El abogado tartagalense Sergio Alejandro Heredia denunció públicamente supuestos desvíos millonarios de fondos destinados a la construcción de viviendas para comunidades aborígenes. "Se robaron recursos que eran para construir 150 casas, valuadas en $720.000 cada una; pero cuando fui al IPV a decirles que tomen cartas en el asunto la respuesta me dejó más indignado aún: "No lo haga público doctor, porque si se enteran en Buenos Aires nos cortan todo', me dijeron", denunció Heredia.
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El abogado tartagalense Sergio Alejandro Heredia denunció públicamente supuestos desvíos millonarios de fondos destinados a la construcción de viviendas para comunidades aborígenes. "Se robaron recursos que eran para construir 150 casas, valuadas en $720.000 cada una; pero cuando fui al IPV a decirles que tomen cartas en el asunto la respuesta me dejó más indignado aún: "No lo haga público doctor, porque si se enteran en Buenos Aires nos cortan todo', me dijeron", denunció Heredia.
A raíz de estas declaraciones, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) emitió un comunicado en el que aclara que las 150 viviendas destinadas a familias aborígenes de Salta "se encuentran en ejecución, siendo él IPPIS el organismo ejecutor y quien seleccionó el listado de subcontratistas".
"Las obras se ejecutan a raíz de un convenio rubricado entre IPV e IPPIS, los fondos para los trabajos son provenientes de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nacion, en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales", agrega el texto que difundió el IPV.
El IPV acusa de difamatorio a Heredia argumentando: "El denunciante expresa una malversación de fondos, lo cual no sólo es una difamación sino una declaración infundada ya que se paga de acuerdo a certificación de avance de obra. El inicio de los trabajos tiene fecha en diciembre de 2016 con un porcentaje de ejecución promedio a hoy del 10%. Asimismo, este instituto a principios de mes notificó al IPPIS solicitando regular el ritmo de obras de las viviendas ya que un alto número de ellas presentan un notorio retraso".
Finalmente, el IPV informó que "si existiera una causa penal se intervendrá presentando los convenios, estados de obra y certificaciones y tomará las medidas judiciales que correspondan".