La defensora general María Inés Diez renunció ayer a integrar el tribunal que evaluará a los postulantes en el nuevo concurso para cubrir los cinco cargos de camaristas civiles que siguen vacantes.
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La defensora general María Inés Diez renunció ayer a integrar el tribunal que evaluará a los postulantes en el nuevo concurso para cubrir los cinco cargos de camaristas civiles que siguen vacantes.
La funcionaria informó al presidente del Consejo de la Magistratura, Abel Cornejo, que tomó esa decisión por razones de "violencia moral" y aseveró que el concurso anterior fue realizado "con total transparencia, honestidad, apego a las normas y respeto por las instituciones".
El escándalo
Tal concurso convocado para seleccionar cinco jueces para otras tantas cámaras civiles desencadenó un escándalo. La prueba se tomó con un caso que había sido tramitado en un tribunal donde se desempeñaban dos de las postulantes. Además se realizó un solo examen para los cinco cargos cuando correspondía tomar un examen para cada cargo. Ambas irregularidades derivaron en un recurso de amparo presentado por otra de las postulantes. El amparo llegó a la Corte de Justicia, aunque, para entonces, el gobernador Juan Manuel Urtubey, previa consulta a la fiscal de Estado, devolvió las ternas que le habían presentado y ordenó convocar a un nuevo proceso de selección.
Roces entre poderes
El desenlace reunió varias curiosidades. Todos los jueces de la Corte se excusaron, salvo Abel Cornejo, quien debería haberlo hecho porque el amparo iba dirigido contra el Consejo de a Magistratura, del cual es presidente. Una Corte "ad hoc" presidida por Cornejo convalidó la decisión del gobernador. María Inés Diez dijo en su escrito que sostiene "la legalidad de todo lo actuado por el tribunal evaluador".
La bochornosa situación dejó malparados a los miembros del Consejo. Los dos representantes de la Corte, Cornejo y Guillermo Catalano, se habían excusado y el Consejo de la Magistratura llevó a cabo el proceso de selección presidido por el diputado Manuel Santiago Godoy. Entre los seleccionadores de jueces figuran otros diputados: la contadora Liliana Mercedes Guitián, el escribano Mario Oscar Ángel y el abogado Matías Posadas. Ni ellos ni los representantes del Colegio de Abogado son especialistas en Derecho Civil.
En un análisis sobre la ley 7016, publicado en 2014, Abel Cornejo sostenía que la norma de creación del Consejo de la Magistratura merece ser criticada por no prever la creación de "una comisión evaluadora ad hoc ni la formación de un comité de expertos que pudiese realizar la prueba de oposición y dictaminar ante el plenario del Consejo".
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una entidad independiente comprometida con la transparencia judicial, considera imprescindible que un jurado de expertos independientes se encargue de confeccionar y corregir los exámenes escritos y orales. Este jurado es considerado una "pieza clave para que el proceso de selección termine con la elección de los postulantes más idóneos".
Las designaciones por mero criterio político, más allá de que los elegidos sean abogados, deja de lado el criterio académico. Un catedrático juega su prestigio y su futuro; un abogado designado políticamente no prioriza el rigor académico. Estos "expertos independientes" deben estar avalados por conocimiento y experiencia, como para que nadie se atreva a pedirles, por ejemplo, que pongan un caso que dos de las postulantes conocen de antemano.