El asedio, convertido en virtual secuestro, a la ex presidente y a la gobernadora, en la residencia privada, es una manifestación de protesta que no debería ser tomada como normal en una democracia. Arrojar piedras en la vivienda, destruir vidrios y pretender ingresar al domicilio es un acto de vandalismo que muchas organizaciones políticas eligieron como método.
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El asedio, convertido en virtual secuestro, a la ex presidente y a la gobernadora, en la residencia privada, es una manifestación de protesta que no debería ser tomada como normal en una democracia. Arrojar piedras en la vivienda, destruir vidrios y pretender ingresar al domicilio es un acto de vandalismo que muchas organizaciones políticas eligieron como método.
Es inadmisible. Costaría mucho encontrar un país del mundo que tolere esos actos. Este criterio no es el que prevalece en el kirchnerismo, en cuyas filas revista un activismo que practica estrategias que ellos llamarían "destituyentes" como, por ejemplo, agredir al presidente Mauricio Macri.
El mandatario nacional repudió "la violencia de cualquier tipo", como corresponde a un jefe de Estado, y la ministra Patricia Bullrich informó sobre el operativo de seguridad instrumentado para resguardar a Cristina. "Cuando supimos lo que pasaba, pusimos en aprestos cerca del lugar del conflicto un equipo de la Policía Federal y otro de Gendarmería para que actuara en caso necesidad", dijo la funcionaria.
Los K acusan
Máximo Kirchner dijo que lo ocurrido "es un botón de muestra para los demás gobernadores" y responsabilizó a Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, de estar "siempre detrás de estas cosas". Y opinó que el repudio presidencial "no refleja más que cinismo e hipocresía". El Instituto Patria, creado por Cristina, aseguró que "el Gobierno nacional está detrás de la operación contra el gobierno de Santa Cruz" y la calificó de "destituyente". El kirchnerismo ha optado por esta estrategia discursiva. El director de ese instituto, Oscar Parrilli, denunció "una actitud golpista con el formato de los golpes modernos, en los que se arman escenarios supuestamente catastróficos para ser televisados y justificar intervenciones políticas". Parrilli es el mismo que hace unos días opinó que "a Nicolás Maduro lo atacan por lo bueno que hizo, como a nosotros". Lo hizo cuando se informaba que la represión en ese país había causado más de veinte muertos.
Menos relevante, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi sostuvo que a Santa Cruz no le adelanta fondos de la coparticipación. El gobierno no respondió a estas declaraciones, aunque recordó que en marzo le firmó la reestructuración de deuda a esa provincia: le debía pagar una cifra superior a los 800 millones de pesos a Nación sólo por 2017. "Ahora tendrá 36 meses para hacerlo. Santa Cruz es la segunda provincia que más le debe a Nación, luego de 12 años de los K en el poder: unos 6 mil millones de pesos, cifra sólo superada por Buenos Aires".