“¿En Salta no pasa nada? Es una pregunta que se escucha constantemente en las mesas de la política. Por supuesto que pasan cosas, y muchas, aunque aquella pregunta va dirigida a conocer los nombres de candidatos para 2017 y, más aún, de liderazgos para 2019.
En esos puntos no hay nada definido, aunque aparecen coincidencias en cuanto a la necesidad de una reforma institucional consensuada que garantice la transparencia electoral, mejore la representación parlamentaria -hoy el peronismo cuenta con un número de diputados y senadores muy superior a la proporción de votos que obtiene en las urnas- y limite las reelecciones. Un punto clave es que la reforma erradique el clientelismo histórico de la provincia y produzca una división real entre el Poder Judicial y la gestión de gobierno.
Hasta ahora, esto solo fue objetado por Manuel Godoy, quien el viernes dijo a una radio que “acortar los mandatos le gusta a la gente pero no tiene importancia”. No es rara esta valoración de la voluntad ciudadana, ya que él lleva quince años como presidente de la Cámara de Diputados, aunque en su última participación electoral acreditó solo 12 mil votos propios. Otro desequilibrio: ambos bloques del PJ están presididos por figuras del mismo espacio en Anta: Pedro Sández y Ernesto Gómez. Y en la vicepresidencia del Senado continúa el interminable Mashur Lapad. No son estos mandatos eternos el problema más grave, sino lo que reflejan.
Las cosas que pasan
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“¿En Salta no pasa nada? Es una pregunta que se escucha constantemente en las mesas de la política. Por supuesto que pasan cosas, y muchas, aunque aquella pregunta va dirigida a conocer los nombres de candidatos para 2017 y, más aún, de liderazgos para 2019.
En esos puntos no hay nada definido, aunque aparecen coincidencias en cuanto a la necesidad de una reforma institucional consensuada que garantice la transparencia electoral, mejore la representación parlamentaria -hoy el peronismo cuenta con un número de diputados y senadores muy superior a la proporción de votos que obtiene en las urnas- y limite las reelecciones. Un punto clave es que la reforma erradique el clientelismo histórico de la provincia y produzca una división real entre el Poder Judicial y la gestión de gobierno.
Hasta ahora, esto solo fue objetado por Manuel Godoy, quien el viernes dijo a una radio que “acortar los mandatos le gusta a la gente pero no tiene importancia”. No es rara esta valoración de la voluntad ciudadana, ya que él lleva quince años como presidente de la Cámara de Diputados, aunque en su última participación electoral acreditó solo 12 mil votos propios. Otro desequilibrio: ambos bloques del PJ están presididos por figuras del mismo espacio en Anta: Pedro Sández y Ernesto Gómez. Y en la vicepresidencia del Senado continúa el interminable Mashur Lapad. No son estos mandatos eternos el problema más grave, sino lo que reflejan.
Las cosas que pasan
En estos días se conoció que en Rosario de la Frontera el desempleo afecta al 40% de la población activa. Nadie lo desmintió. Extraoficialmente, muchos intendentes admiten esta realidad. En la ciudad de Salta, los violentos incidentes producidos entre carreros y defensores de los caballos, y entre puesteros y policías en barrio Juan Pablo II son el síntoma de la tensión social que se registra en todos los barrios y que arraiga en el fenómeno creciente de la exclusión. Es el ámbito ideal para que prolifere la compra de votos, por descreimiento en las instituciones y por la dependencia de la ayuda del Estado.
Un reciente informe del Ministerio de la Producción de la Nación estima que en Salta el 21,3% de la población activa es empleado público, la tasa de desempleo es de 7,1% y la de informalidad laboral de 53,8%.
La inequidad en el desarrollo territorial es evidente.
El representante del Plan Belgrano informó expresamente en estos días, en respuesta a críticas de intendentes y funcionarios, el plan de desarrollo e inversión de rutas, ferrocarriles e infraestructura social previstos para los próximos tres años, con fechas y cotizaciones. Ningún dirigente salió a explicar cuáles son los planes para aprovechar ese despliegue. Ahí se nota entonces la otra grieta.
La crisis de contenidos
La dirigencia política no logra interrogarse más allá del desfile de nombres sin pensar el para qué de las candidaturas.
Hablando de la reforma institucional, salta a la vista la crisis que atraviesa a los partidos políticos. La fiebre del individualismo distorsiona a la política.
Allí está la clave. Es una experiencia contundente y así lo analizan también las cámaras empresarias, que por su parte no alcanzan a asumir protagonismo para cambiar la realidad.
Para las candidaturas nacionales de 2017 no hay ningún nombre definido, aunque son muchos los que quieren anotarse sin más respaldo que las exhibiciones personales.
El acuerdo institucional tiene apoyos claros, como el del presidente del Concejo Deliberante de Salta, Ricardo Villada, quien lo respalda en la medida que sea “hacia lo que la sociedad demanda y no hacia lo que quieren los partidos”.
El diputado de Salta nos Une Carlos Raúl Zapata, precandidato a diputado nacional por el olmedismo, recordó que en 2014 “firmamos un acta de consenso y mantenemos la posición de absoluto respeto a la división de poderes.”
¿Qué pasa entonces? Pasa que por ahora no hay nombres de candidatos en firme; que lo más probable es un acuerdo electoral -no un frente único- para que el PJ trate de ganar dos bancas en el Congreso y, mucho más tangible, al menos hasta ahora, que se llegue a un acuerdo para llevar adelante la reforma política.
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