La audiencia, que será pública e informativa, habilita la participación de ‘Amigos del Tribunal‘ en el marco del proceso colectivo iniciado a partir de un amparo colectivo iniciado por una asociación civil (ADC) y un grupo de madres salteñas contra el Estado Provincial, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ley que impone la religión católica como enseñanza obligatoria en las escuelas públicas.
De este modo, la organización hace una defensa de la histórica conquista de la enseñanza laica a nivel nacional.
La situación se remonta a 2013 cuando la Corte de Justicia de Salta declara la constitucionalidad de las normas provinciales que dispusieron por ley en 2008 que la enseñanza religiosa integre los planes de estudio y que se imparta dentro del horario de clase, y dispone como recaudo la implementación de un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica.
La organización que se opone a esta práctica recurrió a la Corte Suprema de la Nación alegando que la educación religiosa en la escuela pública durante el horario escolar y como parte del plan de estudios, trae aparejadas prácticas que lesionan los derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad.
En marzo pasado, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, consideró que la educación religiosa que se dicta en las escuelas estatales primarias de Salta es discriminatoria y lesiona la libertad de culto, y dictaminó su inconstitucionalidad tras aconsejar que se ordene su cese.
El funcionario se expidió sobre el tema al emitir un dictamen en el amparo que había iniciado el grupo de madres en 2010, y finalmente hoy la Corte Suprema de Justicia convocó a la audiencia pública para luego definir el caso.
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La audiencia, que será pública e informativa, habilita la participación de ‘Amigos del Tribunal‘ en el marco del proceso colectivo iniciado a partir de un amparo colectivo iniciado por una asociación civil (ADC) y un grupo de madres salteñas contra el Estado Provincial, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ley que impone la religión católica como enseñanza obligatoria en las escuelas públicas.
De este modo, la organización hace una defensa de la histórica conquista de la enseñanza laica a nivel nacional.
La situación se remonta a 2013 cuando la Corte de Justicia de Salta declara la constitucionalidad de las normas provinciales que dispusieron por ley en 2008 que la enseñanza religiosa integre los planes de estudio y que se imparta dentro del horario de clase, y dispone como recaudo la implementación de un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica.
La organización que se opone a esta práctica recurrió a la Corte Suprema de la Nación alegando que la educación religiosa en la escuela pública durante el horario escolar y como parte del plan de estudios, trae aparejadas prácticas que lesionan los derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad.
En marzo pasado, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, consideró que la educación religiosa que se dicta en las escuelas estatales primarias de Salta es discriminatoria y lesiona la libertad de culto, y dictaminó su inconstitucionalidad tras aconsejar que se ordene su cese.
El funcionario se expidió sobre el tema al emitir un dictamen en el amparo que había iniciado el grupo de madres en 2010, y finalmente hoy la Corte Suprema de Justicia convocó a la audiencia pública para luego definir el caso.