La Cámara Federal de Córdoba rechazó hoy la apelación del Estado nacional y ratificó que el Gobierno reglamente la ley que dispuso indemnizar a 10.000 habitantes por los daños que causaron las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas el 3 de noviembre de 1995.
El abogado patrocinante de los demandantes, Mario Ponce, reconoció que la resolución del Juzgado Federal de Río Cuarto, que exigió la reglamentación de la ley de indemnización aprobada en 2015, ratificada hoy por la Cámara, no está firme, ya que el Estado tiene 10 días para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Respecto a esa posibilidad, Ponce calificó que sería "una nueva falta de respeto a los riotercerenses" que esperan una respuesta.
A fines de 2016, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, hizo lugar al amparo presentado por el abogado Ponce para intimar al Estado a que cumpla con el pago extrajudicial, tal como lo establece una ley nacional, cuyo plazo para la reglamentación venció hace casi más de un año.
El magistrado había fijado un plazo de dos meses para que el Estado proceda a la reglamentación, recordó Ponce. Luego, el Estado apeló y ahora sufrió el revés de la Cámara de Apelaciones que terminó confirmando el fallo de Ochoa del 2 de diciembre del año pasado.
El abogado Ponce subrayó que las demoras en las reglamentaciones de leyes "son una manera de eludir la aplicación, y terminan siendo un veto encubierto". El anterior Gobierno nacional prometió esta ley pero finalmente no la aplicó y el actual, que también anunció su cumplimiento, sigue demorando su ejecución.
Al no reglamentarse la norma, se desconocen los montos resarcitorios, la forma de pago y en qué moneda o título se saldará la deuda.
En los últimos años cientos de riotercerenses que realizaron juicios al Estado por daños materiales o físicos han cobrado los resarcimientos fijados por sentencias judiciales, mientras otros tantos esperan, además de esta megacausa que representa Ponce
Entre 1996 y 1999 el Estado nacional abonó resarcimientos por daños, por vía administrativa. pero hubo vecinos que, disconformes con los pagos, iniciaron otras demandas.
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La Cámara Federal de Córdoba rechazó hoy la apelación del Estado nacional y ratificó que el Gobierno reglamente la ley que dispuso indemnizar a 10.000 habitantes por los daños que causaron las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas el 3 de noviembre de 1995.
El abogado patrocinante de los demandantes, Mario Ponce, reconoció que la resolución del Juzgado Federal de Río Cuarto, que exigió la reglamentación de la ley de indemnización aprobada en 2015, ratificada hoy por la Cámara, no está firme, ya que el Estado tiene 10 días para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Respecto a esa posibilidad, Ponce calificó que sería "una nueva falta de respeto a los riotercerenses" que esperan una respuesta.
A fines de 2016, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, hizo lugar al amparo presentado por el abogado Ponce para intimar al Estado a que cumpla con el pago extrajudicial, tal como lo establece una ley nacional, cuyo plazo para la reglamentación venció hace casi más de un año.
El magistrado había fijado un plazo de dos meses para que el Estado proceda a la reglamentación, recordó Ponce. Luego, el Estado apeló y ahora sufrió el revés de la Cámara de Apelaciones que terminó confirmando el fallo de Ochoa del 2 de diciembre del año pasado.
El abogado Ponce subrayó que las demoras en las reglamentaciones de leyes "son una manera de eludir la aplicación, y terminan siendo un veto encubierto". El anterior Gobierno nacional prometió esta ley pero finalmente no la aplicó y el actual, que también anunció su cumplimiento, sigue demorando su ejecución.
Al no reglamentarse la norma, se desconocen los montos resarcitorios, la forma de pago y en qué moneda o título se saldará la deuda.
En los últimos años cientos de riotercerenses que realizaron juicios al Estado por daños materiales o físicos han cobrado los resarcimientos fijados por sentencias judiciales, mientras otros tantos esperan, además de esta megacausa que representa Ponce
Entre 1996 y 1999 el Estado nacional abonó resarcimientos por daños, por vía administrativa. pero hubo vecinos que, disconformes con los pagos, iniciaron otras demandas.