Rubén Arenas locales@eltribuno. com. ar
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La Justicia corrió vista a una acción de amparo presentada por los vecinos del barrio San Nicolás que desde hace más de un año quedaron sitiados por la denominada urbanización Parque la Vega, a la que consideran como "una falsa política habitacional que ni siquiera dignifica a los más necesitados". San Nicolás es un pequeño barrio de 7 manzanas ubicado entre los edificios de Parque la Vega y el barrio San Remo, en el sur de la ciudad. Sus viviendas, tipo chalets con ladrillo visto y tejas de estilo clásico al tono, colindan con el loteo que hizo el Gobierno para 833 familias, la mayoría de escasos recursos que viven virtualmente hacinadas en casita precarias y sin los servicios elementales. En medio de este contraste, la gente no responsabiliza a sus vecinos por esta situación sino al Estado por no haber tomado las previsiones del caso al momento de disponer la entrega los terrenos. "Ellos son tan víctimas como nosotros de estas precarias políticas y una prueba de esto es que el loteo se inundó de pozos ciego por falta de cloacas", expresaron.
Según los vecinos, las calles se han convertido en lagunas por las lluvias y atribuyeron su deterioro a la circulación de pesados camiones que ingresan a toda hora para el loteo y a la falta de mantenimiento. De igual manera manifestaron que son innumerables las denuncias presentadas en la comisaría de San Remo por robos, daños y amenazas que sufren a diario, a lo que se suma la falta de iluminación y de seguridad.
También advirtieron que el barrio está rodeado de basura debido a que en el loteo no hay recolección de residuos, con los riesgos que esto implica para la salud de todos.
Sobre el amparo presentado por el abogado Oscar Pedro Guillén a la jueza Bibiana María Acuña, los vecinos señalan que no han tenido respuesta a los reiterados reclamos planteados ante la Municipalidad y el Gobierno y que por ese motivo decidieron recurrir a la Justicia. A la primera la responsabilizan por haber omitido realizar inspecciones preventivas, cooperativas o aun punitivas, para impedir la infracción de una enorme cantidad de normas del Código de Edificación y de Planeamiento y del Código de Edificación. "En idéntica dirección consintió la comisión de ilícitos contravencionales y permitió la construcción de un grupo habitacional sin espacios públicos ni espacios verdes, de gran cantidad de pozos ciegos para desechos cloacales que afectará las napas de aguas subterráneas, hipotecando con ello la salud y el derecho a un medio ambiente sano", señala el escrito.
Con relación a la Provincia, expresan: "Fue la causante del gran conflicto social por la entrega irregular de las tierras, entrega salpicada de actos de corrupción y el facilitamiento a que terceros usurparan algunos predios para, luego, eludir las consecuencias de estos episodios a pesar de las innumerables notas y peticiones que le cursáramos con relación a toda la problemática detallada. Amén de lo expuesto son, la Provincia de Salta y el municipio de la capital, los que deben ser garantes en la protección y satisfacción de los derechos humanos de las personas".