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Otro niño abusado,sin asistencia y con su madre castigada

El Estado provincial deberá indemnizar a la familia. Salta sigue en deuda con los derechos de la infancia
Lunes, 24 de abril de 2017 00:00

Por Antonio Oieni

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Por Antonio Oieni

El niño tenía seis años cuando fue abusado en el baño de una escuela pública de Molinos. El agresor fue otro alumno, de 15 años. La madre del nene que sufrió la violación era maestra del establecimiento donde ocurrieron los hechos en 2011. Su denuncia ante la Justicia molestó a funcionarios educativos. Ella terminó trasladada y sin titularización. Afectaron su salario durante tres años. Primero se lo recortaron y después se lo sacaron. En seis años no recibieron asistencia ni contención alguna. Ahora la Provincia debe indemnizarlos con $560.000. Frente a casos similares, el Gobierno se empeño más en apelar los fallos que en contar con un protocolo de atención integral para las víctimas de abuso sexual y maltrato infantil.

El comienzo del suplicio

El drama de la familia a la que ordenó indemnizar el juez civil Federico Cortés empezó el 20 de mayo de 2011. Ese día, en la escuela albergue de Cuchiyaco (Molinos), un nene de seis años, que podría ser el hijo de cualquiera, fue ultrajado en el baño del establecimiento, en horario de clases, por otro alumno de 15 años.

La madre del chico que sufrió la violación trabajaba como docente en esa escuela vallista. Su denuncia contradijo sugerencias de directivos y funcionarios de Educación.

El lamentable hecho motivó el traslado de la docente y sus tres hijos de corta edad a la capital salteña.

En la sentencia, la jueza de Menores Nº 1, Lucrecia Palavecino, dio por acreditada la violación y las circunstancias en que ocurrió. La magistrada -conforme a la legislación vigente- dispuso el sobreseimiento del responsable, por tratarse de un menor de edad inimputable.

Con el patrocinio del abogado Javier Latorre, la madre del niño abusado inició una demanda civil. Ante ese reclamo, el juez de Quinta Nominación, Federico Cortés, acaba de condenar al Estado provincial a indemnizar a la familia afectada con $560.000. El resarcimiento podría dilatarse si el Gobierno, como hizo en otras causas, apela el fallo.

Este calvario familiar, más allá de sus aristas judiciales, vuelve a exponer la indolencia que desnudó, en mayo de 2016, el conmovedor caso de la niña wichi violada en Alto La Sierra.

La desprotección con que la nena de Rivadavia sobrellevó el penoso embarazo que finalmente fue interrumpido en el Hospital Materno Infantil de Salta, en nada difiere del abandono que aún sufren el niño abusado en Molinos y su grupo familiar.

Golpes bajos

Luego de denunciar el hecho ocurrido en la escuela de Molinos y demandar al Estado, todo se le hizo cuesta arriba a la madre del niño abusado.

Tras su traslado a la capital salteña, la docente quedó sin titularización en el Hogar Escuela, el único establecimiento de la ciudad de Salta acorde con su especialización.

Como si fuera poco, pasó tres años sin poder contar con su salario docente. Primero se lo recortaron y después dejó de percibirlos por la licencia que insumieron los interminables tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos.

Sin ingresos, el grupo familiar fue desalojado de la vivienda que alquilaba y debió subsistir con las changas que el marido de la mujer -afectado por un serio padecimiento cardíaco- realizaba con trabajos domiciliarios de jardinería.

Ellos siguen acomodados en una pieza que le facilitaron familiares, pero cada día enfrentan un nuevo problema.

Al niño que sufrió la violación le cuesta relacionarse con otros chicos. Sufrió importantes retrasos escolares y necesita de un acompañamiento permanente de su madre para sobrellevar el mar de dolencias emocionales que lo envuelve.

Una indolencia absoluta

En seis años ningún funcionario de Derechos Humanos, Salud ni Primera Infancia se acercó a la familia del niño que sufrió el abuso en la escuela de Cuchiyaco.
Lejos de las asistencias esperables, las decisiones institucionales le hicieron todavía más pesada la carga a su madre. Días atrás, casi simultáneamente al fallo que condenó al Estado a indemnizarla, le iniciaron un sumario en la escuela donde actualmente trabaja por sus obligadas inasistencias.
¿Sabrán los directivos de ese establecimiento del calvario que ella y sus hijos sufren desde hace seis años? ¿Conocen los funcionarios indolentes cómo los obliga a actuar la Convención Internacional de los Derechos del Niño en estos casos? 
¿Leyeron alguna vez los mandatos de ley nacional de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? ¿Cuándo contará Salta con un protocolo de asistencia integral a las víctimas de abusos y sus familias? 

 

 

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