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Una usurpación con aprietes y excusaciones

Denuncian que funcionarios judiciales se quieren apropiar de una vivienda.
Domingo, 30 de abril de 2017 00:00

En estos días otra causa, en la que la jueza Patricia Rahmer y el fiscal Gonzalo Gómez Amado se excusaron de intervenir, tiene a dos funcionarios del Juzgado Civil, Comercial, de Familia y Laboral de Anta acusados de ocupar ilegalmente una vivienda familiar y de coaccionar a la dueña de esa propiedad en Joaquín V. González.

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En estos días otra causa, en la que la jueza Patricia Rahmer y el fiscal Gonzalo Gómez Amado se excusaron de intervenir, tiene a dos funcionarios del Juzgado Civil, Comercial, de Familia y Laboral de Anta acusados de ocupar ilegalmente una vivienda familiar y de coaccionar a la dueña de esa propiedad en Joaquín V. González.

La presentación fue realizada por el periodista Federico Pérez, hijo de la mujer afectada, contra el secretario y la mediadora del Juzgado a cargo de Rahmer. Se trata de Pablo Gabriel Omar y de su pareja, Romina Soledad Sansó.

De acuerdo con la denuncia, la dupla de funcionarios judiciales usurpó un domicilio familiar ubicado en avenida Gemes 445 de Joaquín V. González. Pérez, por medio de su abogado, Martín Galván, solicitó el envío de oficiales de Justicia para que comprueben el estado de ocupación y constaten el instrumento legal que alegan ambos para seguir en esa vivienda.

Esta simple medida preparatoria, sin embargo, obtuvo como respuesta la excusación de la jueza y del fiscal. Como agravante, el actor denunció que en noviembre de 2016, Pablo Gabriel Omar se presentó en el domicilio de su madre, Antonia Córdoba, en la ciudad de Salta, y coaccionó a la mujer, de 72 años, para obligarla a firmar un documento desventajoso, valiéndose del cargo que ocupa en el Poder Judicial.

En el registro de Inmuebles, El Tribuno verificó que la propiedad en cuestión tiene como única dueña a Antonia Córdoba. También accedió a un acta notarial del escribano Simóm Dubois, fechada el pasado 3 de febrero, en la que dos testigos expusieron las presiones con que el secretario del Juzgado de Joaquín V. González intentó hacerle firmar a Antonia Córdoba un contrato de alquiler irregular.

A juzgar por el acta notarial, Omar nunca se percató que en el departamento de la madre se encontraban en ese momento dos conocidos, Ricardo Galván y Roberto Mogrovejo, que escucharon el "apriete" del funcionario judicial. Así definieron los circunstanciales testigos al atropello en el acta notarial.

 

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