Por Cristina Carrazán y Marita Simón
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Por Cristina Carrazán y Marita Simón
Los poco más de 1.000 desocupados del departamento San Martín que pertenecían a Fundatrad (Fundación de trabajadores desocupados) y que lideraba José "Pepino" Fernández, salieron a la ruta para reclamar la restitución del salario familiar que hasta el año pasado percibían como Coeficiente 4 (para zonas vulnerables) y por el atraso en la liquidación de enero y febrero.
El Coeficiente 4 significaba $2.203 por hijo hasta los 18 años y, en caso de ser discapacitado, la cifra subía hasta los $6.609, significativamente superior al valor que se paga por Asignación Universal por Hijo, que es de $1.103 hasta ahora.
Fundatrad se disolvió los últimos días de diciembre de 2015, cuando la Anses intervino y suspendió a la organización creada por el piquetero norteño con el apoyo de Hebe de Bonafini y otros dirigentes nacionales kirchneristas, como Emilio Pérsico.
Para evitar el descontrol social, el Gobierno provincial incorporó a los beneficiarios en la Fundación Villa Saavedra, en Tartagal para que sigan cobrando el salario familiar. Le sumó un subsidio de $500 como pago por trabajos en proyectos laborales de esa fundación.
Ahora, asignación universal
En los últimos dos meses, los beneficiarios dejaron de percibir el salario con Coeficiente 4, calificación dirigida a las áreas consideradas vulnerables y por la que Anses paga más a trabajadores registrados en empresas, cooperativas o fundaciones asentadas en los municipios de General Mosconi , General Ballivián y Embarcación.
Esto significó que, en varios casos, las familias numerosas percibieran entre $11 mil y $15 mil si hay un chico discapacitado.
El cambio
La situación cambió drásticamente cuando Anses dejó de abonar el Coeficiente 4 y solo paga la Asignación Universal por Hijo. Otros reciben otros subsidios, como pensiones o el que se le otorga a las madres de más de 7 hijos. Pero, en definitiva, ninguno se aproxima a lo que cobraban.
Cabe recordar que en 2015, "Pepino" Fernández fue denunciado por los mismos beneficiarios porque, según indicaron, la fundación les exigía un porcentaje del salario.
Esto provocó la intervención de la Anses que inhibió a la organización y, por un acuerdo con el Ministerio de Gobierno provincial, pasaron a una fundación tartagalense que preside Daniel Córdoba.
Para que Anses siguiera abonando el salario familiar con Coeficiente 4, la Fundación Villa Saavedra cambió de domicilio a Mosconi y la Provincia, además del sueldo mensual, determinó que los beneficiarios se incorporaran a alguno de los 60 proyectos productivos de IDEA, otra fundación provincial.
Reclamos en la ruta
Tras los cortes parciales de la ruta nacional 34 del lunes y martes, Córdoba evaluó la situación. En diálogo con El Tribuno aseguró que "la Provincia abona religiosamente esa remuneración, que no puede considerarse un sueldo sino un incentivo para la gente que va 4 horas a prestar servicio en los proyectos. Ahora, es la Anses la que se niega a abonar el Coeficiente 4 y dispuso que los beneficiarios cobren la AUH y pensiones en algunos casos. En definitiva, los que percibían alrededor de $10.000 ahora no llegan ni a los $3.000".
Córdoba precisó que la Fundación Villa Saavedra que preside envió toda la documentación que se les requirió "porque la Anses nos inhibió preventivamente argumentando que hizo una inspección y la gente no estaba en sus lugares de trabajo. Creo que es una excusa para dejar de abonar ese beneficio diferencial a 1.000 personas que ahora están desesperadas porque contrajeron deudas. Otros contaban con ese dinero para algún proyecto en su vida familiar y hoy no lo pueden concretar. Que quede claro que nadie se va de vacaciones por ganar $15.000 y los beneficiarios, que pertenecen un 70% a Mosconi y el resto son de Tartagal, Embarcación y Ballivián, usaban ese dinero para vivir".
Buscar soluciones
El intendente de Tartagal, Sergio Leavy, se refirió al tema y consideró que "tiene que haber una solución para estas mil familias. La Nación está destinando millones de dólares a proyectos como Vaca Muerta y los 10 millones de pesos que Anses abonaba a estas familias no le hacen mella, pero para los norteños es el pan de cada día. No se puede cortar este beneficio de una manera tan drástica y, en todo caso, se deben arbitrar los medios para que no haya más desocupados y todos estén incluidos en algún proyecto productivo".