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Ya se produjeron renuncias en el cuestionado concurso para superfiscal de Anta

Ayer dieron un paso al costado dos postulantes. Hoy renunciaría la esposa del juez de Garantías de Joaquín V. González, Héctor Guzmán.
Miércoles, 03 de mayo de 2017 00:00

Con las renuncias de dos candidatas y con otra dimisión por confirmarse hoy, se acerca el examen escrito del concurso que convocó el Consejo de la Magistratura de Salta para elegir al fiscal multifueros de Anta.

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Con las renuncias de dos candidatas y con otra dimisión por confirmarse hoy, se acerca el examen escrito del concurso que convocó el Consejo de la Magistratura de Salta para elegir al fiscal multifueros de Anta.

Hasta ayer tarde la prueba seguía fijada para mañana, con las bajas confirmadas de la auxiliar fiscal de Las Lajitas, Marcela Elías, y de una abogada de Joaquín V. González, Nancy Barro, quien en los últimos días hizo sentir en las redes sociales su indignación por el entramado de impunidad urdido en ese departamento entre asados y carreras cuadreras.

Fuentes del Poder Judicial señalaron que hoy se formalizaría la renuncia de Mariana Barrera, esposa del juez de Garantías de Joaquín V. González, Héctor Sebastián Guzmán, al proceso selectivo que desató generalizados cuestionamientos por los estrechos vínculos que ligan a la mayoría de los postulantes al poder político anteño.

Esta renuncia no debería sorprender a nadie, si se piensa que Barrera, en caso de ser designada como superfiscal, tendría que excusarse en todas las causas que se dirimen en el juzgado penal de su marido.

En dos notas de investigación, publicadas el pasado fin de semana, El Tribuno detalló los cargos, nombramientos y postulaciones judiciales con los que el diputado Pedro Sández, el senador Ernesto Gómez y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García, colonizaron los dos juzgados y las sedes de la Fiscalía Penal de Anta con familiares y alfiles políticos.

En la mañana de ayer, en medios radiales de Anta y de la capital salteña, Sández adelantó que en la sesión de la Cámara Baja tomaría el micrófono para "defender a mis amigos a capa y espada" de los "abogados delincuentes" que comentaron en medios de prensa y en las redes sociales el escandaloso caso del robo del generador que abastecía con agua potable a 30 familias de San Miguel y que tiene hoy imputado a uno de sus allegados, Luciano Saravia.

Con los tapones de punta

El jefe del bloque justicialista de Diputados se refirió a los letrados David y Diego Protti, Carlos López Sanabria, Fernando Escobar y Néstor Pérez como "promotores" de los informes periodísticos que público El Tribuno y afirmó que "están interesados en quedarse con el cargo de fiscal".

En el concurso solo se inscribieron Pérez y Escobar. Los otros tres abogados nunca se postularon para el puesto.

Duro cruce de un abogado

Tras las manifestaciones del diputado anteño, David Protti respondió que "Sández miente una vez más descaradamente. Ni yo ni mi hermano (Diego Protti) nos inscribimos en el concurso, ni nos interesa el cargo en cuestión. Siempre que puede nos ataca porque considera que somos los responsables de que no pudiera robarse miles de hectáreas en Anta. El caso Tolloche, entre otros, es público y notorio. Esa causa tiene actualmente procesados a testaferros de él, de Godoy (Manuel Santiago, titular de Diputados) y del intendente de El Quebrachal. Las tierras que desadjudicó el gobernador Juan Manuel Urtubey por los denuncias que formulamos y por las irregularidades que se comprobaron valen hoy varios millones de dólares. Es lamentable que Sández utilice a la Cámara de Diputados para desquitarse por cuestiones personales, como reconoció en declaraciones periodísticas", remarcó Protti.

López Sanabria, otro de los abogados a los que Sández rotuló de "delincuentes", patrocina a una empresa de Andorra que fue damnificada por un título irregularmente inscripto en la Dirección General de Inmuebles.

Por esa maniobra ilícita, el escribano Sergio Juan Vélez y el ingeniero José Emilio Nioi fueron condenados el 3 de marzo de 2015. Con el título fraudulento, Luciano Saravia, el mismo que está imputado por el robo del motor de la comunidad de San Miguel en El Quebrachal, inició una demanda en reclamo de más de 4.000 hectáreas de una finca que pertenece desde hace 30 años a Pyrenées Sudamericana.

