La frontera norte de Salta vive una situación explosiva dentro de un país que necesita “volver al pleno Estado de derecho”.
Al narcotráfico y el contrabando, que son los delitos clásicos en la zona, se suman el lavado de activos y la trata de personas. El paquete lo completan los secuestros extorsivos, que hoy asolan la región central. “Rosario tiene un problema específico: el narcotráfico asociado a la violencia en el fútbol; la frontera norte, las consecuencias del abandono de décadas”, dijo el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, ministerios públicos y legislaturas, Gonzalo Cané. Fue en medio de la crisis que generó la protesta de los bagayeros en Orán, mientras deliberaba en Salta la Segunda Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, en la que Cané cumplió un rol protagónico.
La jerarquía del encuentro, del que participaron funcionarios con roles estratégicos en la lucha contra el crimen organizado, muestra a su vez la fragilidad de nuestra frontera, donde las protestas sociales son la contracara de una crisis laboral y que la ilegalidad ofrece mejores perspectivas que el trabajo en blanco.
Pero a la protesta se suma la reiteración de crímenes vinculados con la droga y la presencia de traficantes sin trabas y sin disimulo. El funcionario se refirió al “abandono de la frontera norte a la buena de Dios durante décadas”, y consideró que esa situación facilitó nuevos fenómenos, como la radicación de organizaciones ilegales y de personas con documentación “blanqueada” que dejaron Colombia para venir a nuestro país.
El foco del encuentro estuvo puesto en cuatro crímenes específicos: narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y secuestros extorsivos. Por eso estuvieron el fiscal en Narcocriminalidad, Diego Iglesias; la fiscal especializada en Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mangano, y el fiscal Santiago Marquevich, de la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos. “Son eslabones estratégicos en la lucha contra el crimen organizado. Por primera vez hemos podido reunir a los fiscales especializados de Chile, Perú, Bolivia y Paraguay para generar una relación que facilite en el futuro acciones coordinadas”, explicó Cané en una entrevista con El Tribuno.
Curiosamente, entre las procuradurías especializadas del Ministerio Público federal no hay una dedicada al contrabando.
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La frontera norte de Salta vive una situación explosiva dentro de un país que necesita “volver al pleno Estado de derecho”.
Al narcotráfico y el contrabando, que son los delitos clásicos en la zona, se suman el lavado de activos y la trata de personas. El paquete lo completan los secuestros extorsivos, que hoy asolan la región central. “Rosario tiene un problema específico: el narcotráfico asociado a la violencia en el fútbol; la frontera norte, las consecuencias del abandono de décadas”, dijo el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, ministerios públicos y legislaturas, Gonzalo Cané. Fue en medio de la crisis que generó la protesta de los bagayeros en Orán, mientras deliberaba en Salta la Segunda Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, en la que Cané cumplió un rol protagónico.
La jerarquía del encuentro, del que participaron funcionarios con roles estratégicos en la lucha contra el crimen organizado, muestra a su vez la fragilidad de nuestra frontera, donde las protestas sociales son la contracara de una crisis laboral y que la ilegalidad ofrece mejores perspectivas que el trabajo en blanco.
Pero a la protesta se suma la reiteración de crímenes vinculados con la droga y la presencia de traficantes sin trabas y sin disimulo. El funcionario se refirió al “abandono de la frontera norte a la buena de Dios durante décadas”, y consideró que esa situación facilitó nuevos fenómenos, como la radicación de organizaciones ilegales y de personas con documentación “blanqueada” que dejaron Colombia para venir a nuestro país.
El foco del encuentro estuvo puesto en cuatro crímenes específicos: narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y secuestros extorsivos. Por eso estuvieron el fiscal en Narcocriminalidad, Diego Iglesias; la fiscal especializada en Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mangano, y el fiscal Santiago Marquevich, de la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos. “Son eslabones estratégicos en la lucha contra el crimen organizado. Por primera vez hemos podido reunir a los fiscales especializados de Chile, Perú, Bolivia y Paraguay para generar una relación que facilite en el futuro acciones coordinadas”, explicó Cané en una entrevista con El Tribuno.
Curiosamente, entre las procuradurías especializadas del Ministerio Público federal no hay una dedicada al contrabando.
En la frontera, la gente, especialmente los comerciantes, transmiten la certeza de que todos esos delitos forman parte de un fenómeno articulado. En Orán el problema de los bagayeros incluye contrabando y droga... La evolución de la criminalidad es poderosa.
La frontera es un problema federal y es innegable que hubo un abandono durante las últimas décadas, al menos, del control y la presencia judicial, que son imprescindibles en estas áreas. No es una afirmación al azar. Del 40% de los juzgados federales vacantes el 60% son juzgados de frontera. Los números son elocuentes. La zona de frontera quedó desguarnecida. Se produjo un repliegue del gobierno federal que estamos tratando de revertir. Justamente por eso se creó la Secretaría de Fronteras en el Ministerio de Seguridad.
