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Allanaron el Ministerio de Finanzas por operaciones irregulares con fondos de la Anses

Los procedimientos, ordenados por el juez federal Claudio Bonadio, se dan en el marco de la causa en la que ya fueron imputados el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos exfuncionarios. El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos. 
Viernes, 19 de mayo de 2017 15:29

El juez federal Claudio Bonadio ordenó hoy allanamientos en el Ministerio de Finanzas y empresas privadas en una causa en la que se investigan operaciones presuntamente irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

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El juez federal Claudio Bonadio ordenó hoy allanamientos en el Ministerio de Finanzas y empresas privadas en una causa en la que se investigan operaciones presuntamente irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Fuentes judiciales informaron que los operativos son en la causa que ya fueron imputados el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos exfuncionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos.

Por orden del juez, los allanamientos los realiza la Policía Federal en el Ministerio de Finanzas, Anses, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora Iecsa, esta última hasta hace poco titularidad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Los allanamientos fueron ordenados tras un pedido de pruebas solicitadas por Di Lello. Según la denuncia, en octubre del 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12 por ciento emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos. En esa acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5 por ciento.

Según el denunciante, la medida habría generado una pérdida de 75 millones de dólares al Estado. La acusación fiscal sospecha que el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank. En su requerimiento, Di Lello también pidió investigar al FGS por la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor.

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