados por un paro pertenecen a esos “sectores más desfavorecidos”.
Según la consultora Idesa, en base a datos del Ministerio de Educación nacional, en las planillas de liquidaciones de sueldos de las escuelas primarias de gestión estatal se registra una media de un cargo docente por cada 15 alumnos. En las escuelas privadas hay un docente por cada 22 alumnos. En los países desarrollados, cuyos jóvenes lideran hoy las evaluaciones internacionales, hay un cargo docente por cada 21 alumnos. Esto no significa que cada educador de la escuela pública tenga pocos alumnos, sino que habría muchos docentes que no están al frente del aula y que parte del presupuesto educativo es utilizado para financiar otras actividades. El esfuerzo de todo el país por asignar a Educación el 6% del PBI no ha alcanzado para pagar a los educadores sueldos que estén acordes con la función que deben desempeñar. Si las escuelas públicas tuvieran la misma relación entre el número de docentes y de alumnos, estima la consultora Idesa, el ahorro de recursos permitiría aumentar las remuneraciones hasta en un 45%.
Es necesario asumir la deuda histórica en materia de calidad educativa, profesionalización docente y plena inclusión social. Este déficit no se resolverá en términos de “conflicto” y mucho menos de “guerra”, como se habla en estos días, sino con diálogo, sensatez y respeto, especialmente, por los alumnos.