La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió hoy a los jueces federales Sebastián Casanello y Julián Ercolini ampliar la investigación contra el detenido empresario Lázaro Báez a raíz del presunto hallazgo de vínculos entre una empresa de seguridad y su grupo empresario.
En sendas presentaciones hechas ante los jueces que investigan la llamada ruta del dinero K en el caso de Casanello y el direccionamento de la obra pública en Santa Cruz en el caso de Ercolini, la diputada y su abogada Silvina Martínez advirtieron que la empresa "Seguridad Patagónica" podría ser también propiedad de Báez y habría sido manejada por testaferros, según el escrito al que accedió Télam.
"Las coincidencias entre las empresas de Lázaro Báez y Seguridad Patagónica SA son contundentes, a tal punto que evidencian que se trata del mismo grupo empresario. No solo Comparten la misma sede social en la calle Libertad 141 de Río Gallegos, sino que también comparten contador: César Andrés; el mismo escribano: Leandro Albornoz", sostuvieron en el escrito.
Entre esta empresa de seguridad creada el 4 de diciembre de 2007 y las firmas de Báez habría habido movimientos de dinero de manera reiterada.
Según Stolbizer, la empresa tuvo como socios fundadores a José Chan -quien fue nombrado fiscal en Santa Cruz el 8 de noviembre de 2008- y Guillermo Polke.
"Me permito mencionar que el fiscal Chan tuvo a su cargo la instrucción de causas penales donde estuvieron involucradas empresas del Lázaro Báez. Basta solo recordar la causa 7674/14 donde se denunció por 'carterización, sobreprecios y corrupción' a Lázaro Báez, su hijo Martín Báez entre otros. Esa causa terminó en archivo porque el fiscal Chan no efectuó un requerimiento de instrucción, imprescindible para motorizar una causa penal, al considerar la inexistencia de todo tipo de delitos", agregó la diputada.
En este contexto, remarcó que, cuando Chan dejó la empresa para asumir como fiscal, fue nombrada en su lugar una joven de 25 años, Silvina González, sin antecedentes en el rubro de la seguridad y que estaba inscripta en AFIP como dedicada a la venta "por menor en kioscos y polirrubros".
"Los movimientos de fondos entre las empresas de Lázaro Báez y Seguridad Patagónica fueron continuos. A tal punto que decidieron darle un marco de legalidad a una operación por demás sospechosa. Por Escritura N° 855 del protocolo del escribano Leandro Albornoz del 11 de agosto de 2011 comparece Martin Báez, representando a Austral Construcciones SA, y Silvina González representando a Seguridad Patagónica SA. A fin de instrumentar el contrato de cesión de certificado de obra de ACSA a favor de Seguridad Patagónica SA por un monto de $948.488", destacó la ampliación de denuncia.
Es decir, remarcó, "en la relación entre Austral Construcciones SA y Seguridad Patagónica, se suscribe un contrato de mutuo donde la primera cede un certificado de obra (que vale millones) a fin de que la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional pague a la empresa de seguridad privada $948.000, convirtiéndose en el financista del empresario patagónico".
Báez está detenido con prisión preventiva por orden de Casanello que lo procesó por lavado de activos en tanto que Ercolini lo procesó también por corrupción en la obra pública santacruceña en el kirchnerismo.
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La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió hoy a los jueces federales Sebastián Casanello y Julián Ercolini ampliar la investigación contra el detenido empresario Lázaro Báez a raíz del presunto hallazgo de vínculos entre una empresa de seguridad y su grupo empresario.
En sendas presentaciones hechas ante los jueces que investigan la llamada ruta del dinero K en el caso de Casanello y el direccionamento de la obra pública en Santa Cruz en el caso de Ercolini, la diputada y su abogada Silvina Martínez advirtieron que la empresa "Seguridad Patagónica" podría ser también propiedad de Báez y habría sido manejada por testaferros, según el escrito al que accedió Télam.
"Las coincidencias entre las empresas de Lázaro Báez y Seguridad Patagónica SA son contundentes, a tal punto que evidencian que se trata del mismo grupo empresario. No solo Comparten la misma sede social en la calle Libertad 141 de Río Gallegos, sino que también comparten contador: César Andrés; el mismo escribano: Leandro Albornoz", sostuvieron en el escrito.
Entre esta empresa de seguridad creada el 4 de diciembre de 2007 y las firmas de Báez habría habido movimientos de dinero de manera reiterada.
Según Stolbizer, la empresa tuvo como socios fundadores a José Chan -quien fue nombrado fiscal en Santa Cruz el 8 de noviembre de 2008- y Guillermo Polke.
"Me permito mencionar que el fiscal Chan tuvo a su cargo la instrucción de causas penales donde estuvieron involucradas empresas del Lázaro Báez. Basta solo recordar la causa 7674/14 donde se denunció por 'carterización, sobreprecios y corrupción' a Lázaro Báez, su hijo Martín Báez entre otros. Esa causa terminó en archivo porque el fiscal Chan no efectuó un requerimiento de instrucción, imprescindible para motorizar una causa penal, al considerar la inexistencia de todo tipo de delitos", agregó la diputada.
En este contexto, remarcó que, cuando Chan dejó la empresa para asumir como fiscal, fue nombrada en su lugar una joven de 25 años, Silvina González, sin antecedentes en el rubro de la seguridad y que estaba inscripta en AFIP como dedicada a la venta "por menor en kioscos y polirrubros".
"Los movimientos de fondos entre las empresas de Lázaro Báez y Seguridad Patagónica fueron continuos. A tal punto que decidieron darle un marco de legalidad a una operación por demás sospechosa. Por Escritura N° 855 del protocolo del escribano Leandro Albornoz del 11 de agosto de 2011 comparece Martin Báez, representando a Austral Construcciones SA, y Silvina González representando a Seguridad Patagónica SA. A fin de instrumentar el contrato de cesión de certificado de obra de ACSA a favor de Seguridad Patagónica SA por un monto de $948.488", destacó la ampliación de denuncia.
Es decir, remarcó, "en la relación entre Austral Construcciones SA y Seguridad Patagónica, se suscribe un contrato de mutuo donde la primera cede un certificado de obra (que vale millones) a fin de que la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional pague a la empresa de seguridad privada $948.000, convirtiéndose en el financista del empresario patagónico".
Báez está detenido con prisión preventiva por orden de Casanello que lo procesó por lavado de activos en tanto que Ercolini lo procesó también por corrupción en la obra pública santacruceña en el kirchnerismo.