Fernando Escobar, a su vez, patrocinó a campesinos de Tolloche que en 2011 denunciaron la reventa ilegal de lotes fiscales por la que ocho falsos colonos terminaron procesados por el juez Pablo Arancibia en diciembre de 2013. Entre los encausados está Luis Alberto Díaz, cuñado de Godoy. Los otros siete son familiares y allegado de Sández y el intendente García. Se trata de José Palma, Jorge Díaz, Sebastián Díaz, Félix David, Julio Ríos, Daniel Maldonado y Néstor Maldonado.

Silencio por el motor robado 

La Justicia notificó al intendente de El Quebrachal, Leonardo García, para que manifieste si se constituirá, o no, en querellante y actor civil por el robo del grupo generador que abastecía con agua potable a 30 familias del paraje San Miguel.
Ese equipo fue hurtado el 19 de enero de 2016.
El pasado 7 de abril, policías dieron con el motor en la finca Santa Laura. Allí lo vendió Luciano Saravia, 
hermano de Gustavo “Chasca” Saravia, mano derecha del diputado Sández.
El domingo 9 de abril, Luciano Saravia retiró furtivamente el equipo de esa finca, en horas de la madrugada, para impedir el secuestro policial.
Esa misma tarde estuvo en las cuadreras de Tucumán con el fiscal de la causa, González Gómez Amado. 

Los “amigos” del diputado

En el informe que publicó el pasado domingo, El Tribuno detalló todos los cargos y nombramientos que se repartieron el diputado Sández, el senador Gómez y el intendente García en los juzgados y las sedes de Fiscalía de Anta. El jefe del bloque justicialista de Diputados no desmintió un solo nombre ni cargo ocupado. “Son amigos y los voy a defender a capa y espada”, sostuvo en declaraciones periodísticas con las que defendió el reparto de privilegios. 

- Marcela del Valle Leguina, esposa del intendente Leonardo García, trabaja en la sede de El Quebrachal de la Fiscalía Penal de Anta. Actualmente está en uso de licencia porque preside el Concejo Deliberante de ese municipio.

- Nancy Ríos, sobrina del diputado Pedro Sández, es secretaría letrada en la sede de Joaquín V. González de la Fiscalía Penal de Anta. Su padre, Julio Ríos, es uno de los ocho presuntos “testaferros” que terminaron procesados en 2013 por el fraude con los lotes fiscales revendidos en Tolloche. 

- Rodrigo Saravia es empleado en el Juzgado Civil y de Familia a cargo de Patricia Rhamer. Su padre, René Saravia, le embargó la dieta a Sández. Según expedientes que se tramitan en la Justicia Civil y Comercial de Salta, esa fue una maniobra del diputado para evitar que acreedores reales lo embarguen en varios juicios ejecutivos.
 
- Pedro Kairuz fue, en la última campaña, candidato a concejal en primer término de la lista de Sández. Le fue mal en las urnas. Lo nombraron ordenanza-oficial de Justicia en el Juzgado de Garantías de Joaquín González a cargo de Héctor Sebastián Guzmán.

- Fabían García, el único hijo varón del intendente de El Quebrachal, fue nombrado en el Juzgado de Garantías de Héctor Guzmán. 

- Francisco Barrera, primo hermano de Mariana Barrera, la mujer del juez Guzmán, también es empleado del Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.

- Mario Urquiza, candidato a diputado en segundo término en la lista de Sández, asumió como delegado en la Dirección de Trabajo. Su esposa, Julia Herrera, fue nombrada en el Juzgado de Patricia Rahmer. 

- Anahí Medina, hija de la mujer de Miguel Albaizeta, exconcejal de la línea de Sández, fue nombrada en la sede de Joaquín V. González de la Fiscalía Penal de Anta.

- Romina Soledad Sansó, pareja del secretario del Juzgado de Patricia Rahmer, Pablo Gabriel Omar, es hija de Graciela Gómez, exsecretaría de Cultura de El Quebrachal e histórica dirigente de Sández.

- Sergio Ariel Dantur, postulante a super fiscal de Anta, trabajó en la Cámara de Diputados con Sández y se desempeña actualmente como auxiliar fiscal en Apolinario Saravia.

- Gonzalo Gómez Amado, el fiscal penal de Anta, es hijo del senador Ernesto Gómez. El único antecedente que le reconocen en Anta es el de asesor de su padre en la Cámara alta. María Emilia Gómez, hija del senador y hermana del fiscal penal de Anta ocupa un cargo en la Unidad de Atención Temprana del Ministerio Público de Salta.

 

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