El "Centro de Estudios Juan D. Perón" acaba de agitar las mansas y estancadas aguas de la política provinciana.
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El "Centro de Estudios Juan D. Perón" acaba de agitar las mansas y estancadas aguas de la política provinciana.
Lo hizo reflotando un documento firmado en 2014, en donde ciudadanos y organizaciones de diversa adscripción ideológica se unieron para reclamar reformas republicanas.
Este documento, que lleva por título "Consensos de cambios para el progreso de Salta", propone acabar con las reelecciones indefinidas que han reforzado las tendencias oligarquizantes que nos condenan al atraso, a la mediocridad y a las injusticias.
Es hora ya de que el principio republicano de la periodicidad de los cargos públicos, consagrado en los textos constitucionales, rija en la Salta del siglo XXI, tal y como paradójicamente ocurría en la Salta de los siglos XIX y XX.
Siendo que en una democracia no hay hombres providenciales ni imprescindibles, no hay razón alguna para continuar con un régimen que, inexorablemente, conduce a la megalomanía, al nepotismo y a la concentración del poder en una sola mano o en una sola familia.
Es hora también de hacer realidad la división de poderes, comenzando por garantizar la independencia e idoneidad de los jueces.
Salta y los salteños necesitamos jueces elegidos por su talento y su formación moral y académica.
Es, como se sabe, la mejor fórmula para evitar sumisiones y sentencias al gusto del príncipe.
Un añejo invento del conservadurismo local en contra del principio republicano de igualdad del voto fabrica mayorías absolutas, burlando la voluntad de los ciudadanos. El uso de los departamentos como circunscripciones electorales es la vía que concreta aquella vieja artimaña que usufructuaron -hay que decirlo- todas las fuerzas políticas salteñas sin rechistar.
Los salteños estamos obligados a diseñar un nuevo sistema electoral que garantice la representación proporcional de las bancas de diputados, y a analizar la conveniencia de eliminar el Senado.
En un Estado republicano, los organismos de control no pueden estar en manos de los funcionarios a controlar.
Que el gobernador abiertamente -o "de tapadillo"- llene los cargos de la Auditoría, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento, del Tribunal Electoral o del Ministerio Público con personas de su confianza, es una grave anomalía.
Tanto como aquella que priva de estabilidad a los jueces de la Corte de Justicia de Salta.
Las fuerzas políticas no oficialistas han decidido también reemprender las acciones para rodear de garantías al "sistema de voto con boleta electrónica".
Más allá de la propaganda y del negocio que giran a su alrededor, el sistema vigente en Salta es enormemente vulnerable.
Razones técnicas y jurídicas así como la experiencia internacional y la reciente sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, aconsejan cerrar las brechas audazmente convalidadas por el Tribunal Electoral de Salta.
El señor gobernador tiene todavía la posibilidad y la responsabilidad de abrir un diálogo político amplio que conduzca a la imprescindible reforma que haga de Salta una auténtica democracia constitucional y republicana.
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