Con un recurso extraordinario federal, que interpuso sobre el filo de los plazos legales, el Consejo de la Magistratura espera que el tribunal supremo de la Nación revise y convalide el cuestionado proceso selectivo de camaristas que terminó con las cinco ternas devueltas por el gobernador Juan Manuel Urtubey y con el procedimiento anulado por una Corte ad hoc.
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Con un recurso extraordinario federal, que interpuso sobre el filo de los plazos legales, el Consejo de la Magistratura espera que el tribunal supremo de la Nación revise y convalide el cuestionado proceso selectivo de camaristas que terminó con las cinco ternas devueltas por el gobernador Juan Manuel Urtubey y con el procedimiento anulado por una Corte ad hoc.
La presentación ingresó al máximo tribunal de Salta el pasado lunes, pero recién ayer fue confirmada a El Tribuno por fuentes judiciales y del órgano selectivo, donde la carta jugada dividió las opiniones y expectativas de legisladores, jueces y abogados. Aun así, el plenario decidió el pasado viernes facultar al titular de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, para que promueva el recurso federal en representación del Consejo.
Como vicepresidente del órgano colegiado, cargo que dejó de ocupar el mismo viernes, Godoy había quedado al frente del polémico proceso selectivo, luego de que los dos jueces de Corte que debían presidirlo, Abel Cornejo (titular) y Guillermo Catalano (suplente) se excusarán por diferentes motivos. Cornejo se apartó porque había impugnado a uno de los 29 candidatos inscriptos, y Catalano, por sus vínculos familiares con otra postulante.
El viernes 5 el plenario eligió por unanimidad como vicepresidente del cuerpo a Eduardo Romani, representante del estamento de los abogados, en reemplazo de Godoy, a quien se le venció el mandato en ese cargo el pasado 16 de abril.
El cuerpo sesionó ese día con Abel Cornejo y Guillermo Catalano; dos jueces de Cámara, Guillermo Alavila y Analía Villa Moisés; la defensora General de la Provincia, María Inés Diez; Godoy y otros tres representantes de Diputados, Liliana Guitián, Mario Angel y Matías Posadas, y los abogados Romani, María Luisa Falconier, César Rodríguez Galíndez, César Catán Rivero y Salomón Alé.
En la votación, marcada por posturas divididas, un buen número de consejeros decidió avanzar con el recurso extraordinario federal que se presentó ante la Corte salteña el lunes. Hasta el cierre de esta edición se desconocía el estado de esa apelación que, de ser admitida, sometería la definición del conflicto judicial a un arbitraje de la Corte de Justicia de la Nación. Ante su eventual rechazo, el Consejo podría insistir ante el tribunal supremo de la Nación en queja, como última opción recursiva.
Mientras tanto, la reprogramación de las evaluaciones y entrevistas del cuestionado proceso, que ordenó el pasado 20 de abril una Corte ad hoc, quedó en suspenso.
Los antecedentes
El 20 de abril una Corte ad hoc, conformada con Abel Cornejo y seis jueces de Cámara sorteados tras las excusaciones de los demás miembros del máximo tribunal de Salta, hizo lugar a una apelación que había presentado Marcela von Fischer, como postulante en la controvertida selección de camaristas. Von Fischer, quien trabaja como secretaria relatora de la Corte de Justicia, había interpuesto antes un amparo con el que pidió anular el proceso y que fue rechazado, en primera instancia, por la jueza Mónica Mudski.
La postulante cuestionó la unificación de los exámenes escritos y las entrevistas de los cinco concursos que habían sido convocados originariamente para cubrir las vacantes de jueces en la Cámara civil.
Además, denunció que en la evaluación se pidió desarrollar un caso práctico que había sido tomado de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, donde trabajan dos de las concursantes ternadas.
La Corte ad hoc hizo lugar parcialmente a la apelación y ordenó reprogramar las evaluaciones y entrevistas a las que también el gobernador Urtubey había considerado irregulares, el 12 de abril, en base a un dictamen de la Fiscalía de Estado. El rechazo de las ternas, por parte del Ejecutivo, abrió un conflicto institucional sin precedentes.
En una nota que elevó al Consejo de la Magistratura antes de que se conocieran los puntajes de la evaluación escrita y se concretaran las entrevistas, el diputado Carlos Zapata había advertido sobre el conflicto en puertas, pero aquella presentación no fue considerada.