Ante los cuestionamientos que desató el concurso para cubrir cinco cargos de jueces en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, el gobernador Juan Manuel Urtubey había pedido a la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, un dictamen sobre las ternas que el Consejo de la Magistratura giró al Ejecutivo el pasado viernes 7. Ahora, tomó la decisión de carácter excepcional de devolver las ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura y solicitar la apertura y realización de nuevos concursos para cubrir las vacantes de los cargos de jueces de las Salas I, II, III, IV y V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta.
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Ante los cuestionamientos que desató el concurso para cubrir cinco cargos de jueces en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, el gobernador Juan Manuel Urtubey había pedido a la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, un dictamen sobre las ternas que el Consejo de la Magistratura giró al Ejecutivo el pasado viernes 7. Ahora, tomó la decisión de carácter excepcional de devolver las ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura y solicitar la apertura y realización de nuevos concursos para cubrir las vacantes de los cargos de jueces de las Salas I, II, III, IV y V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta.
El Tribuno había anticipado el pasado 16 de marzo que las ternas venían cantadas. Las entrevistas, que se realizaron el pasado jueves 6, le pusieron el broche. En esa instancia, María Alejandra Gauffín y María Victoria Mosmann quedaron con las calificaciones más altas, con 23 puntos de 25 posibles. Entre los 26 postulantes que se presentaron para los cinco cargos vacantes ellas corrieron con una clara ventaja, ya que conocían de antemano el fallo que se utilizó en el examen escrito el pasado 17 de febrero. Así, quedaron como favoritas para los cargos de jueces concursados.
Ahora, tras recibir el informe de Fiscal de Estado, el gobernador envió un comunicado al Consejo de la Magistratura en el que señala la existencia de una serie de irregularidades evidentes e insalvables que, en consecuencia, tornan en irregular el procedimiento.
El gobernador Urtubey resaltó que resulta fundamental la consolidación de la confianza de los salteños en las instituciones de la democracia “para lo cual resulta esencial garantizar la transparencia de todos los procesos públicos y máxime cuando se trate de la selección de magistrados judiciales”
Urtubey sostuvo que, en el caso, “concurren circunstancias suficientes y justificadas que autorizan, de manera excepcional, a rechazar en su totalidad la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura y solicitar la apertura de nuevos concursos para cubrir las vacantes”.
En ese marco, señaló que la regularidad y transparencia de los actos de gobierno constituyen un pilar esencial del sistema republicano y democrático y, por ende, hacen a la esencia misma del Estado de Derecho, correspondiendo a todos los poderes del Estado velar incansablemente por su cumplimiento.
Resaltó además el mandatario que la transparencia constituye presupuesto de validez del todo el obrar estatal en general y del proceso de selección magistrados en particular, que tiende a garantizar el acceso a la información no solo de aquellos interesados en participar en dicho proceso sino también de los ciudadanos salteños quienes, en definitiva, son los destinatarios del servicio de justicia.
Indicó, por otra parte, que la decisión adoptada no implicaba de manera alguna valoración de las condiciones personales, morales, profesionales o idoneidad de los postulantes que integran las ternas recibidas.
Sobre el informe de la Fiscalía de Estado
La fiscal Lionetto en su dictamen señaló alteraciones al procedimiento por las modificaciones realizadas a los cronogramas fijados y publicados oportunamente. Asimismo indicó que en dos resoluciones, el Consejo de la Magistratura decidió reducir a una las cinco evaluaciones escritas de los postulantes y establecer una sola entrevista personal en lugar de cinco, tal como estaba establecido.
También se mencionó que la evaluación escrita consistió en un caso práctico que debían resolver los postulantes y que coincidía con uno real resuelto por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en el que habrían tenido intervención dos de las concursantes.
En el dictamen se indicó además que los cambios hechos a la convocatoria, evaluación de antecedentes, examen escrito y entrevista personal, atentan contra la regularidad del proceso, afecta las garantías de igualdad y equidad, vulnerando el debido proceso legal, pero además afecta la transparencia que debe guiar el proceder de todos los órganos del Estado.