De hecho, el diputado de Orán Marcelo Astún denunció la presencia de cambistas extranjeros y abundan los casos de crímenes a manos de sicarios...
Hay fenómenos externos que inciden en estos cambios. La presencia colombiana en nuestro territorio es una consecuencia del proceso de pacificación de Colombia. Allí se generó una reconversión de gran parte de los aparatos paramilitar y guerrillero; los narcotraficantes enmascarados en esos grupos han logrado amnistías que les permiten trasladarse a otros países de latinoamérica, como el nuestro. Y no hay ese tipo de radicaciones solo en Salta. Están en otras provincias, especialmente en Santa Fe. Llegan con identidades nuevas, documentos que no registran antecedentes y que les permiten blanquearse. No sé si el gobierno de Colombia ha sido consciente o no de lo que estaba ocurriendo.
¿Va en aumento la presión del narcotráfico sobre nuestro territorio?
No disponemos de números y estadísticas anteriores a diciembre de 2015. Ahora estamos componiendo una, a partir de datos de 2016. Los procedimientos y secuestros de droga han aumentado mucho pero somos conscientes de que interceptar a los narcos en las rutas sin descubrir el camino de punta a punta nos garantiza quedarnos con enormes volúmenes de cocaína o marihuana sin poder desarticular a las bandas. Los resultados recién vamos a evaluarlos cuando dispongamos de estadísticas.
Nosotros observamos muchos casos de crímenes en la frontera, pero también un aumento del flagelo del paco en los barrios y gran impotencia de la policía frente a las bandas...
El paco es altamente destructivo y, al mismo tiempo, con una producción de bajo costo, porque se hace con sobras, cortadas con elementos muy nocivos para el ser humano. Es tan grave que ya presentamos un proyecto de ley en el que la comercialización de este producto es considerada agravante, por su carácter destructivo
Con una secuela de enorme violencia social...
El narcotráfico es generador de violencia y se hace sentir en todos los otros delitos, a lo que se agrega el nivel de disolución que introduce en el seno de las familias.
¿El foco nacional está puesto en Rosario?
La narcocriminalidad en Rosario tiene rasgos específicos. No es más grave, sino diferente. Esta asociada, directamente, con las barras bravas y la violencia en el fútbol, que en Salta no se presentan. Acá la droga esta asociada al abandono de la frontera, que quedó a la buena de Dios, con destacamentos mínimos de Gendarmería. Creo que hay diferentes realidades en cada zona del país, con diversas manifestaciones.
Qué abordaje merecen los otros delitos que mencionó al comienzo.
El lavado de activos, y el secuestro extorsivo, que puede o no estar asociado al narcotráfico, son parte del crimen organizado. La trata es un problema enormemente complejo y de alto nivel de impacto para la sociedad. La desaparición de una persona para explotación sexual, por el drama humano que supone, es mucho más shockeante que la droga.
En Salta ha habido varios casos de narcopolicías ¿Es frecuente en todo el país?
Se da a todo nivel. El narcotráfico pretende corromper lo que esté a su alcance. Nosotros estamos dispuestos a que caiga quien deba caer. El oficial de policía tiene una responsabilidad muy especial y quien se desvía debe ser juzgado y condenado como cualquier delincuente. A nivel provincial, cada gobierno deberá actuar como le corresponda.
¿Considera que la policía responde o juega su propio juego?
La Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía Aeroportuaria colaboran, están absolutamente convencidas de que vamos por el camino correcto. Eso no impide que algunos miembros cometan delitos, pero, en ese caso, no nos tiembla el pulso para denunciarlos.
En todo el país hay una percepción enorme de inseguridad. En el conurbano bonaerense es especialmente sangrienta...
Una zona geográfica muy compleja para manejar. La Ciudad Autónoma, la provincia y el gobierno federal trabajan juntos los problemas de seguridad. La situación económica de algunos municipios y una situación geográfica y jurisdiccional muy particular favorece el desarrollo de determinados delitos.
La gente siente que el Estado es débil, pide mano dura y considera que el que se defiende va preso y que el delincuente sale libre
Plantear en términos de “mano dura” y “mano blanda” es un falso dilema.El gran desafío es que empecemos a vivir dentro de la ley. La Argentina tienen que volver a vivir en el marco absoluto del Estado de derecho. Es decir que a un delincuente al que se acusa por un delito se le brindan las garantías procesales para que tenga un proceso justo, pero el culpable debe cumplir la condena. Acelerar procesos y evitar que los condenados salgan antes de tiempo. Las condenas deben ser cumplidas en cárceles dignas, donde se intente recuperarlo, pero se deben cumplir completas. Poner en su verdadero eje la responsabilidad y volver las cosas a una razonabilidad que en este momento no se da.