El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se reunió ayer para comenzar a analizar el desafuero de Federico Diez, el magistrado denunciado por violencia de género por su expareja.
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se reunió ayer para comenzar a analizar el desafuero de Federico Diez, el magistrado denunciado por violencia de género por su expareja.
El organismo, encabezado por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, resolvió correr vista al acusado, juez de la sala VII del Tribunal de Juicio.
El procedimiento se inició luego de que la jueza Ada Zunino elevara a juicio la causa por lesiones y amenazas contra Diez y pidiera al Jurado de Enjuiciamiento el denominado "allanamiento de inmunidad".
Los delitos en juego son "lesiones agravadas por la relación preexistente y por constituir violencia de género, amenazas con arma" y, en concurso real, desobediencia judicial por no haber respetado una orden que le impedía acercarse a la denunciante.
Antes de resolver sobre el allanamiento de inmunidad requerido, se dispuso que se corra vista al juez Diez por el plazo de tres días para que ejerza la defensa en juicio, derecho contemplado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
De la primera reunión participaron, además de Guillermo Catalano, los demás integrantes del cuerpo: el juez decano de la Corte de Justicia Guillermo Posadas; la fiscal de Estado Mónica Lionetto, el senador por la mayoría Jorge Pablo Soto; la diputada por la mayoría Matilde Balduzzi; el diputado por la minoría Eduardo Leavy y los abogados Guillermo López Mirau (designado por la Cámara de Senadores) y Pedro Mellado (nombrado por la Cámara de Diputados).
El allanamiento de inmunidad de los jueces es un procedimiento establecido en la ley 7.138 para suspender los fueros de los magistrados que son denunciados por delitos.
Si el organismo lo resuelve, Federico Diez deberá someterse a los procesos judiciales como cualquier ciudadano. El Jurado de Enjuiciamiento podría decidir además alejarlo de su cargo sin goce de haberes.
Estas medidas quedarían suspendidas si el magistrado es sobreseído o absuelto de los delitos que se le imputan. El plazo para tomar la determinación es de cinco días.