Andrea Paola Cruz tiene nueve hijos y está en espera del décimo con un crítico embarazo de seis meses. Los mayores son Juan, de 19, y Flavio, de 18, quien sobrelleva una larga discapacidad. Les siguen Facundo (16), Ivón (14), Wálter (11), Federico (7), Emiliano (5), Florencia (3) y Araceli (1).
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Andrea Paola Cruz tiene nueve hijos y está en espera del décimo con un crítico embarazo de seis meses. Los mayores son Juan, de 19, y Flavio, de 18, quien sobrelleva una larga discapacidad. Les siguen Facundo (16), Ivón (14), Wálter (11), Federico (7), Emiliano (5), Florencia (3) y Araceli (1).
Su padre, Wálter Bulacio, es diabético.Trabajaba como pastelero, pero lo dejaron sin empleo hace seis meses. Desde entonces, la familia quedó sin su principal ingreso y sin la vivienda que alquilaba.
En diciembre de 2016, Wálter, Paola y sus nueve hijo quedaron en situación de calle y no hallaron otro remedio que acomodarse en el balneario capitalino Carlos Xamena en dos carpas prestadas.
Su calvario lleva seis meses y muestra lo grande que les quedan los cargos públicos a muchos funcionarios que, en todo este tiempo, no movieron un pelo ni siquiera para velar por el interés superior de los niños. Casi todos tienen problemas respiratorios y algunos presentan cuadros de asma. Sus padres hacen lo imposible para que no pierdan la escuela, pero la precariedad en la que viven empezó a provocar estragos en su salud antes de la llegada de los días más fríos.
La desesperante situación del grupo familiar fue largamente expuesta por medios de prensa salteños, pero es tal la indolencia de los organismos competentes que una asociación civil conformada por abogados, Acción Pública Ciudadana, decidió interponer un amparo para que la afectación de derechos y garantías fundamentales no se extienda indefinidamente.
Audiencia clave
Ante la demanda de amparo para Andrea, Wálter y sus hijos, la jueza civil y comercial de Sexta Nominación, Mercedes Filtrín, convocó una audiencia con carácter de urgente para hoy, a las 9. La Provincia deberá concurrir como demandada.
En la acción, que patrocinaron los abogados Leonardo de Almeida y Ramiro Rodríguez, se pidió a la Justicia que ordene al Gobierno de la Provincia de Salta y al Instituto Provincial de Vivienda (IPV) entregarle a la familia una vivienda social en cumplimiento del derecho constitucional que la asiste para acceder una vivienda digna.
Se solicitó que la medida se cumpla en la más inmediata entrega de viviendas del IPV, donde la familia está inscripta desde hace 14 años, atendiendo al estado de extrema vulnerabilidad en que se encuentra.
En la demanda de amparo también se pidió una medida cautelar que obligue al Gobierno provincial a asegurarle un inmediato alojamiento a la familia, en condiciones dignas de habitabilidad, mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Más allá de tratarse de un caso puntual, el amparo cuestiona la desnaturalización del sistema de adjudicación de viviendas sociales que, construidas con fondos públicos, no garantizan acceso prioritario a aquellos que más las necesitan.
Viven con 6.400 pesos
Wálter Bulacio, de 44 años, trabajaba como pastelero en una panadería de la zona de las terminal, donde cobraba $15.000 mensuales. En octubre de 2016 lo dejaron sin empleo. No encuentra trabajo y cada vez que consigue uno lo despiden apenas toman conocimiento de su diabetes. Realiza changas en trabajos de jardinería para llevar algo de pan a la flaca mesa de sus hijos.
Andrea Paola Cruz cuenta con la pensión que se entrega a las madres de siete hijos o más. Son $ 6.394 otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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