Por Martín Rodríguez
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Por Martín Rodríguez
Por estas horas, autoridades del PAMI central están analizando presentarse como querellantes en la causa por el millonario fraude que se habría cometido contra la institución que brinda asistencia médica integral a los jubilados y pensionados. Así lo confirmó a El Tribuno la titular del organismo en Salta, Gladys Moisés.
"Esto está bajo análisis, seguramente dependerá del dictamen que realice el equipo jurídico. A PAMI central le hemos mandado copias de toda la información que teníamos, tanto de la auditoria como de la denuncia penal que realizamos", comentó la responsable de la institución en la provincia.
Por ahora el megafraude involucra a seis profesionales de la salud, que son investigados por facturación de prácticas a pacientes fallecidos y sobrefacturación, pero podría haber más responsables.
El monto de la estafa ascendería a unos 3 millones de pesos. Desde la Justicia Federal no descartan que la suma del desfalco sea aun mayor.
"Estamos en contacto con PAMI central y creemos que sí va acceder al pedido de mandar un auditor especializado en la materia", aclaró la titular de la entidad, con respecto a la solicitud de peritos que hizo el fiscal a cargo del caso, Ricardo Toranzos.
Moisés agregó: "Hemos recibido un oficio en el cual el juzgado nos pide determinada información, así que de forma inmediata lo hemos elevado a nivel central, porque son ellos los que la tienen".
Profesionales suspendidos
El 3 de febrero el PAMI radicó la denuncia penal por el fraude y, dentro del organismo, se ordenó un sumario administrativo que "preventivamente" suspendía a los profesionales involucrados.
"Lo hicimos a los efectos de que no se entorpezca la investigación. Desde el PAMI hemos pedido medidas de prueba, que el fiscal ya ha tomado. Se han hecho las investigaciones y se han colectado pruebas importantes", explicó Gladys Moisés.
El PAMI recibió planteos de los profesionales acusados y quejas de un número importante de afiliados que piden que les levanten la suspensión porque son sus médicos de cabecera.
"Dada la vinculación que tienen con ellos, que los atienden desde hace mucho tiempo y tienen sus historias clínicas, nosotros tenemos la obligación de no interrumpir el tratamiento médico", comentó la titular del organismo. Y agregó: "Es un derecho que tienen nuestros afiliados y lo vamos a tratar de preservar".
La funcionaria aclaró que, en base a estos reclamos, decidieron levantar la suspensión a algunos de los profesionales. "Lo hicimos para que nuestros afiliados no se queden sin la cobertura de su médico de cabecera. Además, es un número importante. Son casi 1.500 afiliados y tampoco tenemos la posibilidad de migrarlos a otro médico", destacó Moisés.
Transparencia
La funcionaria destacó la celeridad que con la que actúo el organismo. "Muchas veces cuando ocurrían estas situaciones se labraba el sumario administrativo, que demoraba dos o tres años y cuando se realizaba la denuncia penal ya la prueba no estaba o era más dificultoso", afirmó.
La titular de la institución consideró como "un acierto" este proceder, ya que el fiscal pudo conseguir pruebas importantes.
"Trabajamos por un PAMI serio, transparente y honesto, lo cual no es tarea fácil. Por ahí tenemos situaciones odiosas que tenemos que soportar como represalias a esta forma de proceder", expresó Gladys Moisés. Y agregó: "Estamos haciendo un control para detectar irregularidades y, si las hay, las denunciamos".
Moisés aclaró que una vez que recibieron la auditoria presentada por la Asociación Bioquímica radicaron la denuncia penal, porque estimaban que a prima facie (a primera vista) había elementos que daban la presunción de que el instituto podía estar siendo perjudicado económicamente por una supuesta estafa.
"Cuando recibimos la auditoria de la Asociación Bioquímica, que es la institución que recibió las denuncias por parte de los afiliados, y también la que ha detectado una sobrefacturación de algunos bioquímicos, hemos trabajado en forma mancomunada con ellos", detalló la titular del PAMI. Y continuó: "Se charló el tema y les pedí que hagan una auditoria porque estaban en mejores condiciones de poder determinar si había algún perjuicio para la institución o no".
Documentación de una década
El presidente de la Asociación Bioquímica, Ricardo Butazzoni, dijo a El Tribuno que está a disposición de la Justicia para presentar los documentos que se requieran para la investigación. “Nosotros tenemos en nuestra asociación documentación archivada de PAMI, por lo menos de los últimos diez años. No tenemos problema de facilitarla a la Justicia, porque está en nuestro poder”, destacó.
En diálogo con este medio, Butazzoni se refirió a la importancia de la auditoria que realizaron desde la asociación y que permitió iniciar la demanda judicial.
“La verdad que está muy bien desarrollada. Tenemos a alguien que siempre está auditando y en contacto con todas las obras sociales. Cuando hay alguna irregularidad, la investigamos”, expresó el titular del organismo.
“No nos imaginábamos todo esto. Nuestra preocupación de siempre ha sido evitar cualquier escándalo. Es muy penoso esto, pero las cosas se dieron como se tenían que dar”, agregó. Butazzoni expresó a El Tribuno que la auditoría comenzó en septiembre por la denuncia de un familiar de un afiliado. “Nos encargamos de investigar la práctica que realizaban los profesionales. La auditoria es sobre la práctica. Ese es nuestro criterio de investigación”, destacó.
Actualmente la asociación Bioquímica nuclea a 130 profesionales y trabaja con 120 laboratorios.