Cristina Carrazán [email protected]
inicia sesión o regístrate.
Cristina Carrazán [email protected]
La petrolera de capitales chinos Petro Ap decidió despedir a los 80 trabajadores que prestaban servicios en el área Selva María (en el límite de las provincias de Salta y Formosa), argumentando serios inconvenientes de tipo económico y suspender también otra operación en la provincia de Jujuy, en el área Caimancito, pero las consecuencias de su drástica decisión no terminaron.
Cinco empresas de servicios, cuatro de ellas radicadas en Tartagal, también quedaron desafectadas por Petro Ap como contratistas, dado que mantiene con todas ellas una deuda que según estimaciones ascendería a unos $40 millones.
Las damnificadas son, entre otras, las empresas de servicios Producer, Geo Minera, Conti Servicios (transporte de cargas peligrosas) y otras dedicadas al traslado de personal y servicios de catering, por ejemplo.
Y se sabe que en la provincia de Formosa existe otra empresa dedicada a la contratación de servicios de alta calificación, a la que la operadora de origen oriental dejó una deuda también millonaria.
Concesión desde 2015
Petro Ap comenzó sus operaciones en septiembre del año 2015 en el norte argentino, en el área Selva María, ubicada en el límite entre las provincias de Salta y Formosa, con la perforación de un primer pozo -el S.M. 1001- cuya operación se extendería por el término de 6 meses aproximadamente.
Problemas operativos hicieron que la perforación de ese primer pozo se extendiera por más de un año. En diciembre del año pasado concluyó esa primera perforación, pero como tenían previsto un segundo pozo renovó contrato a los 80 operarios directos para iniciar la perforación en Selva María 2.
Sin embargo, hace un par de semanas, Petro Ap rescindió los contratos de la totalidad del personal. Con esta decisión las cinco empresas que prestaban servicios para Petro Ap tomaron una decisión similar con todos sus operarios, por lo que son alrededor de 300 los trabajadores afectados en forma directa por esta decisión.
Alberto Romero, secretario general del gremio de los trabajadores de la industria del gas y petróleo, explicó que Petro Ap "indemnizó a sus trabajadores pero tenemos la certeza de que las liquidaciones que se hicieron son totalmente improcedentes. A su vez las contratistas locales han rescindido los contratos a sus propios trabajadores y este daño es enorme. Petro Ap le debe a estas mismas empresas sumas millonarias en facturaciones que no abonó, por lo que el perjuicio va más allá de cada trabajador que se queda sin su fuente de empleo, porque será un golpe mortal a las finanzas de estas contratistas locales también.
Petro Ap tenía a su cargo también el área de Caimancito en la provincia de Jujuy (ex-Pluspetrol), pero a comienzos de 2016 el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, mediante la resolución N§ 5.880 obligó a que cesen las actividades por ser parte del área protegida de Calilegua. Allí estaba trabajando (la empresa de servicios tartagalense) Producer y la propia Petro Ap la notificó de que tenía que suspender sus trabajos.
En abril habrá más cesantes
En relación con la operación en la provincia de Jujuy, Romero explicó que "lo que argumenta Petro Ap es que ellos se habían comprometido a desplegar un importante programa de preservación del ambiente, propuesta que elevaron al Gobierno de la Nación, pero que nunca fue respondida. Y que ante esta situación le resulta imposible seguir con este proyecto, por lo que son 22 trabajadores más los que quedarán cesantes a partir del primer día del mes de abril".
"Con ese panorama tan desalentador -precisó Romero-, como sindicato, lo que hicimos fue intimar a Petro Ap para que en el término de 48 horas reincorpore a todos los trabajadores despedidos de Selva María y que no despida a los del yacimiento Caimancito, pero no obtuvimos ninguna respuesta positiva de la empresa".
Como Petro AP no aceptó la propuesta del gremio "convocamos a un paro general de actividades en el sector yacimientos para hoy (por ayer) por lo que el Ministerio de Trabajo de la Nación nos llamó a una conciliación obligatoria. Así, el 28 de marzo nos vamos a reunir en Buenos Aires entre todas las partes".
Todo el norte afectado
"Las afectadas por la decisión de esta operadora son las provincias de Salta, Jujuy y Formosa y no entendemos cómo es que la Secretaría de Energía de la Nación no ha previsto que esta situación pudiera producirse, con el daño que esto ocasionará a toda la región, ya de por sí tan deprimida económicamente. Muchos de los empleados directos eran de Formosa, aunque las empresas de servicios afectadas por la decisión de Petro Ap son en su mayoría del departamento San Martín, como también sus operarios", explicó Romero.
Empujón al abismo
El diputado por el departamento San Martín, Diego Ávalos (PRS), consideró que “lo que hizo esta empresa es darle un empujón al abismo a muchos empresarios locales. Dejó deudas por $40 millones, lo que provocará que muchas empresas de servicios de San Martín no puedan afrontar los sueldos de sus trabajadores, ni obligaciones que tengan. Por eso le pedimos al presidente de la Cámara Baja provincial que se avance con una ley que proteja y resguarde al empresariado local, porque es inaudito que vengan empresas de afuera y dejen un tendal de deudas. Son más de 40 millones de pesos lo que dejó de deuda Petro Ap solamente entre empresas de nuestro departamento”.