La Corte de Justicia local presentará el jueves un proyecto de ley de autarquía económico financiera para el sistema judicial. Si la iniciativa prospera, Salta será la tercera provincia en contar con una norma específica sobre sus recursos económicos, que hasta ahora son asignados por el Poder Ejecutivo.
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La Corte de Justicia local presentará el jueves un proyecto de ley de autarquía económico financiera para el sistema judicial. Si la iniciativa prospera, Salta será la tercera provincia en contar con una norma específica sobre sus recursos económicos, que hasta ahora son asignados por el Poder Ejecutivo.
A nivel nacional, la ley 23.853 determina que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación se fijará en base a un porcentaje de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central.
El proyecto que impulsa la Corte de Justicia de Salta establece que el Poder Judicial de la Provincia funcionará con autarquía económico-financiera y que administrará los bienes propios “y los recursos que fueran asignados por ley”.
También determina que el importe destinado en el Presupuesto General de la Provincia será equivalente, como mínimo, al 5% de la suma total de gastos corrientes y de capital. Además, abre la posibilidad de que el Poder Judicial pueda gestionar también subsidios y fondos no reembolsables provenientes de organismos multilaterales de crédito u ONG.
Solo Neuquén y San Luis tienen normas sobre la independencia de fondos, mientras que en Buenos Aires, Mendoza, Chaco y Misiones hay proyectos de ley en trámite con la finalidad de lograrla.
En la Constitución de Salta no hay una cláusula específica, a diferencia de lo que ocurre en las de Corrientes y San Juan, donde la mención de la autarquía es específica. Seis provincias cuentan con artículos constitucionales similares.
Y entre otros fundamentos, el proyecto cita un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró indispensable que el Poder Judicial cuente con recursos estables y adecuados, que estén normativamente asegurados y sean “suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia”.
“Defensa de los derechos constitucionales”
El proyecto que la Corte de Justicia de Salta girará a la Legislatura provincial tiene diez artículos. “El objetivo de garantizar la justicia contenido en el preámbulo de nuestra Constitución provincial, reflejo de los principios consagrados en la Constitución Nacional, exige de los tres poderes del Estado una política continua y estable en orden al fortalecimiento institucional del Poder Judicial, para el cumplimiento de una actividad estatal indelegable, de cuya eficacia depende la defensa de los derechos y garantías constitucionales y de los derechos humanos”, puntualiza en su argumentación la acordada que contiene la iniciativa legislativa.